En tres ocasiones en los últimos 18 años, Edwin Ortiz, de 48 años de edad, ha sobrevivido a la amenaza de desalojo de su estudio con renta controlada en el 739 de la calle Valencia.
Una vez más, espera quedarse aunque el propietario, Jack Knowles, lo amenace con desalojarlo a él y a otros dos inquilinos por medio de la Ley Ellis, una ley estatal que le permite a los caseros quitar del mercado a las unidades en renta. Para hacerlo, se debe pagar los costos de reubicación de un inquilino y mantener las unidades vacantes por cinco años.
Ortiz precisó haber recibido una carta de Daniel Bornstein en octubre, un abogado de Knowles, quien le informó que el casero presentaría un desalojo por medio de la Ley Ellis. Hasta ahora, Knowles no ha hecho ninguna petición oficial ante la ciudad.
“Tengo que decidir qué es lo mejor para el edificio”, dijo Knowles en una entrevista telefónica en la que se negó a explicar exactamente a qué se refería. Uno quiere que las cosas funcionen. Estoy tratando de hacer lo mejor en una circunstancia difícil”.
Al indagar, precisó que “no se ha descartado nada. Tengo el derecho de hacerlo [la Ley Ellis]”.
Aunque los desalojos de la Ley Ellis han disminuido seriamente desde el boom del punto com de finales de los ‘90, las circunstancias entorno al desalojo propuesto son un doloroso recordatorio para Ortiz y otros inquilinos de los años en que miles de inquilinos fueron desplazados en toda la ciudad.
En el punto más alto del año fiscal que termina en 2000, se presentaron 208 peticiones para eliminar 879 unidades del mercado.
En la actualidad, los desalojos por medio de la Ley Ellis están en un punto bajo a nivel municipal aunque han estado aumentando en la Misión, ya que se registró en el barrio la cifra más alta de peticiones durante el pasado año fiscal, que termina en 2011. En ese periodo se presentaron siete peticiones para que se quitaran 28 unidades del mercado.
“En nuestra oficina bromeamos que son los únicos inquilinos de clase trabajadora que quedan en el área”, dijo María Zamudio, miembro del personal de Causa Justa que maneja el caso de Ortiz.
Gran parte del declive en la población de clase obrera de la Misión se llevó acabo en la década después del boom de 1998. La cifra de viviendas en el Distrito de la Misión que ganan menos de $22,000 dólares bajó cuatro puntos, de 13% en 2000 a 9% en 2010, según el Censo de 2010.
El legado del primer boom fue evidente en un reciente sábado cuando los inquilinos marcharon para protestar los desalojos y terminaron enfrente del edificio de Knowles, en donde Tacolicious —uno de los muchos nuevos restaurantes en la Misión—prospera gracias al flujo de jóvenes profesionistas.
El restaurante y no Knowles se convirtió en el foco del enojo de los inquilinos, y cuando un chef frustrado salió a defender el restaurante, pocos lo escucharon.
Joe Hargraves, el dueño de Tacolicious, dijo en una entrevista que ha tratado de ser un buen vecino al comprar y contratar de manera local. Según Ortiz, sí lo ha sido.
Hargraves dijo que Knowles siempre ha sido atento con él y que parece actuar de buena fe.
“No creo que sea el tipo malo que todo mundo dice que es”, dijo. “Entiendo completamente a los manifestantes, pero hay otras formas de manejarlo”.
Es seguro que habrá más negociaciones entre Knowles y los inquilinos.
Muchos inquilinos que han vivido en la ciudad desde hace mucho tiempo no pueden costear pagar el precio del mercado, pero los caseros que hace poco compraron propiedades están en busca de una ganancia redituable.
En 2009, después de que New College cerró, Knowles pagó $3.7 millones de dólares por el edificio y dos propiedades adyacentes. Knowles rentó el primer piso a Tacolicious, pero no está claro qué planea hacer con el resto del edificio.
Ortiz y su compañero de piso pagan un poco menos de $500 por un estudio de una recámara. Les ofrecieron $11,000 dólares a cada uno para que se fueran, según Ortiz. Knowles precisó que les ha ofrecido mucho más, pero se negó a decir cuánto más.
Cualquiera que sea la oferta, no es seguro que los inquilinos como Ortiz se puedan mudar a otro lado en la ciudad en una época en el que el índice de habitación libre es de 3.7 por ciento y la renta promedio es de $2,572.
Ortiz y su compañero de piso son discapacitados, aunque se negaron a hablar de sus respectivas discapacidades. Según la Ley Ellis, los inquilinos de la tercera edad y discapacitados deben recibir un aviso de un año antes de desocupar.
Ortiz no quiere irse de San Francisco, una ciudad que le da la bienvenida a personas gay; además, es un lugar en donde tiene una red de apoyo de familia y doctores. Si Knowles presenta un desalojo por medio de la Ley Ellis, Ortiz dijo que la impugnará.
“Como buenos latinos, siempre nos quedamos quietos”, dijo al referirse a los inquilinos de la Misión que fueron desplazados antes de él. “A mí no me lo van a hacer”.
New College, el casero anterior del edificio, intentó dos veces desalojar a Ortiz, una vez en 2000 cuando la escuela —ahora desaparecida— compró la propiedad. Ese intento nunca llegó más allá de una carta. En octubre de 2004, la universidad presentó un desalojo por medio de la Ley Ellis, sólo para retractar su petición en enero de 2005.
En dicho caso, New College se retractó porque, según el formulario, “uno de los inquilinos padece de SIDA y otro inquilino es VIH positivo, y para mudarse tienen que estar saludables. El espacio adicional alternativo se puso a disposición de uso de los propietarios para que el propietario no tuviera que eliminar las unidades residenciales del uso de vivienda”.
En 2009, Dewolf Realty, la compañía que manejó la propiedad después de que New College no hubiera seguido con su préstamo, le escribió a Ortiz que quitaría las unidades del mercado arrendatario, pero eso no sucedió. En lugar de eso, el banco le vendió la propiedad a Knowles en “condición presente”.
Los inquilinos no culpan a Knowles por el estado del edificio cuando lo compró, pero sí lo hacen responsable por condiciones en las que se encuentra después de que lo adquirió.
Un incidente reciente complicó más el asunto para Knowles. Marín Vargas, uno de los inquilinos lo demandó en julio de 2011 por un incidente que sucedió el 29 de septiembre de 2009. Ese día, Vargas estaba subiendo la escalera de incendios cuando “se desprendió de la otra sección de la escalera lo que hizo que él y la escalera se cayeran y sufriera de lesiones graves”, precisaba la demanda.
Asimismo, la demanda afirma que el casero “no hizo inspecciones habituales a la escalera de incendios en el edificio para asegurarse de que eran seguras de usarse y que estuvieran en buenas condiciones”.
El abogado de Vargas no regresó inmediatamente las llamadas que pedían un comentario de su parte.
Ortiz también presentó denuncias, la más reciente fue el 9 de diciembre de 2011. En la denuncia, se queja de que la salida en caso de incendio así como la escalera no tenían acceso, que la caja de luz, el paso de gas y las cajas de cable sólo tienen acceso desde el espacio comercial.
Ortiz precisó que Tacolicious ha sido un buen vecino, pero que el mal trazo urbanístico hace que dichas áreas no tengan acceso cuando el restaurante cierra.
Knowles dijo que ha trabajado duro para arreglar las infracciones, pero que el acceso al edificio ha sido un problema. Los dos avisos por infracción muestran que el inspector no pudo entrar al edificio en varias ocasiones.
Hasta hoy día, ninguna de las partes se dirige la palabra.