El esfuerzo para crear una iniciativa en la boleta electoral de noviembre que protegerá a inquilinos cobró fuerza en el barrio Castro el pasado 11 y 12 de enero.

Cierto es que, la mayor parte de la gente en la convención para inquilinos realizada en el centro LGBT el sábado 11 eran “los sospechosos usuales”, como lo dijo una persona en el público. Uno de los principales presentadores fue el líder detrás de las recientes protestas contra los autobuses tecnológicos en la calle Valencia, y Tim Redmond, exeditor del San Francisco Bay Guardian, quien estaba tomando muchas notas para su blog.

El evento estuvo copatrocinado por una muestra representativa de organizaciones progresistas de San Francisco: el Comité de Derechos de Vivienda de San Francisco, Demócratas del Distrito 8, la Coalición de Vivienda para Gente con Sida y el Club Democrático LGBT Harvey Milk.

El propósito del evento era crear propuestas para las iniciativas electorales de noviembre para disminuir los desalojos en San Francisco. Todos los inquilinos fueron bienvenidos, y los Supervisores David Campos, Scott Wiener y David Chiu estuvieron presentes.

Incluso así, entre el público de alrededor de cien personas estuvieron presentes los sospechosos inusuales: una empleada informática de alrededor de 20 años, el tipo de persona que el Supervisor del Castro, Scott Wiener, argumentó haber sido injustamente el chivo expiatorio para los problemas de vivienda en la ciudad durante una conferencia de prensa realizada una semana antes de este evento. La mujer se identificó como Rolla Selbak, y le pidió a Mission Local que no nombráramos a su empleador.

“Tenía un poco de miedo de venir aquí porque pensé que me iban a etiquetar como ‘malvada’”, le dijo a Mission Local. “Nosotros vivimos en esta ciudad, ya estamos aquí así que, ¿cómo podemos ayudar?”

Selbak propuso que la ciudad recaudara un impuesto especial en los residentes que trabajan fuera de San Francisco, lo que la incluiría. La propuesta electoral solo recibió un voto.

Incluso así, esa fue tan solo una idea de muchas. Con más de dos horas, los asistentes votaron en más de 20 propuestas para iniciativas electorales, así como una docena más de ideas de acción en la calle, desde teatro político a manifestaciones.

“No queremos ser cabezas parlantes que se quejan del problema”, dijo Fred Sherburn-Zimmer, activista de derechos de vivienda que estuvo en el frente de las manifestaciones en contra del autobús tecnológico en diciembre y uno de los anfitriones del evento del sábado 11. “Necesitamos el espacio para poder pensar en estas ideas sobre cómo detener los desalojos”.

Los organizadores planean presentar el próximo mes las posibles iniciativas electorales en una convención municipal para inquilinos. Para poder obtener una propuesta en la boleta de noviembre, los simpatizantes deben recabar 9,702 firmas: cinco por ciento del electorado en la última elección para alcalde.

La idea que obtuvo los más votos fue la propuesta para hacer cumplir tanto la ley Ellis como la ley de desalojo por mudanza del propietario a la unidad. La ley Ellis es una ley estatal de 1985 que le permite a los caseros desalojar inquilinos para poder salirse del negocio arrendatario. La propiedad debe permanecer fuera del mercado arrendatario por al menos cinco años, lo cual disuade a los caseros de simplemente desalojar a los residentes con renta controlada y aumentar desmesuradamente la renta para los nuevos inquilinos. Los desalojos ejecutados bajo la ley Ellis en San Francisco han aumentado un 170 por ciento entre 2010 y 2013, de acuerdo con un informe provisto por el analista legislativo y el presupuesto de la ciudad.

Los proponentes del sábado quieren la imposición para asegurarse que las propiedades que han sido ejecutadas bajo la ley Ellis, en realidad sí necesitan permanecer fuera del mercado durante cinco años. En el caso de un desalojo porque el propietario se mudará a su unidad, quisieron asegurar que el propietario en realidad sí se mude a la unidad.

La propuesta ganadora también hará que la Ley Ellis sea más cara al aumentar los costos de reubicación para los inquilinos: el pago sería la diferencia entre la renta actual del inquilino y la taza arrendataria del mercado en el barrio durante cuatro años.

Por el momento, son solo ideas.

Peter Menchini, quien vive en el triángulo Duboce, declaró querer simplemente que las compañías informáticas, que han sido calificadas como la causa de la crisis de desalojo, paguen su parte justa.

“Si están aquí entonces tienen que contribuir a la ciudad, no solo apropiarse para comprarle un plazo electoral a la derecha”, le dijo a Mission Local.

Los costos de reubicación que van en aumento es una de las dos iniciativas de protección para inquilinos que el Supervisor del Distrito 9 David Campos planea proponer en la Junta de Supervisores y en la oficina del alcalde. La otra propuesta de Campos podría categorizar los montos por adquisición como desalojos para que la ciudad pueda contarlos como tales. Actualmente no hay una manera de rastrear cuántos inquilinos han aceptado dinero de sus caseros para mudarse.

“Por cada desalojo bajo la ley Ellis hay otras dos o tres montos por adquisición que no se registran”, le dijo Campos a Mission Local. Categorizar los montos por adquisición como desalojos podría restringir a los caseros el cobrar rentas al precio del mercado a nuevos inquilinos así como limitar la posibilidad de convertir el edificio en nuevos condominios, dijo.

Los puntos específicos todavía no están en el borrador, pero, el pasado 11 de enero los activistas de derechos de vivienda votaron a favor de la propuesta de Campos para contar los montos por adquisición.

Sherburn-Zimmer dijo que sin importar cuáles sean las propuestas de la coalición, la iniciativa electoral necesita poder aguantar el reto legal. “¿Por qué poner cientos de horas en algo que no se va a aprobar?”

Entre las propuestas más exageradas para las propuestas legales hubo una de hacer de Silicon Valley un lugar más culturalmente interesante, para que los trabajadores informáticos tengan un incentivo de quedarse en la bahía del sur. Cada vez que se hablaba de la idea, la sala terminaba en risas. La propuesta solo obtuvo un voto.

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Rigoberto Hernandez is a journalism student at San Francisco State University. He has interned at The Oregonian and The Orange County Register, but prefers to report on the Mission District. In his spare time he can be found riding his bike around the city, going to Giants games and admiring the Stable building.

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