Keeshemah Johnson peers out the window of the home she once shared with her partner, Maurice Austin. Her T-shirt pays tribute to Austin.

Keeshemah Johnson llevó a su pareja a la sala de emergencias durante el verano pasado. Maurice Austin había perdido el apetito y no se levantaba de la cama. Fue entonces cuando comenzó a tener dificultades para respirar. En la sala de urgencias, dio positivo en la prueba de COVID-19. 

Austin falleció el primero de agosto, menos de una semana después de que Johnson lo llevara al hospital. 

Al cabo de sólo unos días, dijo Johnson, su casero comenzó a presionarla para irse. El 15 de septiembre, recibió una notificación de desalojo que indicaba que tenía cinco días para mudarse del departamento en Hunters Point. La pareja no había añadido el nombre de Johnson al contrato de arrendamiento, algo que el dueño utilizó para asegurar que Johnson y su hijastro estaban invadiendo ilegalmente la casa que compartían con Austin.   

“Aún no lo enterrábamos cuando ya querían que nos saliéramos del departamento”, dijo Johnson.

Johnson es una de los cientos de inquilinos de San Francisco cuyos caseros han tratado de forzar a que dejen sus hogares en medio de una pandemia global. Un análisis del San Francisco Public Press de la Junta del Control de Rentas de la ciudad encontró que a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2019, los caseros solicitaron 1,226 notificaciones de desalojo. Mientras que, durante el mismo periodo pero en 2020, se solicitaron 535 notificaciones, a pesar de que siguen vigentes las suspensiones a las notificaciones de desalojo estatales y federales relacionadas con la pandemia.

Las suspensiones están diseñadas para proteger a inquilinos que no pueden pagar toda su renta o una porción debido al COVID-19. Las medidas no detienen todos los desalojos. Esto, de acuerdo con los defensores de inquilinos, hace que los inquilinos vulnerables corran un mayor riesgo de perder sus hogares. 

“La realidad principal es que los desalojos siguen sucediendo durante la cuarentena”, dijo Shanti Singh, directora de comunicaciones y legislación de Tenants Together, una organización de apoyo. “Se incrementa el acoso y se sigue sacando a las personas de sus hogares”. 

La información de la Junta del Control de Rentas, que supervisa el mercado de rentas privadas de la ciudad, indica que muchos caseros están utilizando otras razones que no son el incumplimiento con el pago de la renta — una causa principal de los desalojos, que ha sido altamente restringida debido a las suspensión de desalojos de la ciudad, estatales y federales —, para sacar a los inquilinos a pesar de que las suspensiones estén activas.  

Durante los últimos meses de 2019, solo un cuarto de las notificaciones de desalojo citaron “violaciones por perjuicios”, o problemas de salud y seguridad. Mientras que el número de reportes por perjuicios no tuvo una variación importante en el mismo periodo durante 2020, representó la mitad de todas las notificaciones que se solicitaron, mientras que las de otras categorías disminuyeron.

Otras causas que se citaron en 2020 incluyeron el incumplimiento de contratos de renta (15%), la Ley Ellis, una ley estatal que permite a los caseros desalojar a sus inquilinos aún si sacarán su propiedad del mercado de renta (9%), y el incumplimiento del pago de la renta (7%)

A pesar de los cientos de notificaciones de desalojo que se han registrado durante la pandemia, la Asociación de Edificios de Departamentos de San Francisco, que representa a los caseros, dijo que sus miembros están enfocados en la pérdida de ingresos que se ha dado como resultado de la cantidad de inquilinos que han dejado la ciudad desde marzo.  

“No creo que nadie quiera desalojar a sus inquilinos en un mercado como el que estamos ahora”, dijo Janan New, directora ejecutiva de la asociación. “Tenemos una tasa del 25% de vacantes”.  

Los inquilinos presentaron menos quejas por desalojos injustificados antes la Junta del Control de Rentas durante los primeros 10 meses de la pandemia. Esto indica que las medidas para proteger a los inquilinos están teniendo algún impacto. Los inquilinos presentaron 68 quejas de este tipo entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, contra 186 que se presentaron en el mismo periodo de 2019. 

Los defensores de los inquilinos dicen que la información no captura las muchas tácticas que utilizan los caseros para presionar a sus inquilinos a irse, incluyendo acoso y bloqueos de acceso a la propiedad.

“No parece haber una recolección o evaluación coherente de la situación actual”, dijo Singh, de Tenants Together. “¿Cómo se puede comunicar la urgencia de la crisis? 

Los distritos más pobres están entre los más afectados

De acuerdo con el análisis del Public Press, más de 1 de cada 4 notificaciones de desalojo de un vecindario identificado se enviaron en los distritos de la Misión y Tenderloin. Ambos vecindarios alojan a muchos de los inquilinos de bajos recursos. 

Además una gran cantidad de las notificaciones también se emitió para los vecindarios con mayoría de residentes Negros, incluyendo Bayview-Hunters Point y los distritos de South of Market. 

El nombre de Keeshemah Johnson no se encontraba en el contrato de arrendamiento de la casa que compartía con Maurice Austin. Ella pudo defenderse del intento de desalojo después de que él falleciera

Va a “haber desalojos en muchos de los vecindarios con una mayor proporción de hogares de color, en particular de familias Negras, y particularmente en hogares de bajos recursos”, dijo Tim Thomas, un investigador del Urban Displacement Project (Proyecto de Desplazamiento Urbano), una iniciativa de investigación de la UC Berkeley que monitorea la gentrificación. “Esta es la trifecta de los lugares en donde se dan más los desalojos”. 

En 2018, los votantes de San Francisco aprobaron la Proposición F que permite asistencia legal gratuita para los inquilinos que se enfrentan al desalojo. De acuerdo con información del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía (Mayor’s Office of Housing and Community Development), las organizaciones de ayuda legal que recibieron fondos a partir de esta medida dieron ayuda a al menos 328 inquilinos entre marzo y diciembre de 2020.  

La mayoría de los inquilinos que buscaron dicha ayuda son personas de muy bajos ingresos y un tercio de ellos son Latinos. Setenta solicitudes de apoyo vinieron de inquilinos del Distrito de la Misión, que es casi el doble que las de cualquier otro vecindario. 

“La población que menos puede manejar un desplazamiento durante la pandemia es la misma que está más propensa a ello”, dijo Ora Prochovnick, directora de litigaciones y políticas en la Cooperativa para la Defensa contra el Desalojo  (Eviction Defense Collaborative) que recibe fondos de la Proposición F. “Cuando se desaloja a personas de muy bajos ingresos, por lo general terminan en la calle.”

“No estábamos preparados”

Johnson y Austin fueron novios de la preparatoria que se reencontraron después en su vida. Habían tenido una relación a distancia por años. Ella se mudó de Texas a San Francisco en 2019 para cuidar de Austin, quien había sufrido varias embolias. Ella encontró un trabajo como maestra de preescolar, mientras que él recibía un cheque por discapacidad. 

Keeshemah Johnson muestra una foto de su pareja, Maurice Austin, quien falleció en agosto a causa del COVID-19.

Una vez viviendo juntos, Johnson constantemente hacía los apgos de la renta en persona. Su casero,  Northridge Cooperative Homes, es dueño del complejo de viviendas subsidiado por el gobierno. La pareja había planeado añadir el nombre de Johnson al contrato cuando Austin enfermó de COVID-19..

“Todo fue tan repentino. No estábamos preparados”, dijo Johnson.

Cuando Northridge Cooperative Homes presentó una acción legal contra Johnson, dándole cinco días para vaciar su departamento, ella buscó asistencia legal. Según los documentos de la corte que revisó el San Franciso Public Pres, lsa compañía afirmaba que Johnson estaba invadiendo la propiedad ilegalmente.

“Cuando los notifican, muchos de los inquilinos no saben que tienen derecho de ver todo el procedimiento de la corte e ir a juicio antes de tener que mudarse”, dijo Dyne Biancardi, abogada de Open Door Legal que representa  a Johnson.

En octubre, la pelea por el desalojo de Johnson llegó a la corte. Biancardi argumentó que las declaraciones de Northridge Cooperative Homes incluían errores que restaban validez a la demanda. En enero, una corte de vivienda desestimó el caso. 

En un comunicado por escrito al Public Press, el abogado del propietario Vernon Goin dijo, “A causa de las circunstancias y el impacto causado por el COVID-19, Northridge eligió pausar la recuperación de posesión sobre la Unidad y no tomará más acciones legales”.

Por ahora, Johnson podrá quedarse en su hogar y vivir su luto rodeada de sus recuerdos y fotografías de Austin. 

“Estoy tranquila,” dijo Johnson. “Estoy agradecida de estar aquí y de que podremos sanar en una forma saludable”.

Frank Bass contribuyó con este reportaje.

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