Traducción por: Neus Valencia

La alcaldesa London Breed recibió esta mañana una carta de requerimiento – diligencia preliminar que se realiza antes de una posible demanda – en la que se insistía que cumpla con la ordenanza aprobada unánimemente por la Junta de Supervisores para conseguir 8,250 habitaciones de hotel y alojar a las personas vulnerables sin hogar en alrededor de 7,000.

La fecha límite del 26 de abril para la entrada en vigor de dicha ley hace tiempo que pasó, Breed se negó a firmarla y ha declarado abiertamente que no tiene intención de cumplirla. La ciudad ha obtenido, según su propio recuento, 2,373 habitaciones de hotel. Las personas en situación de calle están alojadas en 1,053 de éstas; 1,210 están vacías.

La carta fue redactada por el Comité de Abogados para los Derechos Civiles en representación de su cliente pro bono, la Coalición de Servicios para Personas Sin Hogar. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos también aparecieron en el membrete de la carta.

Además de ignorar la legislación de emergencia aprobada por los supervisores, la carta de requerimiento también retoma lo que hizo Breed al rechazar la propuesta de una empresa externa que planteaba realizar pruebas de COVID-19 a cada habitante de los albergues, de forma gratuita, y en su lugar supuestamente redirigió este esfuerzo a los centros de enfermería especializada – una historia que se reportó la semana pasada en Public Press.

“La negativa del gobierno de la ciudad de tomar medidas adicionales, exigidas en la legislación, que tienen por objetivo reducir la propagación de este virus mortal en la comunidad, está poniendo en peligro las vidas de las personas sin hogar y la comunidad en su conjunto”, texto de la carta de requerimiento, redactada por la directora legal del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, Elisa Della-Piana y su colega Victoria Larson.

Esta carta fue enviada por correo electrónico a la alcaldesa, al fiscal de la ciudad, a los 11 supervisores y a otros funcionarios de la ciudad este martes por la mañana. Cuestión que no resultó ser inoportuna entre algunos de los legisladores que escribieron y aprobaron la ordenanza de emergencia.

“Nuestro trabajo es legislar aquí en San Francisco y el trabajo del poder ejecutivo es hacer cumplir la ley”, dijo el supervisor Shamman Walton. “Aprobamos unánimemente esta legislación y debería ser apoyada por el poder ejecutivo de este gobierno”.

El supervisor Matt Haney añadió que “la alcaldesa fue muy abierta en cuanto a ignorar la ley. Así que no creo que sea una gran sorpresa que algunas personas estén tomando otras acciones y amenazando con demandar al gobierno de la ciudad”.

De hecho, ésta parece ser una industria en crecimiento. Ayer, UC Hastings presentó una demanda contra el gobierno de la ciudad por las condiciones miserables en Tenderloin durante la crisis de COVID-19.

Como Mission Local ya lo ha reportado a lo largo de esta controversia legislativa acerca de los hoteles, los alcaldes de San Francisco tienen la facultad de rechazar la legislación – incluso si es una legislación aprobada por una mayoría a prueba de veto – simplemente negándose a gastar el dinero subyacente.

“Ciertamente, ésta no es la primera vez a nivel local, estatal o federal que el jefe del poder ejecutivo ignora la ley debidamente aprobada por el poder legislativo”, dijo el Supervisor Aaron Peskin. “Esto ha sucedido repetidamente en todo nuestro país en todos los niveles de gobierno. … Cuando una mayoría a prueba de veto del poder legislativo promulga una ley, el ejecutivo debe aplicar esa ley con toda la debida rapidez. Eso sería un gobierno en el mejor de los casos, pero que eso no suceda, tampoco quiere decir que se pueda acudir a los tribunales y demandar al alcalde”.

No obstante, alguien más podría hacerlo.

Della-Piana dice que el objetivo aquí no es una demanda: “La negativa de la alcaldesa a cumplir la ley está poniendo innecesariamente en riesgo la vida de las personas”, señaló.

En cuanto a si un alcalde está obligado o no a cumplir la ley según nuestro sistema, eso es más complejo. “Los alcaldes han hecho esto y se han salido con la suya anteriormente”, dice Della-Piana. “Hay una ley, la alcaldesa está decidiendo violarla. Entiendo que en algún sentido eso puede ser su prerrogativa. La pregunta es: ¿Es ilegal en este momento?”

La urgencia de la situación importa, continuó Della-Piana. “Hay muchas veces en que el gobierno no cumple la ley y nadie los demanda, y también muchas veces cuando nosotros lo hacemos”.

Además, alegó que la incapacidad de la ciudad para realizar pruebas a los habitantes más vulnerables en las calles y los albergues, así como la desviación de las pruebas planificadas para la población de los albergues a residentes de los asilos, violaba el artículo 17000 del Código de Bienestar e Instituciones de California.

Según Della-Piana, al no realizar estas pruebas de COVID-19, el gobierno de la ciudad fue negligente en su deber de “aliviar y apoyar a todos las personas incapaces, pobres, indigentes, así como a aquéllos incapacitados por edad, enfermedad o accidente, que residen legalmente en el territorio”.

Con la reserva de la ciudad, los fondos federales y estatales para reembolsar a San Francisco las habitaciones de hotel y un plan elaborado por la Junta para dotar de personal a los hoteles, Della-Piana sostiene que alojar a miles de personas más sin hogar está dentro de los medios y la capacidad de la ciudad.

“Hemos estado tratando frenéticamente de que el gobierno de la ciudad se mueva lo más rápido posible y ha sido como golpearse la cabeza contra un muro de ladrillos, una y otra vez”, dijo la directora ejecutiva de la Coalición de Servicios para las Personas Sin Hogar, Jennifer Friedenbach. “Espero que este tipo de acción legal pueda generar la voluntad política necesaria para hacer que las cosas sucedan”.

La oficina de la alcaldesa aplazó nuestra petición de un comentario del fiscal de la ciudad, pero defendió sus esfuerzos para colocar a los individuos en hoteles y aumentar los esfuerzos de realizar pruebas. La Fiscalía de la Ciudad aún no nos ha enviado ninguna declaración, pero la incluiremos a esta nota siempre y cuando lo haga.

Della-Piana dijo que espera algún tipo de respuesta dentro de siete días y espera la oportunidad de sentarse a discutir con la Fiscalía de la Ciudad acerca de “cuáles son los desafíos y lo que es posible … no queremos excluir ningún resultado bueno o mejor de lo que tenemos ahora que podría provenir de esto”.

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