Traducción por: Neus Valencia
Desde el lunes, en San Francisco se dio alojamiento a 621 personas en habitaciones de hoteles previstas para aislamiento. Al parecer, esta es la magnitud de personas vulnerables y probablemente sin hogar que han sido colocadas voluntariamente en habitaciones antes contraer COVID-19 o en espera de diagnóstico.
Eso parecería mucha gente, pero no en el contexto de la crisis en la que estamos, y no en el contexto de las semanas tan agitadas que han pasado para sacar a la gente de las calles y meterla en los hoteles – antes de que se enfermen, y que se enfermen todos los demás.
Aún más, podríamos apostar que la mayoría de estas 621* personas no son de las calles, sino que fueron seleccionadas del sistema de albergues. Si anteriormente eras una persona en situación de calle, seguramente lo sigues siendo, ahora en medio de una pandemia y con los albergues cerrados para recibir nuevos residentes desde finales de marzo.
El 14 de abril, la Junta de Supervisores aprobó, en una votación de 11-0, la legislación de emergencia que ordena que para el 26 de abril el gobierno de la ciudad obtenga 8.250 habitaciones de hotel, y destine 7,.00 a personas en situación de calle.
Para el 27 de abril, el gobierno de la ciudad había obtenido 2.741 habitaciones de hotel. De estas habitaciones, 1.130 estaban vacías.
La alcaldesa London Breed ha mostrado poco interés en tener la iniciativa de colocar a las personas vulnerables y/o sin hogar en habitaciones de hotel antes de que se enfermen y propaguen la enfermedad. Ese nunca fue su plan, a pesar de lo que era lo que querían los 11 supervisores, y, en su defensa, ha sido muy sincera al respecto.
Y… está bien. Otra cosa es si sea moralmente correcto o si sea una expresión competente del funcionamiento del gobierno. ¿Pero legalmente? Está bien.
Parece sorprender a algunos miembros de nuestra Junta, pero la alcaldesa no está obligada a implementar esta ley, independientemente de si los 11 supervisores votaron a favor.
En Mission Local, hemos señalado esto todo el tiempo. El término “mayoría a prueba de veto” era irrelevante en este caso porque la alcaldesa de San Francisco no está obligada a gastar el dinero que sustenta esta legislación – y no sólo esta legislación – sin importar cuántos legisladores votaron a favor.
Este ha sido el problema durante mucho tiempo. Willie Brown lo hizo cuando era alcalde; Gavin Newsom también lo hizo.
Nuestros supervisores están molestos, y no es difícil entender por qué. No obstante, a pesar de los sentimientos que cualquiera pueda tener sobre dejar a personas en las calles en tiempos de plaga – solo porque alojarlos sería difícil – no hemos llegado a ningún tipo de crisis constitucional aquí.
No es inaudito que los departamentos no promulguen las ordenanzas municipales por razones presupuestarias o logísticas.
Así que, aquí es donde estamos. La Junta quiere algo, la alcaldesa no, y en San Francisco tenemos una “alcaldía fuerte”. De vez en cuando, incluso otros miembros de nuestro gobierno aparentemente necesitan que se les recuerde cuán fuerte es la autonomía del gobierno de la ciudad que faculta a nuestra alcaldesa.
Hay jóvenes graduados de escuelas públicas que van a trabajar en sus zapatos Allbirds y tienen más influencia sobre el presupuesto de la ciudad que cualquier supervisor elegido. Trabajan para la alcaldesa Breed. Al igual que los jefes de departamento de nuestra ciudad.
“Cuando controlas el presupuesto, en última instancia, controlas los resultados de la política”, dice un antiguo miembro del Ayuntamiento. “Las dos cosas están entrelazadas”.

Los trabajadores de la ciudad me comentan que podrían (énfasis en “podrían”) empezar a trasladar a los hoteles a unas 3.000 personas sin vivienda, quizás a 300 por semana. Hay planes en el aire para establecer campamentos con tiendas de campaña distanciadas – tanto sancionados como no sancionados.
Si se hace la suma de todo, es posible que 3.500 o más personas podrían, eventualmente, ser alojadas de esta manera. No obstante, eso todavía deja a mucha gente en la calle, y a mucha gente esperando la promesa de una vivienda inexistente. Y el gobierno de esta ciudad ha definitivamente demostrado que no se puede albergar a la gente con las promesas de los funcionarios.
Mientras tanto, con los refugios cerrados, oleadas de personas en la ciudad han quedado en condiciones marginales. Tarde o temprano, una ciudad que pretende frenar la propagación de COVID-19 tendrá que hacer frente a esto, en particular en el Tenderloin, donde las tiendas de campaña han sido colocadas unas junto a otras en la banqueta, y donde la venta de drogas sigue siendo evidente.
Sin embargo, no son descabelladas las razones que ha dado Breed para no alojar en hoteles a las personas vulnerables en situación de calle. Sería caro, y esta ciudad está a punto de afrontar una temporada con el menor presupuesto desde la administración Hoover; hay problemas de seguridad en los hoteles en los que el personal no puede estar pendiente de lo que se hace en los rincones remotos de los pisos superiores (sin mencionar de si se mantiene una sana distancia); y es posible que los trabajadores de bibliotecas o del Muni que serían reasignados para trabajar en los hoteles no estén tan dispuestos a trabajar con personas enfermas que están en situación de calle, quizás simplemente soliciten licencia para no hacerlo.
Estos no son obstáculos insignificantes. Ciertamente son suficientes para evitar la oportuna promulgación de la legislación que la alcaldesa no deseaba promulgar.
Por último, algo que no han dicho ni la alcaldesa ni los defensores de las personas desamparadas es que trasladar a miles de personas al interior de hoteles probablemente significará, en los días y semanas posteriores a la pandemia, tener que sacarlas, y tal vez a la fuerza.
Y nadie quiere ver eso.

La orden de resguardo en casa emitida el 17 de marzo por siete funcionarios de salud en seis condados ha evitado que el Área de la Bahía caiga en condiciones caóticas como en la Costa Este o incluso dentro de este estado en Los Ángeles.
Deberíamos estar agradecidos de que lo hayan hecho. Deberíamos estar agradecidos de que alcaldes de la zona de la bahía, como Breed, hayan apoyado esa orden y presionado para implementarla.
Pero ni la orden de los funcionarios de salud ni los pasos subsecuentes en esta y otras ciudades del área de la bahía han tomado en cuenta las necesidades de nuestra comunidad menos afortunada. Es difícil resguardarse cuando no tienes un lugar ni donde resguardarte.
Con su legislación ignorada, la Junta puede encontrar maneras de trabajar con una alcaldesa que puede o no tener interés en hacerlo, o participar en una guerra legislativa para hacer valer sus deseos. Esto puede no funcionar del todo bien en una pandemia – políticamente o de cualquier manera.
Y, mientras tanto, la gente sigue en la calle, sufriendo. Los trabajadores de primera línea de la ciudad que están encargados de ayudarles se sienten como si estuvieran atrapados en un fuego cruzado.
“Lo que esto ha evidenciado”, dice uno, “es que no estamos unidos como organismos político para afrontar los problemas que tenemos”. Para trabajadores como éste, “hay una sensación de parálisis. Nadie quiere pisar una mina. Desearía que todos hicieran una llamada de Zoom y arreglaran las cosas”.
*El informe de actualización diaria del 27 de abril de Hotel y Sitios de Congregación lista 880 personas de “poblaciones vulnerables”. De estos, 259 están en salas de cuarentena, lo que indica un diagnóstico positivo de COVID-19, o la espera del resultado de una prueba. Los 621 restantes están aislados.

