Propietarios de Negocios Temen Demandas “de Paso” por Ley para Estadounidenses con Discapacidades

La minuta de los Comerciantes de la Misión muestra una reunión con la candidata a alcaldesa Joanna Rees, así como el hacer de la calle Valencia “el carril de alta velocidad culinario de la Costa Oeste”. Sin embargo, los propietarios de negocio presentes en la reunión de martes sólo quieren hablar de una cosa: un número cada vez mayor de demandas por infracciones a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades de quienes han llamado “una serie de litigantes”.

“Hay un grupo de abogados predadores que usan la ley para su beneficio y tienen como objetivo a los negocios pequeños, en especial a los restaurantes que son propiedad de minorías”, dijo Regina Dick-Endrizzi, directora ejecutiva de la Comisión para Pequeñas Empresas de la ciudad.

La Ley para Estadounidenses con Discapacidades es una ley de derechos civiles que entró en vigor en 1990. La ley prohíbe la discriminación con base en la discapacidad y exige que los edificios sean accesibles para gente con discapacidades. Una versión revisada de la ley entró en vigor en el mes de marzo de 2011.

Una serie de quejas se le hicieron saber hace seis o siete meses a los negocios sobre la calle Misión, y ahora han regresado, dijo Dick-Endrizzi. Los restaurantes son un blanco en especial porque hay más dinero que ganar, dijo Dick-Endrizzi. Aquéllos que asistan a la reunión de hoy en Garçon parecen saber esto. El temor está en el aire. Nadie quiere que su establecimiento sea nombrado en un artículo sobre la ley para estadounidenses con discapacidades.

El nombre Frankovich surge y es como si Lord Voldemort, el brujo de magia negra de los libros de Harry Potter, hubiera entrado al lugar. Thomas Frankovich, un litigante con base en San Francisco, ha presentado demandas en contra de Chile Lindo, Café Gratitude, Elsy’s Pupusería y Mikado Sushi, entre otros restaurantes, por no ofrecer acceso a personas en sillas de ruedas.

“Hacen lo que yo llamo demandas de paso”, dijo Dwight Ashdown, especialista de acceso certificado, quien concluyó que “uno quiere ser proactivo. Les dificulta a ellos presentar una demanda”.

Los comerciantes de Noe Valley han podido evitar las demandas al hacerle saber a los miembros los pasos que pueden tomar, y los comerciantes de la Misión deberían hacer lo mismo, dijo Dick-Endrizzi. Una demanda promedio cuesta $20,000 dólares en daños, añadió.

Para guiar a los negocios por el proceso, la ciudad ha puesto una mesa en donde ofrece consejos y panfletos. El consejo más repetido: pida una inspección CASP (por sus siglas en inglés, un especialista certificado de acceso) para identificar cualquier área problemática en el edificio.

Pedir una inspección para recibir un certificado de conformidad es a menudo un buen elemento disuasivo para demandas, dijo el abogado Cris Ibarra. “Una vez que tiene a un inspector, ponen un letrero y a menudo se encargan de ello”. Una inspección muestra que el edificio reúne los requisitos de la ley ADA (ley para estadounidenses con discapacidades, por sus siglas en inglés), o que el dueño está encargándose de los problemas al hacer renovaciones.

Si recibe una aviso de queja, dijo Dick-Endrizzi, llámele a un abogado y pídale ayuda sobre cómo responder al aviso.

Un propietario de un negocio se pregunta cómo Frankovich se las ha ingeniado para salirse con la suya en agresiones legales que terminan en arreglos fuera de los tribunales y sin cambios en la accesibilidad.

“Lo único que tienen que hacer es mostrar que ha habido algún daño debido a la falta de acceso en las instalaciones”, dijo Ibarra.

Como especialistas de acceso certificado y representantes de la Asociación de Abogados de San Francisco y el Fondo de Oportunidades se han dirigido al grupo de una docena de propietarios de negocios. Todo mundo está muy callado. Las tres jarras de agua y café siguen llenas.

“El mejor ataque es una buena defensa”, dijo Carole Conn, directora de los programas de servicio público de la asociación de abogados.

Sin importar lo que decidan hacer los propietarios de negocios, tendrán que pagar. Una inspección de un especialista de acceso certificado le puede costar a un negocio del tamaño de Garçon aproximadamente $1,200. Llegar a un arreglo de una queja por ADA, por otro lado, puede costar hasta $4,000 dólares.

“Soy un delincuente porque soy un propietario de negocios”, dijo un propietario de negocios que prefirió permanecer en el anonimato.

“Todo es extorsión”, dijo un funcionario de la asociación de comerciantes. “¿Por qué un baño normal cuesta $100 dólares y un baño ADA cuesta $300? Porque tiene que comprar uno. No creo que usen más porcelana para construirlo. No me malentienda, todo mundo debería tener acceso a todo”.

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre lo que está haciendo la Comisión de Pequeñas Empresas para resolver estos problemas, dijo que “parece que podría funcionar”. Sin embargo, añadió que “estas personas no están en busca de la accesibilidad, sino que están beneficiándose de las discapacidades de la gente”.

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