Traducción por: Neus Valencia
La Junta de Supervisores aprobó por unanimidad una legislación de emergencia que exige que el gobierno de la ciudad proporcione más baños públicos y estaciones para lavarse las manos en toda la ciudad con el fin de mitigar la propagación de COVID-19.
El Supervisor del Distrito 6, Matt Haney, describió que es un “derecho humano básico” que todas las personas de la ciudad que estén sin hogar o que simplemente necesiten acceso a los baños, lo tengan, especialmente durante un estado de emergencia.
De los 24 baños públicos “Pit Stop” de toda la ciudad que estaban disponibles antes de la orden de resguardo en casa, sólo tres estuvieron abiertos las 24 horas. Desde que comenzó la orden de resguardo en casa, se dispusieron de otros 15 “Pit Stop”, que están abiertos las 24 horas del día.
Wesley Saver, gerente de políticas de GLIDE, un proveedor de servicios sociales ubicado en Tenderloin, estimó que la ciudad necesita “aproximadamente 65 baños adicionales” para atender a más de 5,100 personas en situación de calle.
Saver dijo que, aunque el gobierno de la ciudad tiene órdenes de cumplir y proporcionar a los residentes recursos para practicar los protocolos de distanciamiento social y de limpieza de manos, “no ha llegado a ordenar que se proporcionen baños y estaciones de lavado de manos”.
Haney dijo que esta legislación cambiará esto.
Se requiere de un baño por cada 50 personas sin hogar. Deben estar a menos de 1000 pies de un campamento y abiertos las 24 horas del día en “áreas de mayor necesidad”, dijo Haney. Mencionó que la legislación creará al menos 49 lugares con baños disponibles en toda la ciudad. Actualmente, hay 25.
La Junta de Supervisores también aprobó unánimemente resoluciones que instan al gobierno de la ciudad a ampliar el apoyo a trabajadores esenciales de organizaciones sin fines de lucro; y a agregar más sitios de pruebas y clínicas en las áreas más afectadas por el COVID-19. Otras medidas incluyeron una resolución para implementar el Voto por Correo (VBM) para todos los residentes y una que instaba a los legisladores federales a aprobar una ley que cancelara los pagos de alquiler e hipoteca durante la pandemia.
En una resolución para proporcionar incentivos y pruebas gratuitas de COVID-19 a los trabajadores sociales que prestan servicios a personas en situación de calle de la ciudad se cita que “la gran mayoría” de ellos “ganan entre $16.50 y $24.00 por hora”, lo cual está “muy por debajo del salario medio local”.
Según la resolución, la Agencia de Servicios Humanos (HSA, por sus siglas en inglés) solicitó “personal urgente” para hacer frente a las operaciones de emergencia de la ciudad en hoteles, lugares de reunión y más sitios alternativos de alojamiento. Aunque la HSA ya prometió pagar a los trabajadores de servicios en situaciones de desastre una tarifa de 24 dólares por hora, la resolución alienta a los departamentos de la ciudad a proporcionar más incentivos financieros.
También exige al gobierno de la ciudad proporcionar pruebas gratuitas de COVID-19 para todos los trabajadores de servicios sin fines de lucro, lo que ya debería estar cubierto por el programa de pruebas universales gratuitas para todos los trabajadores esenciales en toda la ciudad, que se anunció el lunes.
Los trabajadores esenciales pueden registrarse para hacerse la prueba a través de la página web de CityTestSF o llamando al 311 antes de ir a cualquier sitio de pruebas.
La Junta de Supervisores también adoptó unánimemente una resolución que insta al Departamento de Salud Pública a establecer sitios de pruebas emergentes y clínicas adicionales de atención de campo en las zonas con las tasas más altas de infección por COVID-19. También recomienda que se amplíen las actividades para informar a la población y realizar las pruebas en lugares de reunión, además de que se coloque a las “personas sin hogar que sean capaces de cuidarse a sí mismas en hoteles para prevenir una mayor transmisión a la población ya vulnerable que vive en las calles”.
La resolución será sometida a la consideración del Departamento de Salud Pública.
El martes en una reunión de la junta, los 11 supervisores copatrocinaron y votaron para que se adopte una resolución que insta al Gobernador Gavin Newsom y al Secretario de Estado Alex Padilla a implementar reformas electorales en todo el estado para las próximas elecciones presidenciales de noviembre, específicamente para proporcionar boletas de Voto por Correo (VBM) a cada votante registrado.
“La mayoría de los californianos ya utilizan de forma segura el VBM, y nadie debería tener que elegir entre su salud y su derecho a votar”, escribieron Christina E. Fletes-Romo y Brittany Stonesifer, ambas abogadas de derecho electoral de la ACLU Northern California, en apoyo a la resolución.
Asimismo, los supervisores aprobaron unánimemente una resolución que apoya la Ley de cancelación de alquileres e hipotecas de 2020, cuyo autora es la representante Ilhan Omar (D-Minn.).
Esa Junta de Supervisores enviará ahora la resolución aprobada a las congresistas Nancy Pelosi y Jackie Speier y las senadoras Dianne Feinstein y Kamala Harris, para pedirles que apoyen la legislación federal.