Los posibles recortes al sistema de transporte público de San Francisco serían mucho más perjudiciales para la economía de la ciudad que los efectos de un impuesto predial propuesto para financiarlo, según un nuevo análisis de la Contraloría publicado el miércoles.
El informe analizó la Propuesta H, que figura en la boleta electoral del 3 de noviembre e impondría un impuesto predial para recaudar fondos para Muni. Si se aprueba, la ciudad también sumaría entre 800 y 1,445 empleos adicionales a lo largo de 15 años y aumentaría su PIB entre $310 y $400 millones; pero el informe advirtió que no hacerlo daría lugar a “un sistema de transporte considerablemente peor”.
El informe señala: “Aunque el impuesto predial conlleva un costo económico, este análisis concluye que claramente sería menor que el de estos importantes recortes al servicio de Muni”.
En el gobierno municipal hay apoyo unánime a la Propuesta H, que recibe cuantiosos fondos de las empresas del centro de la ciudad. La medida se ha convertido en una prioridad para Daniel Lurie, quien ocupa la alcaldía y centró su campaña en revertir el declive del centro de San Francisco.
Sin la inyección de fondos de la Propuesta H, Muni enfrentaría fuertes recortes de servicio, que podrían incluir reducir hasta en un 50 por ciento la frecuencia de ciertas rutas, suspender líneas menos utilizadas y recortar el servicio nocturno. Eso sería devastador para la recuperación del centro, que depende de un transporte público frecuente para quienes trabajan, hacen compras y se desplazan por la ciudad.
La Agencia Municipal de Transporte (SFMTA) enfrenta un gran déficit, y la Propuesta H generaría unos $184 millones en ingresos anuales, según la Contraloría y la SFMTA.
Propietarios de viviendas aportarían el 25 por ciento de los ingresos del impuesto, mientras que el 75 por ciento provendría de los propietarios de inmuebles comerciales. El impuesto predial permanecería vigente durante 15 años.
Por otra parte, también figura en la boleta otra propuesta tributaria: un impuesto regional sobre las ventas que recaudaría fondos para los sistemas de transporte público de toda el Área de la Bahía, incluidos Muni, BART y Caltrain. Esa propuesta no se incluyó en el análisis de la Contraloría.
Los pronósticos para Muni sin el impuesto predial son sombríos: si la agencia de transporte aplica recortes, se estima que los viajes “no enlazados” en Muni disminuirían un 18 por ciento (son aquellos en los que no se hace transbordo a BART ni a otros medios de transporte) y que habría más de 15,000 horas de retrasos en los trayectos de la población de San Francisco por cada día hábil. La proporción de todos los viajes correspondiente al transporte público también bajaría un 1.5 por ciento.
La SFMTA ha recurrido a varias soluciones de corto plazo para tapar temporalmente su déficit creciente. Tanto la Propuesta H como el impuesto regional brindarían un alivio financiero de largo plazo y permitirían a la agencia mantener el servicio completo.
El informe detalla las diversas formas en que una red de transporte público reducida afectaría la economía local. Un sistema con más retrasos y menos conexiones reduciría la cantidad de personas que pueden trabajar en San Francisco, alargaría los tiempos de traslado y disminuiría la productividad laboral.
El informe reconoce que los valores inmobiliarios disminuirán tanto si la propuesta se aprueba como si fracasa. En el caso de las propiedades residenciales, la caída sería más pronunciada si fracasa: El impuesto reduciría sus valores un 0.2 por ciento, según las estimaciones del informe, pero los recortes al transporte público los reducirían entre un 0.6 y un 0.9 por ciento.
En las propiedades no residenciales ocurre lo contrario: el impuesto reduciría sus valores un promedio de 1.9 por ciento, pero los recortes al transporte público los disminuirían alrededor de un 1.1 por ciento.
El informe señala: “Este análisis indica que los posibles recortes de servicio serían mucho peores para la economía local que el impuesto predial”. “Estos harían que a las empresas les resultara más costoso crear empleos en la ciudad, reducirían la productividad de quienes trabajan y restarían tiempo libre a la población, lo que perjudicaría su calidad de vida”.
