Pronto, la gente que roba en tiendas, todo robo menor, aquél que orine en público, quienes pinten graffiti, tengan drogas, quebranten la ley que prohíbe acostarse o sentarse, aquéllos que en general representen un cambio en el orden público y sean arrestados en la Misión tendrán la oportunidad de tener un juicio con un panel de residentes del barrio en un centro comunitario en lugar de ante un juez o jurado en un tribunal.
“Esto es un intento por lidiar con un sistema roto”, dijo el fiscal George Gascón en una conferencia de prensa en la estación de policía de la Misión. Aquéllos que han sido arrestados por delitos menores tienen un promedio del 70 por ciento de reincidencia, le dijo Gascón a una multitud de gente congregada. “¿Comprarían un auto si en la concesionaria les dijeran que tiene un 70 por ciento de falla?”.
Para continuar con la metáfora, el tribunal comunitario será el equivalente a comprar un auto más barato y ver si se descompone a menudo. Mientras la ciudad continúa arriesgándose con un déficit presupuestal de 360 millones de dólares, los tribunales comunitarios, los cuales han estado operando en San Francisco desde 1998 pero nunca se han intentado a esta escala tan grande, se convertirán en algo posible.
Un caso llevado acabo en un tribunal de lo penal cuesta alrededor de $1,500 dólares, dijo Gascón. Un juicio en un tribunal comunitario cuesta alrededor de $300 dólares, en su mayor parte para cubrir el mantenimiento de la base de datos de la ciudad de contratos con instalaciones de rehabilitación y otras organizaciones de reintegración. En el curso de los próximos seis meses, la ciudad espera ahorrar $1.5 millones de dólares con la remodelación al sistema de tribunales comunitarios.
Asimismo, se espera que los tribunales comunitarios ahorren tiempo ya que los acusados serán enjuiciados por un panel de voluntarios del barrio en lugar de por un jurado. Para ser voluntario tendrá que llenar un cuestionario en la oficina del fiscal y completar una capacitación de 8 horas.
Estas son buenas noticias para la gente que es reticente a participar en jurados en casos penales menores, dijo Maurie Lees, residente de Potrero Hill y activista de los tribunales comunitarios. “Me escogieron para ser jurado en un caso por robo de tienda en Safeway”, dijo Lees. “Estaba furiosa”.
Cuando arrestan a alguien por un delito que califica para estar en un tribunal comunitario, pueden escoger el tribunal comunitario o un juicio penal. Tendrán un abogado nombrado por el tribunal y un fiscal de la oficina del fiscal en ambos casos, pero la condena de un tribunal comunitario será diferente ya que como no es una condena penal, no terminaría en un registro penal.
Eso significa que los acusados podrán tener un trabajo más fácil al dictar la pena ya que se cree que reduce la reincidencia. A menudo, los castigos de los tribunales comunitarios consisten en alguna combinación de voluntarios, ingreso en un programa de rehabilitación contra las drogas, servicio a la comunidad, o escuchar a la víctima decirle cuánto le ha afectado el delito cometido.
Se espera que un gran número de juicios comunitarios en la Misión estén relacionados a estupefacientes. Los casos de prostitución también se llevarán al tribunal comunitario, el cual la oficina del fiscal cree que ayudará a las mujeres en dirigirlas a otros recursos en lugar de a prisiones.
Aquéllos que no cumplan con los fallos del tribunal comunitario se verán forzados a dejar el proceso tribunal penal, según Rebecca Prozan ayudante del fiscal.
¿Cómo funcionará? Es difícil decirlo. Aunque los juicios penales están abiertos al público, y por extensión a periodistas, los tribunales comunitarios no lo estarán.
Es una preocupación por la privacidad, dijo Prozan. “El fiscal está tratando de cambiar eso”.
