Traducción Por: Anabelle Garay

Cuando las empresas, escuelas y guarderías de San Francisco cerraron, también se acabó el sustento para la gran mayoría de la población indocumentada del Área de la Bahía, la cual se calcula entre unos 300,000 residentes, con aproximadamente 35,000 en San Francisco. 

Con casi uno de cada 10 trabajadores en California considerados indocumentados y pocos servicios públicos para ellos, el impacto de una orden de resguardo en casa durante mucho tiempo será brutal, según dijeron representantes de organizaciones sin fines de lucro.  

“Todos los servicios que brindamos son para todos, pero estamos al tanto de que [las personas indocumentadas] son ​​más vulnerables”, dijo Erica Kisch, directora ejecutiva de servicios familiares de Compass

En un año normal, Compass ayuda a 6.000 familias. Kisch no tiene cálculos sobre las cifras actuales, pero espera “una avalancha” de nuevos clientes este año.

En San Francisco, Healthy SF, un programa de seguro de salud de la ciudad para cualquier persona que trabaje o viva en San Francisco, ofrece una red de seguridad médica. Además, el Distrito Escolar Unificado de San Francisco está distribuyendo comidas gratis en 18 lugares para la gente con hijos. 

Asimismo, el Banco de Comida SF-Marín ha abierto despensas en más lugares y para cualquier persona que llegue –y la gente ya ha comenzado a llegar en masa. 

Para las 10:45 a.m. del martes, la despensa temporal que abre en la Escuela Primaria César Chávez como parte del banco de comida estuvo cerca de entregar todas sus 300 bolsas y pidió respaldo, de acuerdo con Tina González, directora de alianzas comunitarias. Fue así que le entregaron otras 341 bolsas que también fueron distribuidas.

Rigoberto y María fueron dos de los beneficiarios que llegaron a la escuela temprano el martes para recoger una bolsa. La pareja generalmente se las arregla bien con los ingresos que obtienen como conserjes, dijo Rigoberto. Esos trabajos, sin embargo, se han terminado. La pareja no recibió licencia por enfermedad remunerada y no pueden solicitar el desempleo, dijo Rigoberto.  

“Esperamos que lo poco que tenemos nos ayude a sobrevivir”, dijo mientras caminaba por la calle 22 hacia su casa. Dijo que su arrendador les dijo que podían esperar un tiempo para pagar el alquiler, pero no sabe qué sucederá si esta orden de resguardo en casa durará más de las dos o tres semanas, el mismo tiempo que él cree que sus ahorros le durarán. 

Solicitar servicios públicos, incluso si es posible, puede complicar un caso de inmigración. Winifred Kao, directora de litigios de Advancing Justice-Asian Law Caucus, aconsejó que los inmigrantes consulten con una clínica de derechos de trabajadores, incluida la que representa, para obtener asesoramiento gratuito sobre lo que deben solicitar. 

Las clínicas como la Asian Law Caucus, La Raza Community Resource Center y CARECEN están asesorando sin costo y por teléfono.  

Sin embargo, el consejo, reconoció Kao, no brinda esperanza para los indocumentados. “Lo más importante que les decimos a los trabajadores que han sido despedidos o que perdieron horas por la orden de resguardo en casa … es el seguro de desempleo”, dijo. “Lamentablemente, los residentes indocumentados no califican, pero otros sí”.

Kao aclaró que muchas organizaciones privadas han comenzado fondos de emergencia para dar la ayuda en dinero en efectivo que necesitan las personas indocumentadas sin trabajo. Estas organizaciones incluyen el Restaurant Opportunity Center, One Fair Wage, Another Round Another Rally, el National Domestic Workers Alliance, el Restaurant Workers Community Foundation, and UndocuFund, entre otros.

Diana Flores, directora de participación comunitaria y organización en Dolores Street Community Services, dijo que tanto su organización como otras también están trabajando con la oficina de la Supervisora ​​del Distrito 9, Hillary Ronen, para elaborar un programa de asistencia en efectivo para familias de clase trabajadora que no tienen una red de seguridad. 

Flores estima que los ingresos familiares perdidos han sido de entre $800 y $1,500 a la semana por lo que un pago mensual de $3,200 a $4,800 al mes podrían ayudar de gran manera a las familias. Flores espera que si la orden de resguardo en casa perdura, se necesitarán más de un solo pago. 

Paul Monge, asistente legislativo de la supervisora Ronen, dijo que su oficina está trabajando con una coalición de organizaciones comunitarias, entre ellas Dolores Street, Jobs with Justice y MEDA “para diseñar un programa de asistencia financiera para personas y familias indocumentadas”.

La oficina del alcalde ha dedicado algunos fondos, escribió, y han recibido dólares filantrópicos a través del fondo Give2SF para atender hogares indocumentados aunque no se ha finalizado ninguna cifra exacta.

En las entrevistas del martes rápidamente se hizo evidente que, a diferencia de las organizaciones sin fines de lucro que los atienden, muchos inmigrantes ven con optimismo la crisis al pensar que será de corta duración. 

Por ejemplo, Ana Vela, quien dijo “Tener trabajo”, y procedió a dar contexto. “Debido a lo que está sucediendo, me desocuparon por dos semanas”.  

El trabajo de Vela era en McDonald’s. Y aunque la compañía le ofreció trabajar dos días a la semana, decidió no aceptar las horas porque sus hijos ahora están en casa. Además, el autobús que tomaba de la Misión al sureste de la ciudad, dijo, le preocupaba. 

¿Y si la crisis dura más allá del 7 de abril?, la fecha actual en que la orden de resguardo en casa está programada para terminar.

“No sabemos cómo vamos a superar esto”, admite. 

A Carla, que trabaja en un restaurante de comida rápida en la calle Kearny, también le ofrecieron trabajar dos días a la semana. Sintió que no tenía más remedio que trabajar las horas. Llegar allí en autobús, dijo, “me da miedo, pero tengo que hacerlo”.

Kisch, de Compass Family Services, dijo que debido a que los inmigrantes se sienten más inclinados a tomar cualquier trabajo que puedan, también corren un mayor riesgo de contraer el virus.  

Víctor, que estaba con su esposa en la escuela primaria César Chávez donde se instala el banco de comida, parecería ser uno de los inmigrantes afortunados. Tiene residencia legal y un trabajo en San Francisco Public Works, pero incluso esto no ha podido protegerlo de no ir al banco de comida. Su esposa, dijo, fue despedida del programa preescolar donde trabajaba. 

“Ya lamento decir que estamos atrasados ​​en el alquiler”, dijo, y agregó que su salario solo apenas cubre los $2,800 al mes que paga para alojarse él, sus cinco hijos y su esposa en el Distrito de la Misión. 

Recientemente, dijo, recibieron una carta del arrendador preguntando si pagarían el alquiler. 

“Estamos discutiendo esto ahora”, dijo su esposa.

Una inmigrante, que pidió no ser identificada, mantuvo su tienda abierta el primer día de la orden de resguardo en casa, pero desde entonces la ha cerrado. “Es simplemente difícil. No estábamos preparados para esto”, dijo entre lágrimas. “Estoy tratando de no pensar demasiado, pero realmente estoy pensando en eso todo el tiempo. La comida para nuestra familia es una prioridad ahora, pero para tener comida, tenemos que tener ventas. Es solo como estar en una gran tormenta oscura”.

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