Traducido por Andrea Valencia

Los propietarios de bares en el Distrito de la Misión argumentan que el impuesto propuesto al alcohol -7 centavos por bebida- ha llegado en un mal momento y no funcionará en disminuir el consumo de alcohol. Dicho impuesto propuesto se tomará en consideración el día de hoy en la Junta de Supervisores. Muchos de los clientes han concordado y han dicho que los propietarios son propensos a aumentar los precios a más de los 7 centavos propuestos.

“Muchas de las tiendas de por aquí ya luchan con salir adelante”, dijo Adrián, jubilado de 69 años de edad quien emigró de El Salvador hace 23 años y es cliente habitual del Bar El Farolito ubicado en las calles 24 y Misión. “La cosa es que en un bar, uno no puede subir el precio de una bebida 7 centavos. Van a subir 50 centavos o hasta un dólar. Esto va a perjudicar el negocio”.

Bar El Farolito, ubicado en la calle 24 y Misión.

El martes a las 2 de la tarde, sólo algunos clientes latinos habituales estuvieron bebiendo Coors Light en este pequeño preferido negocio del barrio, pero pronto se llenó con clientes de clase trabajadora de la Misión. Adrián, quien pidió que no se publicara su apellido, dijo que la mayoría de los clientes habituales beben una o dos cervezas baratas, y que un aumento de 50 centavos marcaría una gran diferencia. Pero no cree que un aumento en el precio los detendría en venir. “Nosotros los humanos somos animales de costumbre”.

El aumento, presentado por John Ávalos, 11vo Supervisor de Distrito, gravaría a los mayoristas que entregan alcohol a los bares, restaurantes, tiendas de abarrotes y licorerías de la ciudad. Se basaría en el volumen –el precio de un galón de licor aumentaría $3.20- y se haría con el propósito de ayudar a hospitales y paramédicos  para recuperarse del gasto de servicios relacionados con el alcohol.

Los propietarios de bares dijeron que el impuesto los perjudicaría más que a otros negocios. “Esta legislación tiene el potencial de ser más costosa a bares que venden y compran bebidas alcohólicas menos caras”, dijo Sean Manchester, propietario de los bares Wish y Mighty ubicados en la Misión/SoMa, y presidente de la Asociación para la Cultura y la Música de California. Comentó que su organización anticipa “que el impuesto al alcohol le costará más a los bares y antros, aunque beneficiará sin querer a grandes tiendas como Safeway, las cuales pueden distribuir los problemas financieros por medio de la venta de otros productos”.

El imponer un impuesto a mayoristas tendría una consecuencia negativa en proveedores de alcohol en la ciudad.

Kamel Karajah, propietario de la tienda That’s It, ubicada en las calles 23 y Misión durante los últimos 14 años, dijo entender la necesidad de la ciudad al proteger hospitales, pero “este momento es, en especial para los pequeños negocios como nosotros, simplemente incorrecto”. Karajah cree que Ávalos apoya a las pequeñas empresas en general, pero dijo que la mayor parte de sus clientes no reconocerán las buenas intenciones detrás del impuesto. “Va a ser difícil para nosotros. Los clientes ya saben los precios, y se van a enojar. Van a creer que simplemente estamos aumentando los precios”.

La mañana del martes, Ávalos estuvo como invitado en el programa radiofónico Forum de KQED y argumentó que el impuesto está justificado para equilibrar los costes a la ciudad relacionados con “la consecuencia en el abuso a la bebida en San Francisco”.

Citó un estudio independiente que la oficina del contralor de la ciudad comisionó y el cual concluyó que la ciudad paga $17.7 millones al año en costos relacionados al consumo excesivo de alcohol.

Joseph Hanrahan, barman de 28 años de edad en Elbo Room, tildó el impuesto como “un impuesto al vicio”, pero dudó que disminuya la cantidad en que se bebe.

“Pueden gravar el alcohol tanto como quieran, y la gente pagará por ello –no estoy diciendo que sea algo bueno. No queremos ver que San Francisco se convierta en un bar de aeropuerto”.

Hasta ahora, 6 de los 11 supervisores apoyan el impuesto propuesto, pero el Alcalde Gavin Newsom se ha opuesto al haber argumentado que es muy pronto para imponer costes adicionales en pequeñas empresas que todavía están en recuperación debido a la crisis. Si la junta fracasa en llegar a un acuerdo para el día martes, la propuesta podría terminar en la boleta del mes de noviembre.