“La Universidad Comunitaria de San Francisco no se va a ir a ningún lado”, fue la respuesta dada cuando casi 200 alumnos, personal docente y partidarios se reunieron para hablar de un reciente informe de acreditación que delimita que la universidad debe ponerse en forma o tendrá que cerrar en marzo de 2013.
Hace una semana, la Comisión de Acreditación para las Universidades Comunitarias o Júnior declaró que la Universidad Comunitaria tiene ocho meses para reformar su pobre liderazgo y finanzas y demostrar que vale la pena que permanezca abierta.
Desde entonces, muchos estudiantes han cuestionado que la escuela todavía esté acreditada y si deberían o no permanecer en clases durante el periodo académico del otoño, dijo la canciller interina Pamela Fisher. Sin acreditación, los grados académicos de los alumnos serían inválidos y la escuela no recibiría financiamiento público.
La respuesta, dijo Fisher, es que sí lo está y agregó que la clausura “es una realidad muy remota”.
“Vamos a corregir lo que está mal”, dijo Angela Thomas del SEIU Local 1021, el cual representa a los empleados de la Universidad Comunitaria que no necesitan certificación para trabajar.
“La amenaza es real pero vamos a lidiar con ella”, agregó Thomas, quien habló a favor del sindicato, el cual organizó la reunión junto con otro sindicato que representa a profesores universitarios.
Entre los problemas que citó la comisión de acreditación se encuentran el aumento al préstamo a corto plazo de reservas que cumplen con las necesidades, muy pocos administradores para una escuela de su tamaño (sólo 39 administradores que asisten a 90,000 alumnos en nueve campuses oficiales), un pobre programa de proceso evaluativo y un “patrón duradero de auditorías tardías financieras y gasto del déficit, el cual daña la integridad financiera de la institución”.
Asimismo, el informe encontró que el rol y la autoridad en cuanto a la toma de decisiones dentro de la universidad era confuso al obstaculizar la comunicación y resultados.
La comisión enlistó 14 áreas en las que la escuela necesita mejorar, con todo y la evaluación de eficancia institucional, el rastreo de resultados de aprendizaje estudiantil y cómo idear un mejor plan de tecnología.
Muchos en el público argumentaron que el informe era un ataque a la educación pública. Otros, incluyendo al supervisor Eric Mar, declaró que uno de los problemas principales son los recortes estatales a la educación.
La escuela ya ha hecho serios cambios para mantenerse a flote al haber aumentado los tamaños de clases, el haber eliminado clases en su totalidad, al haber aumentado la matrícula y haber negado aumentos salariales a profesores durante varios años.
Según el informe, la universidad gastó más de 92 por ciento de su presupuesto asignado en salarios y beneficios, y el ocho por ciento restante “simple y sencillamente no es adecuado para todas las operaciones y mantenimiento, por lo tanto existe la dependencia de subsidios, bonos, y otro financiamiento”. La Universidad Comunitaria tuvo un presupuesto operativo de $109 millones el año pasado.
“Creo que la acreditación es importante”, dijo Derelyn Tom, profesora en la Preparatoria Misión. “Sin embargo, el informe se basa en lo que ha encontrado en los presupuestos y no en los servicios que la escuela ofrece”. La Universidad Comunitaria ofrece un valor tremendo a los alumnos de la Preparatoria Misión que de otra manera terminarían con trabajos de baja paga, en el ejército o en la prisión, dijo Tom.
Otros temen que la comisión de acreditación tenga como objetivo a las escuelas que asisten a alumnos de bajos ingresos, y argumentaron que el hecho de que la Universidad Comunitaria gaste más de su presupuesto en profesores y personal en lugar de hacerlo en la administración no es algo malo.
La canciller Fisher declaró que la falta de financiamiento —la universidad perdió $17 millones en financiamiento estatal el año pasado— no es el problema.
“Tenemos los mismos recortes que todo mundo”, dijo Fisher. “Sólo dos de las 14 recomendaciones son sobre finanzas, y el resto fue sobre la escuela —la planeación, el avance de los alumnos. No estamos haciendo un buen trabajo, pero estoy segura que lo podemos arreglar”.
La escuela pondrá un equipo de respuesta que pueda lidiar con todas y cada una de las recomendaciones, agregó Fisher.
Muchos hablaron sobre otros recursos: un impuesto a parcelas sobre el cual se votará en la elección de noviembre, y la ganancia irá a la Universidad Comunitaria para equilibrar muchos de sus costos.
“No nos importa el apoyo financiero, pero eso resolverá nuestro problema fiscal, no la acreditación de nuestra universidad”, dijo Fisher.
Los problemas de la Universidad Comunitaria no son nuevos; la agencia de acreditación le había advertido a la escuela de algunos de los mismos problemas en 2006.
“Necesitamos arreglar algunas cosas que estuvieron rotas durante mucho tiempo, y simplemente pasamos de largo”, dijo Thomas del SEIU. “Pero ahora la luna de miel ya no existe, y no podemos ignorarlo. Tenemos que hacer algo”.
Aquéllos dispuestos a ayudar incluye a muchos alumnos y profesores en el público, como Nancy Mackowsky, quien enseña inglés como segunda lengua en el campus de la Misión.
“Muchos programas son para beneficios de alumnos de ESL y GED que no reciben asistencia en universidades tradicionales”, dijo Mackowsky, quien estuvo en la reunión para saber más sobre los pasos a seguir. “Las clases de computación —son críticas para nuestra comunidad”.
Muchos presentes en la reunión temían al impacto de más recortes y, en el peor de los casos la clausura.
“Es nuestro futuro —es una puerta abierta porque hay esperanza de que podemos aprender, hacer lo que queramos”, dijo Xiomara, una alumna indocumentada de El Salvador que espera convertirse en profesora de matemáticas algún día. “Antes de la Universidad Comunitaria, pensamos que no podríamos hacerlo”, agregó Xiomara, quien estuvo ahí con su esposo, también alumno de la Universidad Comunitaria, y sus dos hijos.
Jesús, el vicepresidente de la asociación estudiantil del campus de la Misión, se preocupa que las clases para quienes aprenden inglés se retiren en su totalidad. Siendo alumno indocumentado que necesita un año más de clases para calificar como alumno AB540 y recibir matrícula como residente del estado, a Jesús le gustaría transferirse a UC Berkeley y convertirse en ingeniero o diseñador gráfico.
“Puede tomar hasta tres años llegar a un nivel avanzado en ESL”, contestó en español en referencia a la importancia de la longevidad del programa.
Muchos en el campus de la Misión se preocupan sobre cómo el proceso de acreditación afectará a la comunidad local, dijo.
La Universidad Comunitaria tiene hasta el 15 de octubre para demostrar la competencia y responsabilidad fiscal por medio de un plan de acción que incluye aumentar las reservas financieras, el aumento de su personal administrativo, corresponder los gastos con la ganancia, destinar el financiamiento para beneficios de salud a jubilados y reducir el porcentaje de su presupuesto que va a salarios y beneficios.
“Necesitamos cambiar cómo hacemos negocios, cumplir con las normas de todas las universidad y poner esto detrás de nosotros”, dijo la canciller Fisher.