Una persona habla por un micrófono en una reunión comunitaria mientras otras personas están sentadas o de pie; algunas sostienen carteles amarillos de protesta que dicen “YES”.
Brad Chapin, organizador político que acusó a Manny Yekutiel de agresión sexual, habla ante el Partido Demócrata de San Francisco el 26 de agosto en el Asian Pacific American Community Center, en 66 Raymond Ave. Foto de Junyao Yang.

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Brad Chapin alega que Manny Yekutiel, quien aspira a representar al Distrito 8 en la Junta de Supervisores, lo agredió sexualmente hace seis años. Yekutiel lo niega.

Mission Local no publicó artículos sobre la acusación de Chapin contra Yekutiel, tal como procederíamos ante casi cualquier acusación basada en una sola fuente contra cualquier persona que aspire a un cargo. 

Pero cuando Chapin se presentó el miércoles ante quienes integran el Partido Demócrata de San Francisco durante una reunión para decidir los respaldos electorales y calificó de farsa el proceso que el partido utilizó para “investigar” su acusación, esa afirmación fue mucho menos controvertida. Ese proceso sí fue una farsa. 

Hemos hablado con media docena de integrantes del Partido Demócrata a través del espectro de ideología política local, y el sentimiento es general.

El Partido Demócrata de San Francisco creó en 2024 su propio “Código de Conducta y Políticas sobre Agresión y Acoso Sexual” a raíz de las perturbadoras acusaciones contra figuras demócratas de la política local —sobre todo contra Jon Jacobo, líder de Mission District, contra quien actualmente se sigue un proceso penal por cargos de violación.

Quienes integran el Partido Demócrata local se dieron tantas palmadas en la espalda por crear ese código de conducta que corrieron el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo: el sitio web del partido incluye más de una docena de artículos que documentan la campaña que el partido dice haber emprendido para hacer frente a quienes presuntamente cometieron fechorías en la política. 

Una carta de 2024 de Nancy Tung, quien preside el partido, señala inequívocamente a Jacobo y a Kevin Ortiz, quien anteriormente presidió el Latinx Democratic Club, como el motivo de esta medida.

El código de conducta se elaboró y se puso en vigor rápidamente, con bombos y platillos. Por fin, nos hicieron creer, se haría frente al flagelo de quienes acechaban en los círculos políticos de San Francisco y presuntamente cometían actos de depredación y acoso. 

Desde la America’s Cup, quienes ocupan cargos públicos en San Francisco no habían prometido tanto y cumplido tan poco. 

Un grupo de personas en un evento en un espacio cerrado sostiene carteles que dicen “COBREN IMPUESTOS A LAS PERSONAS MULTIMILLONARIAS”, “NO a la Propuesta G”, “SÍ a la Propuesta G” y “A FAVOR de la Propuesta C”, mientras otras personas asistentes escuchan sentadas. Al fondo hay cajas y suministros apilados.
Residentes de San Francisco se reunieron el 26 de agosto en el Asian Pacific American Community Center de Visitacion Valley para presentar comentarios públicos sobre temas como el respaldo electoral en el Distrito 8, la Propuesta G y la Propuesta 40, mientras el Partido Demócrata de San Francisco votaba sobre sus respaldos electorales. Foto de Junyao Yang.

Resulta que el tan elogiado código de conducta del Partido Demócrata tiene un ámbito de aplicación limitado. No solo no se aplicaba a lo que haya ocurrido o no entre Chapin y Yekutiel, sino que ni siquiera habría sido aplicable a Jacobo — quien, insistimos, enfrenta cargos de violación presentados por quien ocupa el cargo de Fiscal de Distrito y un proceso penal en curso.

“Si Jon buscara un respaldo electoral y yo acudiera al Partido Demócrata y denunciara lo que me pasó, dirían que eso también estaba fuera de su jurisdicción”, dijo Sasha Perigo, una de las personas que acusan a Jacobo.

Contra Ortiz, por su parte, nunca se inició un proceso penal, ni se corroboró oficialmente ninguna de las acusaciones de presuntos comportamientos no deseados. En cualquier caso, estas tampoco habrían estado contempladas en la nueva norma del Partido Demócrata. 

Esto se debe a que el código de conducta del Partido Demócrata local que regula las conductas sexuales indebidas solo abarca lo que ocurre en reuniones oficiales del partido o de clubes demócratas autorizados, o en eventos oficiales relacionados.

Afortunadamente, en la mayoría de las reuniones no se da este tipo de comportamientos. Tampoco en la mayoría de los eventos oficiales, aunque el código parecería aplicarse a alguien que se comportara mal, por ejemplo, en una reunión de un club para celebrar las fiestas o en un simposio. 

Sin duda, el código de conducta no se aplica a la acusación de Chapin de que fue agredido en la casa particular de alguien, años antes de que Yekutiel aspirara a un cargo público.

La tan publicitada política no abarca a quienes trabajan en City Hall, en campañas, en organizaciones sin fines de lucro o prácticamente en cualquier lugar que no esté en la órbita del Partido Demócrata local y sus clubes autorizados. 

Y, como señala Perigo, no es así como suelen darse las agresiones y el acoso sexual. Aunque las personas se conozcan en clubes o eventos oficiales, el alcance del Partido Demócrata no se extiende al tiempo que pasan en bares, en taxis, en casas —o en cualquier lugar que no esté vinculado de alguna manera a una reunión o un evento oficial. 

Siete personas se sientan a una mesa larga con computadoras portátiles y papeles frente a una pancarta de “SF Dems”, participando en una reunión en un salón con cortinas moradas y paredes azules.
Integrantes del Partido Demócrata de San Francisco respaldaron el 26 de agosto a Manny Yekutiel en la contienda por el escaño del Distrito 8 en la Junta de Supervisores. Foto de Junyao Yang

Queda claro, entonces, que si se desobedecen Robert’s Rules of Order y agreden sexualmente a alguien a la vista de múltiples testigos en una reunión de un club demócrata o en un evento oficial, el código de conducta no les deja escapatoria. No pasen por la casilla de salida, no cobren $200.

En casos menos claros, sirve de poco. Eso ya es un problema. Pero los problemas no se limitaron a la concepción y formulación del código de conducta: también los hubo en la forma de aplicarlo. 

En concreto, cuando Chapin presentó por primera vez una denuncia ante el Partido Demócrata a principios de 2026, no pasó nada. Durante meses.

En este punto, tenemos que explicar brevemente cómo funciona esto, o al menos cómo se supone que debe funcionar. El proceso de investigación de las acusaciones de conductas sexuales indebidas se ha separado deliberadamente del propio Partido Demócrata y está a cargo de personas voluntarias.

El Partido Demócrata parece creer que, si tuvieran la oportunidad, sus integrantes no podrían evitar interferir en un asunto tan delicado —por lo que debe organizar el sistema de modo que las personas responsables de supervisar las denuncias de agresión sexual trabajen al margen del partido. 

Puede que eso sea cierto. Pero también genera opacidad. Incluso integrantes del propio Committee on Sexual Assault and Harassment del Partido Demócrata dicen no saber quién llevó a cabo realmente la investigación de las acusaciones de Chapin.

En caso de haber problemas —como no contactar durante meses a una persona que presenta una denuncia—, no hay forma de exigir rendición de cuentas. Y tenemos problemas. 

La silueta de un burro en azul y rojo con cuatro estrellas blancas, que representa el símbolo del Partido Demócrata en Estados Unidos, el cual históricamente ha defendido la igualdad sexual y los derechos civiles.

Así es como debería funcionar el proceso, según el código de conducta. 

Cuando se presenta una denuncia ante el Partido Demócrata, la recibe primero una persona que ejerce la defensoría de manera voluntaria/pro bono. Esta persona determina si la denuncia entra en el ámbito (muy limitado) del código de conducta. Si es así, se inicia una investigación. Por último, el informe de quien llevó a cabo la investigación se presenta al comité judicial, que trabaja de manera voluntaria/pro bono y forma un panel de resolución de tres integrantes. 

Sabemos que la presidenta del comité judicial es una mujer llamada Gina M. Roccanova porque firmó el resumen de una página distribuido entre integrantes del Partido Demócrata el 26 de agosto, apenas unas horas antes de la votación sobre el respaldo electoral en el Distrito 8.

Pero nadie parece saber quién ejerció la defensoría; insistimos, ni siquiera integrantes del propio Committee on Sexual Assault and Harassment del Partido Demócrata. Y cuando preguntaron, según nos cuentan, se les dijo que no les correspondía saberlo. 

Los mensajes que enviamos con esa pregunta a Nancy Tung, quien preside el partido, y a Bobak Esfandiari, a cargo de la dirección ejecutiva, no recibieron respuesta. 

Esto importa por lo siguiente: recuerden que el trabajo de quien ejerce la defensoría es determinar si una denuncia entra en el ámbito del código de conducta. Como la denuncia de Chapin queda tan claramente fuera del limitado alcance del código, esto debería haberse determinado rápidamente —en cuestión de días, quizá horas. Pero eso no ocurrió. 

El Partido Demócrata otorgó sus respaldos electorales para la Junta de Supervisores a mediados de julio. Pero no en el Distrito 8, debido a la denuncia pendiente. En cambio, a mediados de julio, alguien que ejerce la abogacía en el bufete Gibson Dunn se puso en contacto con Chapin para entrevistarlo sobre sus acusaciones.

Y la carta de Roccanova del 26 de agosto menciona que “un Panel de Resolución se reunió el 25 de agosto de 2026 para revisar las conclusiones de hecho de quien llevó a cabo la investigación y determinar si se produjo una violación del código de conducta”.

No sabemos quién ejerció la defensoría, y desde luego no sabemos qué demonios pensaba al iniciar un proceso de cinco semanas para determinar lo que debería haber sido evidente en unos instantes: esta denuncia no entra en el ámbito del código de conducta, porque el código no abarca casi nada. 

En cambio, el panel no llegó a esa conclusión hasta un día antes de la votación aplazada sobre el respaldo electoral. Su escueto escrito señaló que, dado que el código no era aplicable, “la acusación no puede corroborarse”. Pero también: “Esta no es una determinación de fondo sobre si ocurrió una agresión sexual”. 

Este memorando no era ni incriminatorio ni exculpatorio. No aportaba nada: después de todo ese tiempo, quienes tenían derecho a voto en el Partido Demócrata no recibieron absolutamente ninguna información nueva o útil. 

No se entiende por qué se permitió esta demora ni qué demonios se estuvo haciendo durante todas esas semanas. El día de una votación, integrantes del partido local recibieron una carta de media página en la que se anunciaba que una investigación había determinado únicamente que no hacía falta una investigación, y luego sustentaron ese voto en el resultado de “la investigación”. 

Esto es algo que cabría esperar ver en “Death of Stalin”, no en un centro comunitario de Viz Valley. 

Chapin estaba atónito el miércoles. “Fui a ver a sus representantes legales”, le dijo al partido. “Le pregunté explícitamente si estaba perdiendo el tiempo con esto, porque nada de esto ocurrió en un evento del Partido Demócrata. Y ustedes lo sabían”. 

El Partido Demócrata finalmente dio su respaldo electoral a Manny Yekutiel. Y esa es su prerrogativa. 

Habría sido fantasioso suponer que cualquier investigación del Partido Demócrata habría llegado realmente al fondo de una acusación de hace seis años, sin testigos independientes, que la policía no pudo resolver usando un micrófono oculto. ¿Iba el Partido Demócrata a poner en marcha la Mystery Machine y salir a buscar pistas? Todo el mundo debería haber tenido eso claro. 

Pero el proceso que emprendió el partido fue indefendible —y no solo inútil, sino peor que inútil.

Crean o no en las afirmaciones de Brad Chapin, era evidente que sufría intensamente en público durante la reunión del miércoles. El Partido Demócrata le envió un mensaje claro a él y a cualquier persona que pensara en acudir a presentar una denuncia. Y no es, en absoluto, el mensaje que proclamó triunfalmente hace apenas dos años.

“Es imprudente diseñar tan mal un sistema, porque las pruebas se usarán para invalidar a las personas sobrevivientes”, dice Perigo. “Creo que el Partido Demócrata debería haber sido honesto sobre su capacidad para establecer los hechos en una situación en la que, muy probablemente, no había hechos que establecer. Sobre todo después de que la policía ya había investigado”. 

“En el mejor de los casos, fue una pérdida de tiempo para la persona sobreviviente”, continuó. “Y, en el peor, hace más daño que no hacer nada en absoluto”.  

Joe is a columnist and the managing editor of Mission Local. He was born in San Francisco, raised in the Bay Area, and attended U.C. Berkeley. He never left.

“Your humble narrator” was a writer and columnist for SF Weekly from 2007 to 2015, and a senior editor at San Francisco Magazine from 2015 to 2017. You may also have read his work in the Guardian (U.S. and U.K.); San Francisco Public Press; San Francisco Chronicle; San Francisco Examiner; Dallas Morning News; and elsewhere.

He resides in the Excelsior with his wife and three (!) kids, 4.3 miles from his birthplace and 5,474 from hers.

The Northern California branch of the Society of Professional Journalists named Eskenazi the 2019 Journalist of the Year.

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