Traducción por: Neus Valencia
En un vecindario que rápidamente cerró sus negocios y parecía abandonado para finales de marzo, resultaba difícil no preguntarse qué pasaría con la gran población de inmigrantes en el Distrito de la Misión. Niñeras, albañiles y pequeños empresarios que estaban desempleados o que se aventuraban a ir a trabajar a los supermercados, a las obras de construcción o a los trabajos informales, al mismo tiempo que rezaban para no traer el virus a sus hogares.
Las instituciones de servicios sociales del Distrito de la Misión entraron en acción, llamaron a sus clientes para que ver cómo estaban, pero tuvieron que cerrar sus locales físicos. Una mañana, vi a una pareja tocando la puerta en una de las instituciones. Le expliqué que los trabajadores sociales estaban atendiendo llamadas desde casa, por lo que debían llamar al número que estaba en la puerta principal. “Pero es que queremos ver a alguien”, dijo uno de ellos. Le expliqué de nuevo por qué eso era imposible. Cuando me fui, todavía estaban afuera, mirando a ver si había alguien adentro y esperando.
No dejé de pensar en esa imagen. Me pregunté qué pasaría con tanta gente necesitada. Y un día, caminando por la calle 20, seguí una fila donde había migrantes formados con carritos de compra que llegaban hasta un camión en la calle Alabama. Estaban sacando cajas de comida para repartirlas a la gente formada. Les pregunté quién estaba a cargo, el Grupo de Trabajo Latino. En las semanas siguientes, me topé con ese nombre en todas partes — no en los constantes comunicados de prensa, pues no tenían tiempo para eso — sino en las calles; trabajando.
Seguí viendo a sus trabajadores en el Food Hub, el centro de alimentos de la calle Alabama, donde cada semana la fila se hacía más larga. A mediados de abril, me encontré a sus voluntarios cuando iban de puerta en puerta para hablar con los residentes de la Misión sobre la participación en un estudio de pruebas de COVID en colaboración con la UCSF. Posteriormente, los conocí en los sitios donde se realizan pruebas. A mediados de junio, había una puerta abierta en el número 701 de la calle Alabama que llevaba a una gran sala con ventilación donde había especialistas en materia de vivienda, medicina y otros recursos que se reunían con los clientes cara a cara para ayudarles a llenar solicitudes para solicitar subsidio por desempleo, vivienda, cupones de alimentos y otros beneficios. Y para la segunda semana de julio, el Grupo de Trabajo Latino convenció al gobierno de la ciudad para implementar un sitio de pruebas móvil en el centro de recursos Resource Hub – un sitio de pruebas que abrió el jueves para realizar pruebas a alrededor de 200 personas que esperaban.
Resultó que no se abandonó a la comunidad latina de la ciudad. Al contrario, en una época donde la gentrificación parecía haber reducido el poder de los activistas latinos, el Grupo de Trabajo Latino está demostrando cómo años de capacitación, valores bien arraigados y liderazgo inteligente pueden lograr tener una fuerza que ha sido más evidente que la de cualquier institución de la ciudad. Son producto de la pandemia, pero las personas que dirigen el grupo de trabajo han sido activistas desde la década de 1970. Ahora está claro que lo que los preparó para este preciso momento en la historia fue toda su experiencia de vida, desde que eran aficionados de los low-riders y de las motos de cross, luego padres de las familias que fueron criadas en la Misión hasta su particular activismo político. Y se han dado cuenta de que están a la altura, hasta un punto que los ha sorprendido incluso a ellos mismos.
“Es difícil explicar cómo todo esto ha sucedido tan rápidamente”, dijo Valerie Tulier-Laiwa, quien ahora trabaja en la Comisión de Servicios Públicos, y es una de las seis integrantes — un hombre y cinco mujeres — del comité ejecutivo del grupo de trabajo. “Hay una forma de hacer las cosas en la Misión”, comenta y hace una pausa, tratando de explicar lo que ello significa antes de que pueda concluir: “Logramos que se hagan las cosas y punto”.
Tulier-Laiwa y sus colegas saben acerca de la manera en la que se hacen las cosas en la Misión. Durante las últimas cuatro décadas o más, la mayoría ha estado presente en todos los lugares indicados en el mapa: en la Universidad Estatal de San Francisco, en los programas de murales en la Misión que hubo para jóvenes en los años 80, en RAP (una escuela secundaria alternativa de la época de los 90), en Loco Bloco, el Carnaval, el programa Beacon After School, Mission Girls y Mission Peace Collaborative. Si bien algunos de esos esfuerzos ya pertenecen a la historia, el tiempo invertido en cada uno formó valores y lazos de amistades que aún perduran. Esta generación ha perpetuado su legado siendo mentores de una generación más joven, algunos de los cuales se han unido al grupo de trabajo actual. Y es más, muchos de estos antiguos activistas Latinx ahora ocupan puestos en el gobierno. Ya no están afuera mirando hacia adentro, sino haciendo la diferencia desde adentro.
Un correo electrónico que se convirtió en un grupo para mensajes y finalmente surgió el Grupo de Trabajo Latino
Es difícil señalar exactamente cómo surgió el Grupo de Trabajo Latino, al parecer en marzo, pero varios miembros dicen que comenzó con un correo electrónico que Verónica García, analista de políticas de la Comisión de Derechos Humanos, envió a Tulier-Laiwa, su antigua mentora. García, de 35 años, estaba viviendo la crisis de primera mano cuando su padre, que era lavaplatos, fue despedido. Ese correo electrónico se transformó rápidamente en una cadena de mensajes de texto y conversación con otros: Roberto Hernández, conocido extraoficialmente como el Alcalde de la Misión, que generalmente trabaja en el Carnaval en esta época del año; Tracy Gallardo, quien es ahora auxiliar legislativa del Supervisor del Distrito 10, Shamann Walton; y Gloria Romero, quien ahora trabaja en el Instituto Familiar de la Raza.
Salvo por García, todos ellos eran adultos mayores con años de experiencia en organizaciones comunitarias y en el gobierno de la ciudad. Cuando buscaban ser escuchados en asuntos relacionados con la educación, se pusieron en contacto con Gabriela López, vicepresidenta de la junta escolar — y, a los 30 años, tiene menos de la mitad de la edad de algunos de los miembros fundadores del grupo. López nunca había trabajado en una organización comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés), una experiencia que Tulier-Laiwa y Gallardo consideran fundamental. No obstante, Gallardo había trabajado en la campaña de López para el consejo escolar y tenía la corazonada de que sería eficaz. “Ella no proviene de una CBO de la Misión”, dice Gallardo, “pero ha estado trabajando de manera sobresaliente y súper increíble”.
Desde el principio, el grupo recibió el apoyo inmediato de la jefa de García, Sheryl Davis, directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, una líder afroamericana que cree firmemente en las iniciativas comunitarias. ¿Necesitan personal? Listo. ¿Volantes? Listo. ¿Ayuda para desempeñar sus tareas habituales? Déjeme llamar a su jefe. “Ella aprovechó su cargo para ayudarnos”, dijo García. Y Davis, que está fascinada con los resultados, planea continuar. Davis tiene su ojo puesto en el proceso presupuestario de la ciudad para agosto y ya ha solicitado a la alcaldesa que considere primero la financiación de asociaciones comunitarias. Se está preparando para las negociaciones acerca del presupuesto con todas las aportaciones de múltiples reuniones sobre cómo la ciudad debe gastar el dinero que planea reasignar del Departamento de Policía de San Francisco.
Walton, que junto con la supervisora del Distrito 9, Hillary Ronen, ha trabajado estrechamente con el grupo de trabajo, señaló otra razón a la que se debe la visibilidad temprana y continua del grupo de trabajo. “Se unieron para dar respuestas sin depender de la filantropía o esperar a que el gobierno los ayude”, dijo Walton. En otras palabras, tomaron las riendas.
Y muchos los siguieron. Ahora, el grupo de trabajo ha creado 13 comités y varios subcomités, muchos de ellos integrados por personas que trabajan para organizaciones comunitarias. Es una plantilla con mucho talento lista para entrar y jugar, pero la junta ejecutiva es exigente. “No tenemos tiempo para que la gente esté en un comité sólo para ponerlo en su currículum”, dijo Tulier-Laiwa, ex lowrider con múltiples títulos académicos conocida por muchos que la respetan y le temen un poco. “Les preguntamos, ‘¿qué pueden aportar?’. Nuestra orientación está basada en la acción”.
Añadió Romero, quien solía andar motos de cross, y quien también acumuló títulos académicos y experiencia: “Somos mujeres latinas — trabajadoras comunitarias. Somos esenciales. Lo hemos sido, a lo largo de la historia. Logramos que se hagan las cosas”.
Eso está más que demostrado a lo largo de las llamadas de los lunes por la mañana que el comité ejecutivo suele tener con sus comités, más de 30 organizaciones comunitarias y un grupo de funcionarios locales electos. Lo que fácilmente podría haber sido un caso de demasiada gente bien intencionada corriendo en demasiadas direcciones, es en realidad una máquina funcional controlada por Tulier-Laiwa. Cada orador cuenta con un minuto.
“No te metas con Valeria y participa sin pasarte de tu límite de tiempo”, dice Ronen, quien a menudo participa y ha visto cómo se hace cargo el equipo de trabajo. “No es una exageración decir que su trabajo es extraordinario”.
Para Ruth Barajas, que está en el comité laboral, dirige el Centro de Recursos y también es directora de programas laborales y de educación de Recursos Comunitarios del Área de la Bahía (Bay Area Community Resources), el grupo de trabajo funciona gracias a lo que ella misma ha presenciado en esas llamadas de los lunes por la mañana. “No importa si se trata de una organización, un funcionario electo o alguien que trabaja para un funcionario estatal”, dice. “Todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad”.
Es durante las llamadas de los lunes y en otros comités por Zoom que las ideas se vuelven realidad. Al principio de la crisis, por ejemplo, los hispanohablantes monolingües no tenían información sobre COVID. Algunos mantuvieron sus tiendas abiertas porque los anuncios de servicio público estaban generalmente sólo en idioma inglés. Algunos padres se preguntaban cómo sus hijos asistirían a la escuela en línea si no tenían conexión a Internet. Susana Rojas, presidenta de Calle24 Cultural District, y Oscar Grande, quien trabaja para Mission Housing, formaban parte del comité de comunicación del grupo de trabajo. Lanzaron anuncios en español en la radio local, y los voluntarios salieron a hablar con los residentes; no obstante, tenían un problema: la información cambiaba tan rápido que los anuncios y folletos están desactualizados en tan solo horas. Grande habló con Julio Lara, su colega en Mission Housing.
¿Qué harías?, preguntó.
Lara entendió el problema porque él también tenía problemas para actualizar la página de recursos de Mission Housing. Lara sugirió hacer un sitio web. De repente, él y otros se convirtieron en el subcomité del sitio web del Grupo de Trabajo Latino. Cinco semanas más tarde, a mediados de mayo, el sitio web fue lanzado con la supervisión de Grande, Rojas, Tulier-Laiwa y Gallardo (estos dos últimos tal vez no sean técnicos, pero saben lo que es estar “ligados a la muerte”). Cuando el trabajo de Lara apareció en el flujo de redes sociales de Mission Local, fue un regalo: completo y fácil de usar. En Mission Local, comprendimos la dificultad de la tarea, pues nuestra propia página de recursos se había vuelto difícil de manejar.
Lo primero eran los alimentos
Desde el principio, a medida que el grupo de trabajo escuchó a las organizaciones comunitarias, y Hernández atendió las llamadas de las personas necesitadas, quedó claro que las entregas semanales del Banco de Alimentos de San Francisco-Marín no serían suficientes para satisfacer la demanda. Hernández comenzó a repartir alimentos desde su garaje, pero “se corrió la voz”, y llegó más gente, por lo que se trasladó al centro de alimento de la calle Alabama. En la segunda semana, los números subieron a 1,000 y para finales de abril el Grupo de Trabajo Latino estaba repartiendo 7,000 cajas de comida por semana, trabajando los lunes, miércoles y viernes con 113 voluntarios. Hernández pasó horas distribuyendo despensas ciertos días y otros haciendo llamadas para encontrar nuevas donaciones, pero a menudo la comida – filetes, pan, leche – llegaba sin ser solicitada.
El Food Hub resolvía los problemas a medida que surgían. Los trabajadores descubrieron que los latinos venían desde el otro lado de la ciudad y muchos eran demasiado viejos para llevarse sus bolsas hasta su casa. Para los ancianos que vivían cerca, el grupo de trabajo podía comprar carritos, pero algunos venían de tan lejos como Bayview y Richmond. Según el último recuento, el Food Hub entrega 300 cajas de comida por semana empacadas en el camión de alguien.
Esta semana, más de 10 voluntarios embolsaron frijoles, mientras que otros empacaron las leches en las cajas y movieron tarimas apiladas con otras donaciones. Un grupo de embajadores que el gobierno de la ciudad prestó ayudó a organizar la fila. Esa fila en realidad eran varias. Una fila se duplicó alrededor de Alabama hasta la calle 20, y bajó por Florida hasta la calle 19 para volver a subir por Alabama donde se repartían las cajas. Otra fila se formó en el lado oeste de la calle 19 y se podía seguir hacia el oeste en la 19 hasta darle la vuelta en dirección al norte en la calle Harrison, pasando por Mission Cliffs hasta la calle 18.
Cara a Cara en The Hub
Al principio, se hizo evidente que los que estaban en la fila tenían otras necesidades. Preguntaban: ¿Dónde podían conseguir apoyo financiero? ¿Calificaban para recibir cupones de alimentos? ¿Apoyo por desempleo? Y si calificaban, ¿cómo llenarían los formularios sin una computadora? La pandemia requirió que el personal de las organizaciones comunitarias se refugiara en su casa. ¿Cómo podía el grupo de trabajo ofrecer de manera segura lo que Barajas denominó atención cara a cara — la misma ayuda cara a cara que tanto deseaba la pareja que yo había visto fuera de la institución de servicios sociales en marzo?
Entrando en la escuela Mission Vocational School, una edificio monstruoso ubicado en las calles Alabama y 19, el grupo de trabajo ya estaba repartiendo comida. Con más de 100 años de antigüedad, la comunidad casi pierde el edificio después de que su junta directiva firmara un contrato de opción de compraventa en 2013 para vender parte de sus 35,000 pies cuadrados. Con un gasto considerable, Gallardo, Tulier-Laiwa y otros consiguieron salvarlo en 2017. “El alma de este edificio pertenece a la comunidad”, dijo Tulier-Laiwa a Mission Local en ese entonces.
Hoy en día, se conoce como Hub, una colmena llena de actividad que parece caótica, pero controlada, donde los residentes de la Misión pueden obtener la atención personal que necesitan de manera segura.
La sección que se habría vendido ahora alberga una unidad para refrigeración que mide 18 pies y almacena todos los insumos de la despensa de alimentos. Lo que es mejor, cuando subes un tramo de escaleras te encuentras con una enorme sala espaciosa con grandes ventanas a donde la gente puede acudir a buscar ayuda y la recibe. Un jueves, a mediados de junio, cuando Barajas me mostró el lugar, su personal ya había registrado más de 1,000 personas en la fila de alimentos que necesitaban más que sustento.
Señalando cada conjunto de mesas, me indicó: la sección de servicios de salud está allí atrás, la de vivienda allí, Cal Fresh (cupones de alimentos) allí, el apoyo por desempleo allí y así sucesivamente. En cada mesa hay un funcionario, un miembro del personal de una institución social comunitaria o un voluntario contratado para atender a las personas, ayudándolos a inscribirse en los programas que necesitan desesperadamente.
Edgar González, inmigrante de El Salvador, siempre había logrado mantenerse a sí mismo y a su familia, pero cuando llegó la pandemia, perdió su trabajo en la Compañía Yellow Cab y le estaba yendo mal. Gracias a que se corrió la voz, él acudió desde Bayview hasta la fila ubicada en la calle Alabama y pronto los trabajadores lo inscribieron para recibir apoyo familiar, una tarjeta de débito y cupones de alimentos. “En general estamos bastante bien, tal vez no nos vaya bien según los estándares de otras personas, pero nos va bien”, dijo su hijo Zair, quien antes de la pandemia trabajaba en una empresa de limpieza de los autobuses que transportan a trabajadores del sector tecnológico desde la ciudad hasta Valle del Silicio y ahora es voluntario remunerado en Hub. Este fue otro descubrimiento en Hub — muchos residentes nunca habían usado los servicios sociales. Debido a la pandemia, los necesitaban.
La operación se lleva a cabo con personal que el gobierno de la ciudad presta, con organizaciones comunitarias y personas nuevas. Gracias nuevamente a Davis de la Comisión de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo Latino pudo contratar a 25 trabajadores para ayudar en Resource Hub, Food Hub y otros lugares.
Probablemente, muchos pertenecen a la próxima generación de activistas comunitarios. Por ejemplo, Jacky Carrillo, un joven de 20 años que empezó en el banco de alimentos entregando despensas, ahora ayuda a la gente a conseguir apoyo financiero. “Esto me ha dado una gran, gran oportunidad de ayudar a mi gente”, comenta Carrillo. Cuando tenía 13 años, su madre fue deportada a Guatemala, pero no es un hecho que ella comente para hablar de lo difícil que la ha pasado. Al contrario, gracias a que puede ir durante los veranos a ver a su madre en Guatemala, “mi español es bastante fluido”. Agradece a que tiene esa habilidad por lo que pasó rápidamente de cargar cajas de comida a capacitación. ¿Con qué tipo de problemas llega la gente? “Los trabajadores ni siquiera han recibido cartas de despido”, comenta Carrillo con un tono de indignación como si fuera una señora de 50 años. Los trabajadores necesitan ese documento para obtener ciertos beneficios, así que Carrillo ha descubierto cómo evitarlo redactando su propia carta explicando el problema de la persona.
Una colaboración con los investigadores y médicos de la UCSF
A principios de abril, los investigadores de la UCSF y los doctores del Hospital General de San Francisco observaron con horror como la población de Latinx, generalmente, el 40 por ciento de sus pacientes, aumentó al 80 por ciento — casi todos con COVID-19. La investigadora de la UCSF, la Dra. Diane Havlir, escribió en un correo electrónico donde solicitaban un estudio “para comprender la transmisión de COVID-19 a nivel comunitario, en una comunidad afectada (en el patio de atrás del lugar donde trabajo en el SFGH) y para utilizar la información tanto para ayudar a la comunidad como para los avances científicos”.
La pregunta era: ¿cómo lograrlo? Una de las primeras llamadas que hizo Havlir fue a Diane Jones, enfermera jubilada especializada en VIH, a quien conocía bien por ser alguien con profundas raíces en la comunidad, incluyendo una larga amistad con Gallardo. Se conocieron a través de Loco Bloco, un grupo de tamborileros y artistas que ha existido por más de 26 años y ha convertido a muchos jóvenes de la Misión en tamborileros. No pasó mucho tiempo para que la UCSF se pudiera en contacto con la Supervisora Ronen y el Grupo de Trabajo Latino.
La idea fue recibida con cierta resistencia. ¿Esto se haría de arriba a abajo? ¿Por qué únicamente una zona censal? ¿Por qué un estudio y no sólo pruebas? Lo que prevaleció fue la confianza — la confianza de la comunidad en Gallardo y la fe de Gallardo en Jones– y el Grupo de Trabajo Latino decidió participar. “Todos se pusieron en modo de emergencia, pensando en lo necesario que era hacer esto ahora”, dijo Jon Jacobo, jefe del comité de salud del grupo de trabajo, quien reunió a más de 300 reclutas para distribuir volantes e ir puerta a puerta en todo el distrito para hablar con los residentes. En Mission Local, también habíamos oído acerca de la resistencia de los residentes, por lo que ser visitados por personas de la localidad que hablaran español y pudieran responder preguntas significaba que había mayor probabilidad de que más gente se presentara a las pruebas, las cuales serían utilizadas posteriormente para mediciones de indicadores como la prevalencia de COVID-19 en la Misión, la población más afectada y las cepas del virus.
López, la joven de treinta años de la Junta de Educación, logró evitar la burocracia del distrito escolar para poder usar las escuelas. “Probablemente ha sido la vez que más he presionado al superintendente”, dijo López. “Tuvimos que hablar con el departamento jurídico, redactar contratos y luego que el mismo departamento estuviera de acuerdo para apoyar a la UCSF”. ¿Cómo lo consiguió? “Estuvo llamando todo el tiempo”.
Jones dice que seguramente recibió la primera llamada de Havlir desde el 1 de abril. Para el 25 de abril las pruebas ya habían comenzado. Durante cuatro días, alrededor de 4,000 residentes y trabajadores hicieron fila para hacerse la prueba de COVID y de anticuerpos. La colaboración de la UCSF y el Grupo de Trabajo Latino logró apoyar a los que dieran positivo con cuidados y apoyo financiero para estar en cuarentena. Aún así, se sorprendieron por los datos demográficos de los 83 que dieron positivo: 95 por ciento eran latinos, 30 por ciento de ellos vivían con más de cinco personas y 89 por ciento ganaba menos de $50,000 al año. Muchos no tenían médico de cabecera. Sólo uno de los 83 era blanco y dos eran asiáticos.
“Si trabajas en el Hospital General de San Francisco”, dijo la Dra. Carina Márquez, también de la UCSF, “conoces todas las desigualdades en materia de salud, pero aún así, la disparidad era sorprendente”. Cada persona tenía una historia única pero similar: problemas para estar en cuarentena, hogares donde viven hacinados, sin ninguna red de seguridad social y apoyo financiero, además de un inglés limitado.
A través de su propio trabajo, el Grupo de Trabajo Latino también tenía un nuevo aliado – los investigadores y doctores de la UCSF y el Hospital General. Los resultados no podían ser ignorados y se tuvieron que implementar nuevas políticas. La ciudad abrió habitaciones de hotel vacantes para todos aquéllos que dieron positivo. Los resultados de las pruebas – donde el 53 por ciento de los que dieron positivo en COVID no tenían síntomas – indicaban la necesidad de hacer más pruebas de fácil acceso para prevenir la propagación. Para conseguir que más gente se hiciera la prueba, según lo que se demostró en el estudio, el gobierno de la ciudad tendría que garantizarles que recibirían apoyo financiero y médico.
Los datos le dieron a la supervisora Ronen lo que necesitaba para que el gobierno se sumara a su red de seguridad del programa Right to Recover. A finales de junio, el programa de Ronen tenía $2 millones que podía ofrecer hasta cuatro semanas de apoyo financiero a los residentes y trabajadores que no tenían una red de seguridad social. Eso es suficiente para ayudar a unas 1,500 familias, pero todo el mundo sabe que la necesidad es probablemente mucho mayor – la investigación dejó en claro quiénes fueron los más afectados por el virus.
Esta semana, el grupo de trabajo abrió un nuevo sitio de pruebas móviles en la calle Alabama – exactamente donde los trabajadores y residentes acuden ahora y también pueden ser orientados para recibir los servicios. Márquez y Jacobo están de acuerdo en que la ciudad todavía tiene un largo camino por recorrer para conseguir que los trabajadores esenciales se hagan la prueba del COVID. Esto es algo que, según sus predicciones, tendrá que ser resuelto con los empleadores para que los trabajadores sepan que tendrán apoyo financiero y un trabajo después de que se recuperen.
Preparándose a largo plazo
Así como el coronavirus no muestra señales de estar disminuyendo, el Grupo de Trabajo Latino cada vez es más fuerte. En una reciente llamada del lunes por la mañana con más de 30 organizaciones comunitarias, auxiliares legislativos y alguien que escuchaba desde la oficina de la representante Nancy Pelosi, Tulier-Laiwa permitió rápidamente que se cantaran Las mañanitas a Hernández, quien pronto celebrará sus 64 años, y luego les recordó a los oradores que tenían un minuto para participar.
Un número vertiginoso de proyectos están en marcha en materia de vivienda, protección de los trabajadores, posiblemente un segundo Hub, y la recopilación de información de los padres sobre cómo las escuelas deberán operar en el otoño. Ya este verano el Grupo de Trabajo Latino y organizaciones comunitarias como Dolores Street Community Services y el programa de jornaleros Day Labor Program ayudaron a renovar la forma en que la ciudad llevó a cabo una evaluación de necesidades cuadra por cuadra del Distrito de la Misión. A petición suya, y a diferencia del estudio anterior realizado en Tenderloin, el SFPD no fue invitado a hacer los recorridos para la evaluación, hubo más grupos comunitarios presentes, y los evaluadores se comprometieron con la población en situación de calle a que averiguarían cuáles eran sus necesidades. Dicho informe será publicado este mes.
Mientras tanto, Gallardo había obtenido recientemente los resultados de la lotería de viviendas asequibles de la ciudad y no le gustaron. Después de ganar la lotería, muy pocos latinos pasaron el proceso de aprobación, dijo. “¿Es un requisito o un impedimento que se puede eliminar el hecho de que los solicitantes sean descalificados por su mal historial crediticio?” se preguntó. Gallardo estaba lista para indagar los detalles y averiguarlo.
En muchos sentidos, lo que está sucediendo en la Misión es un recordatorio de lo que John Barry, autor del best-seller The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History (Gran Influenza: el relato épico de la plaga más mortal en la historia), dijo acerca del año 1918 en San Francisco. “La confianza en San Francisco no se desintegró en la función comunitaria”, en una reciente entrevista en el evento Grand Rounds de la UCSF. “Se enfrentó al reto como una comunidad que intentaba unirse”.
En 2020, la historia se repite aquí mismo en el Distrito de la Misión, para mal pero también para bien.