¿Cómo comprender las complejas protecciones de los inquilinos en San Francisco: quién puede ser desalojado y cuándo?
Traducción por: Neus Valencia
El lunes por la mañana, unas 50 personas se manifestaron para protestar contra los desalojos frente al juzgado de las calles McAllister y Polk, donde cada semana desde el 1 de septiembre se reanudaron las audiencias de procedimientos de desalojo.
Estas audiencias incluyen los procedimientos de desalojo que comenzaron antes de la pandemia; sin embargo, la asociación de inquilinos West Side Tenants Association, que ayudó a organizar la manifestación del lunes, dijo que se deben posponer estos casos, debido a que es poco ético considerando que la gente debe quedarse en casa durante una pandemia.
“La vivienda es un derecho humano” y “cuando vemos que se están vulnerando los derechos de los inquilinos, ¿qué debemos hacer? Defenderlos y luchar” fue lo que gritaron los manifestantes mientras se escuchaba el sonido de las tubas, trompetas y tambores que tocaban música balcánica por toda la calle Mcallister, cerca del Ayuntamiento.
Otra cuestión que les preocupa a los organizadores es que los inquilinos tengan menos protección cuando termine la moratoria de desalojo de la ciudad a finales de septiembre y sea sustituida por las protecciones estatales contempladas en la ley AB 3088. Y aunque el Supervisor Preston aprobó una legislación donde se establece que la falta de pago de rentas atrasadas debido a covid nunca podrá ser considerada como causal de desalojo, la vigencia de esta ordenanza vence el 30 de septiembre.
La disposición de la alcaldía y la ordenanza de Preston aplica a los inquilinos que no puedan pagar entre el 16 de marzo y el 30 de septiembre. Actualmente, los inquilinos de San Francisco tienen hasta el 28 de febrero de 2021 para pagar la renta que no han pagado durante esos meses. Además, los inquilinos no pueden ser desalojados por no pagar renta entre esas fechas. Cualquier renta no pagada durante ese período se convertirá en un endeudamiento por consumo. Para reclamar el cobro, los propietarios deberán iniciar un procedimiento en el tribunal para demandas de menor cuantía, y el registro de esta deuda también podría dificultar que los inquilinos alquilen otra unidad.
La renta no pagada desde el 1 de octubre en adelante estará contemplada conforme a la ley AB3088, y los inquilinos tendrán que devolver el 25 por ciento del monto antes del 31 de enero de 2020. Si esto tampoco se paga, los propietarios podrán desalojar a los inquilinos por no efectuar dicho pago.
La ley estatal AB3088, aprobada por la Legislatura de California y firmada por el gobernador Newsom a finales de agosto, entró en vigor inmediatamente, pero no abarca todos los tipos de desalojo.
Por ejemplo, no abarca los desalojos según la Ley Ellis, desalojos que ocurren cuando un propietario decide dejar de arrendar su propiedad y desaloja a todos los inquilinos de un edificio.
Joy Lee, directora del programa Westside del Comité de Derechos de la Vivienda, dijo que “en la legislación estatal no se contemplan los desalojos sin incumplimiento, como cuando el propietario se muda al inmueble y lo deja de rentar o cuando hay un desalojo temporal mientras un propietario realiza mejoras al inmueble – todos estos aspectos han sido cubiertos por la moratoria de la ciudad”.
“Los inquilinos están teniendo dificultades para entender las leyes y legislaciones, especialmente aquéllos cuyo primer idioma no es el inglés”, dijo Lee.
Además, los desalojos ilegales siguen siendo una preocupación para los inquilinos y los grupos en favor de los derechos de los inquilinos. Desde marzo, el Comité de Derechos de la Vivienda de San Francisco ha estado asesorando a más de 1,000 inquilinos, según Joy Lee, y ella estima que el 20 por ciento de los casos involucran acoso por parte de los propietarios.
Kyle Smeallie, auxiliar legislativo del supervisor Dean Preston, quien redactó la legislación que impide los desalojos, dijo en una entrevista telefónica que “El desalojo debería de proceder únicamente en circunstancias muy limitadas”.
Según los defensores en pro de la vivienda, muchos de los inquilinos todavía no están recibiendo ingresos para poder pagar la renta, y los propietarios los están acosando para que se salgan de los inmuebles.
Otra de las inquilinas que ha estado peleando con su casero y trabajando con la Asociación de Inquilinos Westside es Jasper Wilde, de 31 años, quien vive en el distrito Richmond desde hace más de seis años.
Wilde no ha pagado la renta desde que perdió su trabajo en abril. “Si no fuera por las protecciones para inquilinos que fueron establecidas por Dean Preston y adoptadas por la Junta de Supervisores, ya me habrían desalojado”.
Como muchos otros, conforme a la ley AB3088, Wilde tendrá que pagar el 25 por ciento de la renta que debe para enero de 2021. Wilde dice que le debe a su casero más de $14,000 y que aún no puede pagar.
Quiere “que cesen todos los desalojos”, y dice que “durante esta emergencia de salud pública y considerando los incendios forestales de California, es incluso menos ético desalojar a la gente. Queremos que se condonen toda la deuda atrasada”. No es nuestra culpa que no podamos pagar”.
Rachael Lopshire, de 28 años, también está desempleada y se encuentra en lo que ella misma denomina una “huelga personal de renta”. No ha pagado la renta desde el 1 de mayo, pero su casero la ha acosado, restringiéndole el acceso a la cocina porque no paga la renta.
No la están amenazando con desalojarla, pero cree que debería “condonarse el pago y al menos no deberían subir el monto del alquiler hasta que podamos reabrir de manera segura”.
Lopshire no puede trabajar porque “pone en riesgo su salud”. Los defensores del derecho a la vivienda como Leticia Arce, una mujer de 30 años que es organizadora con Causa Justa, coinciden en que las protecciones no han evitado todos los desalojos.
Arce dijo que recibe llamadas todos los días de “inquilinos que son desalojados o acosados después de que le dicen al propietario que la ley los protege”
“No contamos con los datos completos sobre los desalojos porque se está desalojando y desplazando a las personas fuera de los tribunales”, comentó Arce.