La ansiedad en contra de los desalojos y la retórica de las calles se está desarrollando en el Ayuntamiento mientras que el Supervisor David Chiu planea presentar una nueva ley de protección de inquilinos durante la reunión de la Junta de Supervisores de hoy.
Chiu se negó a dar detalles hasta presentar la ley, pero ésta sería la sexta ley de protección a inquilinos que hace poco presentaron los supervisores de la ciudad. “No quiero arruinar la sorpresa”, dijo.
La Junta de Supervisores adoptó tres leyes de protección de inquilinos, incluyendo una que le daría prioridad de vivienda pública a los que han sido desalojados bajo la ley Ellis. Hay otras dos propuestas que están pasando por el proceso legislativo.
“Las leyes actuales no están haciendo que la gente se quede en sus hogares”, dijo Tyle Macmillan del Colaborativo en Defensa de los Desalojos (EDC, por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones sin fines de lucro.
Muchas de las ideas que proponen provienen de activistas y residentes que se han estado reuniendo en convenciones realizadas en toda la ciudad. Una convención municipal que se llevó acabo el sábado pasado en la Escuela Comunitaria del Tenderloin tuvo una reunión en donde la gente solo podía estar de pie. Alrededor de 400 activistas, políticos e inquilinos de todo San Francisco cantaron consignas en contra de los desalojos y propusieron leyes con el objetivo de disminuir los desalojos.
“¿De quién es esta ciudad?” cantaba María Zamudio como consigna, organizadora de Causa Justa, una organización sin fines de lucro que ayuda a pelear desalojos de los inquilinos. “Es nuestra ciudad” respondió la multitud al unísono.
“¡Que se vote para sacarlos!” gritó un hombre en la parte de atrás mientras la gente se reía.
La reunión fue una culminación de cuatro convenciones que se llevaron acabo en la ciudad y que estaban diseñadas para idear maneras en las que se pudiera detener los desalojos, que van en aumento en la ciudad. Los desalojos bajo la ley Ellis, una ley que le permite a los caseros desalojar a inquilinos para quitar la propiedad del mercado arrendatario, han aumentado un 170 por ciento entre 2010 y 2013, de acuerdo con un informe del analista presupuestal de la ciudad.
Los vecinos han propuesto de todo, desde una moratoria de desalojo hasta cobrarle impuestos a la gente que trabaja fuera de San Francisco.
“Estamos cobrando fuerza”, dijo Macmillan de EDC. “Algunas de las ideas son bastante radicales, pero incluso si pierden en la boleta, al menos serán parte de la conversación”.
Su aparente éxito también se está desarrollando en las calles en el Ayuntamiento a medida de que los políticos locales buscan un puesto más alto y han adoptado algunas de las ideas. Seis de los once supervisores en la junta estuvieron presentes en la reunión, incluyendo a los supervisores David Campos, Malia Cohen, John Avalos, Eric Mar, Jane Kim y David Chiu.
La semana pasada, Campos, quien se postuló para la asamblea estatal, presentó una ley que obligará a los caseros que han invocado la ley Ellis a pagar costos de reubicación más altos a los inquilinos. Bajo la propuesta, los caseros se verán obligados a pagarle a los inquilinos desalojados la diferencia entre la renta que pagan actualmente y un departamento comparable durante dos años. La esperanza es alentar a los caseros a pensar que un desalojo no vale la pena.
El rival de Campos en la elección municipal, el Supervisor David Chiu, presentó la legislación que legalizará parte del cálculo de 30,000 departamentos en el sótano o in-law que son ilegales, algo que le otorgaría a dichos residentes una protección bajo las leyes arrendatarias de la ciudad. Chiu planea presentar otra ley de protección de inquilinos en la reunión del martes de la Junta de Supervisores.
Blanca Reyes, quien se está enfrentando a una amenaza de desalojo de su departamento con renta controlada en las calles 25 y Florida, le dio la bienvenida a la atención de los funcionarios.
“Me ofrecieron $25,000. No he aceptado su oferta”, le dijo al público. “Es mi barrio y no quiero irme”.
En la reunión, se le pidió a la gente que clasifique siete propuestas de política, desde una moratoria sobre los desalojos a imponer impuestos en alquileres altos. La clasificación es solo para ver qué política tiene prioridad porque es imposible que puedan dar seguimiento a las cinco ideas, dijo Macmillan.
En el gimnasio de la escuela, Zamudio estaba motivando al público cuando una de las pancartas se cayó y le pegó atrás.
“Los desalojos, señores”, dijo, “le pegan a todos”.
Ahora que la convención ya se terminó, los organizadores planean manifestarse en la calle 24 el 26 de febrero.
Más abajo hay algunas de las propuestas que se están considerando:
El impuesto en contra de la especulación. Imponer un impuesto de ganancias inesperadas a los especuladores que compran y venden casas sin dar mantenimiento al edificio por al menos seis años. El índice de propiedades disminuiría cada año que comienza al 50 por ciento de la ganancia, mientras más rápido sea el “cambio” más alto el impuesto.
“Moratoria de desalojos”. Un intervalo de un año en ciertos desalojos en donde el inquilino no tiene la responsabilidad que incluye desalojos porque el casero se muda a la unidad para inquilinos a largo plazo con más de diez años de alquiler. Un intervalo también a los desalojos por mejora de capital y demolición excepto por cumplimiento al código o remodelaciones por seguridad. La moratoria no se aplicará a los desalojos bajo la ley Ellis. Otras excepciones aplican.
“El departamento de cumplimiento y ejecución del control de renta”. Crear una nueva oficina municipal encargada de asegurar que las políticas cumplan con las leyes que protegen a inquilinos, monitorear la ejecución y apoyar la investigación en vivienda arrendataria.
“Actualizar la ayuda de reubicación”. El aumento en la reubicación por desalojos en los que el inquilino no tiene la responsabilidad (aparte de los desalojos bajo la ley Ellis) para pagar la diferencia entre las rentas existentes de los inquilinos desplazados y las rentas a precio del mercado por no menos de dos años. La propuesta dará seguimiento a la legislación de ayuda de reubicación bajo la ley Ellis que está pendiente.
“Impuesto a rentas excesivas”. Crear un impuesto a rentas en nuevos acuerdos arrendatarios si las rentas exceden los niveles de asequibilidad que establece la ciudad. El impuesto aumentaría con un nivel más alto de renta a un nivel menos del 100%.
“Requisito de equilibrio de vivienda”. Restringir o condicionar la aprobación de la ciudad de nueva vivienda a precio del mercado con el cumplimiento de los objetivos de vivienda asequible y reemplazo de la vivienda perdida por desalojos bajo la ley Ellis y demoliciones. La política creará incentivos para construir nueva vivienda asequible y conservar vivienda con renta controlada.
“Legalizar unidades ilegales”. Mejorar el proceso para convertir unidades ilegales en renta a vivienda legal y de renta controlada. Restringir los desalojos por “remoción de unidad” en donde se puede legalizar las unidades. Eliminar los requisitos de código y zonificación que no son esenciales no relacionados con la seguridad.