Ordenanza Prohibirá Aportaciones Políticas de Sindicatos y Empresas

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Una vez más, la campaña para reformar las finanzas es artículo puntual en la boleta electoral de California.

En este ciclo electoral, la campaña por reformas se ha cristalizado en la forma de la ordenanza estatal 32, una polémica medida en la boleta electoral de noviembre creada para frenar la influencia de los intereses especiales y las grandes cantidades de dinero en California.

Si se aprueba, la ordenanza 32 alineará más de cerca las leyes de aportación estatal relacionadas con empresas y sindicatos con las leyes federales de finanzas de campañas, las cuales ya prohíben las aportaciones políticas provenientes de las dos entidades.

La medida electoral busca prohibir:

  • Las aportaciones de sindicatos y empresas a candidatos políticos.
  • Las aportaciones de contratistas gubernamentales a políticos que otorgan y revisan contratos.
  • Las deducciones automáticas de salarios de empleados del gobierno, de empresas y de sindicatos para actividades políticas.

Si la ordenanza 32 se aprueba, las implicaciones serían diferentes tanto para los sindicatos como para las empresas.

A nivel estatal, los sindicatos canalizan fondos de nómina —deducidos automáticamente de cuotas de membrecías— hacia tres actividades principales: convenios colectivos, acción legislativa y campaña política. Dicha medida le prohibiría eficazmente a los sindicatos el uso de fondos de nómina para propósitos políticos.

La medida no afectaría la ley actual que le permite a miembros del sindicato decidir no hacer aportaciones a un comité de acción política de un sindicato. Del mismo modo, no se le impediría a los empleados aportar al comité o sindicato de su empleador, siempre y cuando sea voluntario y autorizado por escrito anualmente.

Las empresas sentirían el cambio a nivel administrativo.

Actualmente, las empresas pueden aportar directamente de sus “fondos empresariales” a causas políticas sin consultar o notificar a los accionistas, de acuerdo con Bob Stern, expresidente del Centro para Estudios Gubernamentales y coautor de la Ley de la Reforma Política de 1974 de California.

Bajo la ordenanza 32, las empreas no podrán aportar de manera directa desde sus ganancias, rentas o fuentes de ingreso.

Las empresas y sindicatos por igual aportarían de manera indirecta a través de aportaciones voluntarias hechas por individuos a favor de una organización, por medio de comités independientes de gastos comúnmente conocidos como PACs (por sus siglas en inglés), o a través de organizaciones benéficas sin fines de lucro que no están obligadas a dar a conocer a sus patrocinadores.

La ordenanza 32 se ha convertido en una de las medidas más discutidas que se han puesto a votación esta elección. Los partidarios la perciben como una forma tajante de limpiar a Sacramento y de impedir que los interés especiales “compren campañas políticas”, dijo Jake Suski, vocero de la campaña Sí en la Ordenanza 32, quien subrayó la necesidad de regresar la política a las manos de los votantes.

“No hay fallas legales, no hay excepciones”, dijo Suski. “[La ordenanza 32] va tan lejos como la ley lo permite”.

Gracias al reciente fallo de la Suprema Corte, los donantes pueden aportar sumas ilimitadas a comités políticos, o super PACs, que son independientes y no coordinan con los candidatos. Los Super PACs y las entidades fuera del estado no están sujetas a las restricciones bajo la ordenanza 32.

Los opositores citan dichas exenciones como fallas legales desequilibradas que marginalizan la voz de los sindicatos mientras le permiten a los donadores acaudalados seguir respaldando a políticos.

“La reforma por definición es imparcial y conlleva a un resultado positivo. Esto no es ninguna de las dos”, dijo Steve Smith, vocero de la Federación del Trabajo de California, cuya organización representa a 1,200 sindicatos con 2.1 millones de miembros a nivel estatal.

Stern declaró que la medida es un intento por frenar los intereses especiales de ambas partes, pero que sus efectos son en gran parte antisindicales.

“A nivel estatal afectaría el equilibrio de poder en ciudades y condados en los que los sindicatos de trabajo dominan las elecciones… eso es algo bueno porque dominan dichos ámbitos”, dijo. “Sin embargo, a nivel estatal, y en algunas ciudades más grandes, cambiaría el equilibrio de poder [hacia las empresas]”.

No hay límites a las aportaciones que se hacen a comités políticos. Como resultado, las donaciones a gran escala están entrando para reforzar tanto el apoyo como la oposición a la ordenanza 32.

Se ha creado un total de 16 comités —cinco a favor y 11 en contra— entorno a la medida, de acuerdo con los informes más recientes presentados por el secretario del estado de California. Hace poco se eliminaron dos comités.

Los comités que apoyan la ordenanza 32 han recaudado más de $21 millones de dólares, menos de la mitad de los casi $47 millones que la oposición recaudó, según la misma información.

Los donadores individuales que apoyan a mayor escala la medida incluyen a Jerry Perenchio, exdirector de Univisión y donador republicano con influencia, quien donó $800,000; y Charles Munger Jr., físico de Stanford y activista republicano que donó más de $11 millones de dólares. Munger ayudó a dirigir el esfuerzo para crear el panel de ciudadanos responsable del trazo de límites distritales en 2010.

La organización sin fines de lucro y de intereses conservadores American Future Fund, la cual tiene lazos con los hermanos multimillonarios Charles y David Kock, también aportó más de $4 millones de dólares para apoyar la ordenanza.

Aunque individuos donaron grandes cantidades a favor de la ordenanza 32, la mayor parte de las donaciones a la oposición provino de organizaciones, sindicatos y comités de acción política.

AFSCME, el sindicato mdel secretario de esta a la ordenanza 32, de acuerdo con la informacirvicio donor parte de las donaciones a la oposicionarios Chás grande de empleados de servicios públicos, donó más de $3 millones de dólares; el Comité del Concejo Estatal de California para Problemas de Empleados de Servicio donó más de $5.6 millones de dólares; la Asociación de Profesores de California contribuyó más de $18 millones de dólares.

Los residentes del Distrito de la Misión no han donado a ningún comité que apoye o se oponga a la ordenanza 32, de acuerdo con la información del secretario estatal.

Aunque muchos financistas conservadores la respaldan, la medida electoral no es percibida como una enfrentación entre demócratas y republicanos.

Gloria Romero, exsenadora estatal y líder de mayoría en el senado, es ahora la directora de la sección de California para Demócratas por una Reforma Educativa y argumentó que hay un movimiento emergente de demócratas que están dispuestos a reformar los sindicatos de maestros. Su organización apoya la ordenanza 32, una posición que es inusitada de la mayor parte de comités y sindicatos con base en la educación.

Asimismo, Romero es miembro de la Asociación del Cuerpo Académico de California, la cual se opone a la medida. Romero declaró que su sindicato no encuestó a los miembros de la asociación antes de asumir una posición.

“[Las aportaciones del comité hechas por sindicatos] son un fondo de financiación que las juntas ejecutivas recaban de las bases sin consentimiento de a dónde se dirige, y apoya a candidatos que son contrarios a las necesidades de su propia membrecía”, dijo Romero.

Dos medidas similares, presentadas en 1998 y en 2005, buscaron de manera específica prohibir que los sindicatos dedujeran fondos de nómina para contribuciones políticas sin previo consentimiento por escrito de los miembros. Ambas fueron abatidas por una ligera mayoría.

Todos los comités presentarán un informe final de finanzas preelectoral el 22 de octubre.

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