Hace mucho tiempo, en una escuela no tan, tan lejana, quien humildemente les cuenta esta historia trabajaba alimentando exámenes de opción múltiple de Scantron a la máquina calificadora.
El aparato emitía un clic delator cada vez que marcaba una respuesta incorrecta. Al pasar por la máquina el examen de alguien que sobresalía en sus estudios, se oía un chasquido o dos. Pero, con el de cierta persona que hacía payasadas en clase, que Dios me ayude, esa máquina sonaba como si te ametrallaran con un AK-47 — la señal audible de una andanada ininterrumpida de disparates.
A veces, después de todos estos años, todavía oigo en mi cabeza esa ráfaga entrecortada, sin proponérmelo, cuando leo o escucho las palabras de ciertas figuras políticas.
Es sorprendente — y decepcionante— que la figura política más reciente en despertar esta nostalgia indeseada sea el alcalde Daniel Lurie.
En un comunicado de prensa conjunto con los sindicatos de la policía y del cuerpo de bomberos, emitido la semana pasada, Lurie arremetió contra la Propuesta I, una propuesta de vivienda asequible.
Hasta ahí, todo bien: no hay nada malo en que el alcalde se oponga a esta propuesta, que llegó a la boleta gracias a las firmas reunidas en gran parte por Democratic Socialists of America (DSA)
Sobre todo cuando su oficina, el sector sindical, la Junta de Supervisores, quienes desarrollan vivienda asequible y otras partes ya han creado la Propuesta C, su propia propuesta de vivienda asequible, fruto de extensas negociaciones y del consenso, para fortalecer el Housing Trust Fund.
Los grupos de vivienda asequible redactaron lo que sería la Propuesta I, pero la abandonaron como parte del gran acuerdo que dio lugar a la Propuesta C. Pero ese acuerdo evidentemente no abarcaba hasta el último vestigio de la izquierda de la ciudad: esa juventud entrometida de DSA la retomó y reunió firmas para llevarla a la boleta, y así llegamos a este punto. Es comprensible que haya cierta irritación.
El problema, sin embargo, no es la postura del alcalde, sino su manera de venderla. En concreto: Lurie describió la Propuesta I como un “fondo turbio sin rendición de cuentas”.
Pues qué raro: la entidad responsable de administrar los fondos recaudados por la Propuesta I sería nada menos que la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía (MOHCD por sus siglas en inglés.) Sí, la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía.
Ruido de ametralladora.
En el comunicado de prensa, Lurie también advirtió que, de aprobarse, la Propuesta I desviaría dinero del fondo general —dinero que, en cambio, podría destinarse a contratar y retener personal policial y del cuerpo de bomberos.
De nuevo, hasta ahí, todo bien, pero toda asignación de fondos con destino específico aprobada por el electorado —ya sea para bibliotecas, árboles, educación de la primera infancia o, de hecho, el fortalecimiento del Housing Trust Fund— reduce el tamaño del fondo general.
Pero Lurie mostró un descaro especial al lamentar la pérdida de esos fondos en particular. Porque, en febrero, también propuso eliminarlos.
En vez de sacarlos del fondo general para supuestamente financiar vivienda asequible, propuso simplemente eliminarlos por completo mediante una rebaja fiscal para quienes venden propiedades valoradas en $10 millones o más. Este es un grupo al que nos podemos referir, en breve, como las personas adineradas.
Ruido de ametralladora.
No hay nada de malo en que Lurie, o cualquier otra persona, se oponga a la Propuesta I. Pero sí es un problema grave —y una irresponsabilidad— que cualquier persona, y con mayor razón el alcalde, afirme que desde la oficina del alcalde se administra un “fondo turbio sin rendición de cuentas”.
La Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía tiene desde hace mucho tiempo fama de revisar sus desembolsos con un rigor obsesivo. Su dirección está actualmente a cargo de Dan Adams, una persona muy respetada que trabaja en el servicio público.
“Quien crea que el dinero controlado por MOHCD es un fondo turbio nunca ha intentado sacarle sangre a una piedra ni un dólar a MOHCD”, resumió una persona con muchos años de experiencia en el desarrollo de vivienda asequible. “El nivel de escrutinio, supervisión y cuestionamiento al que someten a quienes desarrollan vivienda antes de desembolsar cualquier fondo es épico”.
Añade otra persona: “Mantienen un control estricto, hacen bien su trabajo y cumplen las órdenes del alcalde”.
“Hay todo tipo de razones buenas o malas por las que podrías estar a favor o en contra de la Propuesta I”, señala el excontralor de la ciudad Ed Harrington, quien ocupó ese cargo durante muchos años. “Pero no es un fondo turbio”.
Los fondos turbios, continúa, requieren cierto grado de clandestinidad, como el que Mohammed Nuru, quien antes dirigía Obras Públicas, obtuvo de Recology, depositó en Parks Alliance y aprovechó para costear fiestas lujosas regadas con alcohol.
Una propuesta electoral sometida al voto de la ciudadanía, administrada por la oficina del alcalde —y sujeta a auditorías anuales obligatorias— no es exactamente lo mismo.
Cuando buena parte de la gestión del gobierno de San Francisco se lleva a cabo y se percibe de manera superficial, resulta profundamente lamentable que el alcalde le esté diciendo al electorado que desde su oficina se administra un fondo turbio.
Lurie tiene un pequeño ejército de personas hábiles en política que trabajan para él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pero esta no parece una buena manera de convencer al electorado de que dé dinero a las agencias de transporte en dificultades —ni, por cierto, de que apruebe otra propuesta de vivienda asequible (que busca hacer algunas de esas mismas cosas, es impulsada por algunas de esas mismas personas y también sería administrada por la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía).
El equipo de Lurie confía en que el alcalde es tan popular y el electorado está tan entusiasmado con el rumbo de la ciudad que cumplirá obedientemente sus deseos concretos en la próxima votación. Quienes diseñan la estrategia de Lurie han acertado antes, y probablemente volverán a acertar. En cualquier caso, sembrar el nihilismo entre el electorado mediante declaraciones ridículas solo aumenta la estupidez y el cinismo de la población en general.
¿Por qué está pasando esto? En una palabra: Dinero. En otra palabra: Control.
Explicar los antecedentes de la situación actual de San Francisco siempre recuerda un poco a la escena de “Henry V” en la que se expone la enrevesada y endeble pretensión del rey al trono francés. Es difícil, incluso tedioso, pero sepan esto: culmina de manera previsible en coacción sangrienta.
Una vez más a la brecha, queridas amistades: en 2020, el electorado aprobó la propuesta de Dean Preston, integrante de la Junta de Supervisores, que, por una coincidencia cósmica, también se llamaba Propuesta I. Duplicó el “impuesto de transferencia” que se cobra a quienes venden propiedades valoradas en $10 millones o más, con la intención de destinar los ingresos extraordinarios a vivienda asequible.
Pero, debido a la opinión jurídica predominante en ese momento, no era obligatorio destinar el dinero a vivienda asequible, y después la alcaldesa London Breed asignó los fondos como consideró conveniente.
En marzo de 2024, el electorado aprobó una propuesta destinada a facilitar la conversión de oficinas en viviendas, algo que resulta lógico en el despoblado centro de San Francisco. Sin embargo, esa propuesta incluía una cláusula que permitía a la Junta de Supervisores ajustar la tasa del impuesto de transferencia, en lugar del electorado.
Y eso es clave. La Propuesta I recaudó cientos de millones de dólares para San Francisco, pero los gremios sindicalizados de la construcción de la ciudad siempre la han detestado: la acusan de “congelar la cartera de proyectos” y de privar a su fuerza laboral de los empleos que habría tenido en grandes edificios una vez que estos hubieran cambiado de manos.
Este año, Lurie y Bilal Mahmood, integrante de la Junta de Supervisores, presentaron una propuesta para dejar sin efecto la propuesta de Preston de 2020 y rebajar la elevada tasa del impuesto de transferencia de la ciudad, un regalo para los intereses inmobiliarios adinerados, pero también una medida destinada a estimular las ventas de edificios y las reevaluaciones del valor de las propiedades para fines tributarios, y a impulsar las obras de construcción y el desarrollo inmobiliario.
Lurie y Mahmood archivaron su propuesta en junio: no tenían los votos en la Junta para aprobarla. Pero si en noviembre ganan las candidaturas que Lurie quiere para la Junta de Supervisores, podrían conseguirse esos votos y podría reducirse el impuesto de transferencia. Pero hay un detalle: no si gana la Propuesta I. La Propuesta I devolvería al electorado el control sobre la tasa del impuesto de transferencia.
Así que, en gran parte, de eso se trata todo esto. Lurie quiere tener la flexibilidad de reducir la tasa del impuesto de transferencia de la ciudad, la más alta del reino, sin acudir al electorado. Y quienes impulsaron la Propuesta I original de 2020 quieren que el electorado blinde esta elevada tasa impositiva — y que, esta vez, destine oficialmente los fondos a producir, preservar y proteger vivienda asequible.
Por esto todo el mundo está peleando al estilo kung-fu.
En vista de lo anterior, lo que la Propuesta I realmente haría parece quedar un poco en segundo plano. Pero eso también irrita al equipo del alcalde.
Durante el proceso de simplificación de la boleta del comité, la oficina del alcalde intentó sin éxito quitar el término “vivienda asequible” de la Propuesta I (tiene buena aceptación en las encuestas) y reemplazarlo por “vivienda alternativa” o “vivienda social” (la gente no sabe qué diablos significa eso).
Las personas aliadas al alcalde se quejan de que la Propuesta I no es realmente una propuesta de vivienda asequible y que, más bien, es un caballo de Troya para la vivienda social. Pero ahí hay un error semántico. La vivienda social —viviendas sin fines de lucro, propiedad del gobierno o de otra organización, permanentemente fuera del mercado especulativo y alquiladas o vendidas a personas de ingresos bajos o medios— es una forma de vivienda asequible.
Las personas que militan con fervor a favor de la vivienda en la ciudad, por cierto, no rechazan de entrada que se financie la vivienda social: “La vivienda social es genial”, dijo Laura Foote, quien ocupa la dirección ejecutiva de YIMBY Action.
“No me amenaces con pasarla bien”, añadió Jane Natoli, quien anteriormente dirigió la organización en Bay Area.
Pero la queja del alcalde de que la Propuesta I es difícil de manejar y sumamente restrictiva no carece de fundamento.
Alrededor del 30 por ciento de sus fondos —probablemente decenas de millones de dólares al año— debe destinarse obligatoriamente no solo a vivienda social, sino a vivienda social en la que “quienes residan allí tendrán derecho a participar de manera directa y significativa en la toma de decisiones sobre la operación y la gestión del proyecto”.
Este modelo, según advierten profesionales del sector de la vivienda, es extremadamente difícil de llevar a la práctica, especialmente mediante una iniciativa gubernamental impulsada desde arriba. Ha sido problemático en el pasado, ya que quienes alquilan y tienen bajos ingresos, como es de esperar, se resisten a votar contra sus propios intereses económicos para aumentar los alquileres y hacerse cargo del mantenimiento postergado y otras eventualidades; ni siquiera la gente rica quiere hacer eso.
La Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía se vería presionada para fomentar un tipo de vivienda que a menudo ha resultado inviable. Pero, dado que MOHCD no es un fondo turbio y que la oficina del alcalde controla unilateralmente los desembolsos — la Propuesta I, alabado sea el Señor, no exige un comité—, ¿qué podría ocurrir en su lugar?
Eso es difícil de prever, pero, si se aprueba la Propuesta I, una cantidad considerable de dinero podría acabar destinándose a que las personas de bajos ingresos permanezcan en sus hogares y a mejorar las deplorables condiciones de las cooperativas de la ciudad. Es difícil sostener que alguna de estas dos cosas sea mala de por sí, pero no son necesariamente producción de vivienda asequible.
Escribiremos más sobre esto a medida que se acerque noviembre. Hasta entonces, tenemos la certeza de que el discurso político será matizado, veraz y respetuoso.
Ruido de ametralladora.
