Ese viernes era como cualquier otro para Leticia Calderón: acababa de dejar a su hija en un programa extracurricular e iba de regreso a su departamento estudio en el 3315 de la calle 18.
Sin embargo, cuando abrió la puerta la rutina llegó a un final. El ruido del agua saliendo a borbotones provenía por debajo del lavabo de la cocina y amenazaba con interrumpir sus vidas durante varios meses.
Esta es la historia de un edificio en donde los inquilinos se unieron para exigir sus derechos ante el casero, quien no estaba familiarizado con los derechos de inquilinos o que no estaba dispuesto a aceptarlo. Al principio, Wael Mufarreh, el casero, le dijo a los inquilinos que tenían que salirse de sus departamentos durante dos meses bajo su propia responsabilidad. Los inquilinos sintieron que salirse para que se hicieran las reparaciones era el primer paso en librarse de ellos, así que se reunieron, consultaron con organizaciones de derechos de inquilinos y le pusieron en claro al casero que sabían cuáles eran sus derechos.
“Los inquilinos de los tres departamento se unieron y dijeron no nos vamos a ir”, dijo Brenda Delgado, inquilina del departamento nueve. “La inspectora vino e hizo la inspección y [la organización de inquilinos] envió una carta que nos ayudó mucho”.
Ambos inquilinos y el casero se comprometieron en acordar una situación en donde no se tengan que ir por dos meses; pero no fue fácil y las negociaciones han tenido consecuencias en los hijos de Calderón.
Ese viernes de mediados de enero, Calderón no estaba segura de qué hacer. Finalmente, llamó al administrador, quien a su vez llamó al casero. Cuando el administrador llegó después de 25 minutos cerró la toma de agua. “Fueron unos 25 minutos eternos”, recordó.
El daño ya estaba hecho. El departamento estudio 16, en donde Calderón comparte el espacio con su esposo y sus dos hijos adolescentes, estaba inundado hasta ocho pulgadas, posiblemente con agua de drenaje, según indican documentos. El departamento necesitará una nueva alfombra y limpieza para eliminar el olor a humedad.
El agua se traspasó a los departamentos debajo de ellos, en el segundo y primer piso. La azotea del segundo piso en el departamento nueve se había colapsado. Además, necesita una nueva alfombra, de acuerdo con los documentos de inspección del edificio.
Al principio, el casero le dijo a los inquilinos de los departamentos tres, nueve y 16 que debían irse por dos meses. La reacción inmediata de Calderón fue hacer llamadas para buscar vivienda. Se puso en contacto con un refugio en el Tenderloin, en donde le dijeron que no tenían nada disponible.
Mufarreh le dijo que no le importaba a dónde fueran, de acuerdo con Calderón, pero que tenían que irse. La familia de cuatro estaba en la calle buscando hoteles en la Misión hasta que por fin terminaron quedándose en la casa de una amistad.
“[El casero] llamó a la Cruz Roja pero le dijeron que no era un problema que lo ameritaba”, dijo.
Sin embargo, para Calderón sí lo era. La inundación interrumpió el delicado acto de equilibro que tiene entre trabajar algunos días a la semana limpiando casas y criar a dos hijos adolescentes de 13 y 14 años de edad, respectivamente. Calderón regresó al día siguiente porque el departamento se había secado. Todavía faltaba trabajo por terminar en la casa, pero decidió quedarse porque simple y sencillamente no tiene el dinero para mudarse a otro lado.
No obstante, las peticiones para que se fuera continuaron.
“Básicamente, lo único que estoy pidiendo es que se salgan de las unidades durante dos semanas para lo que sea que se tenga que hacer”, dijo el casero. “No los estoy desalojando”.
Aunque el casero se refirió a veces a dos semanas, los inquilinos recibieron cartas del casero en donde les pedía que se fueran durante dos meses. “Necesitan irse de la unidad dos meses; una vez que las reparaciones estén hechas podrán regresar bajo la misma renta”, decía la carta.
La disputa principal entre los inquilinos y Mufarreh se convirtió en los costos de reubicación temporal. Mufarreh declaró que no era su responsabilidad, pero la ley de San Francisco dice lo contrario. Los caseros deben pagar hasta $4,500 por costos de reubicación por cada inquilino, y en el caso de Calderón, Mufarreh debe pagar un monto adicional de $3,000 porque hay dos menores en la unidad. Si la reubicación es por menos de 20 días, entonces el casero deberá pagar $275 al día por inquilino, de acuerdo con la Junta Arrendataria de San Francisco.
Los inquilinos respondieron a la insistencia de Mufarreh de tener que irse con asesoría de defensores de inquilinos, y más tarde lo argumentaron con cartas redactadas por Causa Justa, una organización sin fines de lucro para la vivienda.
En sus cartas, los inquilinos le recordaron a Mufarreh que debía pagar los costos de reubicación.
“Es la ley”, dijo Tommi Avicolli Mecca, del Comité de Derechos de Vivienda. “Cuando los inquilinos llegaron, el casero establece la renta, la que incluye costos de mantenimiento del edificio”.
Hace una semana, el casero regresó al edificio e inspeccionó el trabajo a realizarse y declaró que Calderón podría quedarse en el departamento mientras se hacen las reparaciones.
Calderón y su familia llegaron al departamento en 1996, y pagan $800 al mes en renta. Encontraron el lugar después de haber sido desalojados de un departamento en las calles 20 y Folsom
Calderón declaró estar dispuesta a ir a otro lugar, como recomendó el Departamento de Inspección debido a preocupaciones de salubridad, pero no tienen los recursos para encontrar una vivienda temporal o permanente.
“No tengo el dinero para ir a otro lugar”, dijo Calderón. “La noche de la inundación gastamos $50 solo en la cena. Imagínese”.
Mufarreh compró el edificio de tres pisos y 19 unidades en 1999 por $1.395 millones de dólares, y en lo que va del año, los inspectores del edificio le han dado cuatro infracciones.
Las infracciones varían entre alarmas antiincendios descompuestas a un aviso para arreglar el techo colapsado, según indican los documentos.
Dos de los avisos se emitieron después de la inundación de enero. Uno de ellos data de 2010 y el otro de 2012, ambos avisos previos faltan por ser resueltos.
Mufarreh se negó a entrar en detalles sobre los avisos de infracción, al decir nada más que “son todas cosas menores”.
Una de las más serias proviene de la inundación del 17 de enero y del daño que el agua creó. El aviso fue colocado el 11 de febrero, 25 días después de que la tubería se rompiera. El aviso le exige al casero reemplazar el techo colapsado, limpiar y resolver cualquier problema de goteras en la plomería porque el agua puede provenir de las alcantarillas.
El casero tuvo diez días para terminar el trabajo o arriesgaba multas administrativas de $104 dólares la hora por administración del caso a $170 dólares por inspección.
El trabajo está en proceso en el segundo piso, en donde el techo está siendo reemplazado en la unidad nueve; además, instalaron una alfombra en el departamento de Calderón.
Los inquilinos de los departamentos nueve y tres han permanecido en sus unidades aunque al principio les dijeron que debían mudarse. Están satisfechos de haberse quedado durante las reparaciones, ya que no han tenido que buscar vivienda. En cuanto a Mufarreh, no tendrá que pagar costos de reubicación.
“La primera vez que nos dijo que nos teníamos que ir”, dijo Edy Magaña, una de las inquilinas en la unidad del número tres, “cambió su tono y dijo que nadie se tenía que ir”.
Calderón comentó que el incidente ha afectado a su hija de catorce años emocionalmente.
“Sé que tiene miedo”, dijo. “Todas las noches me pregunta: ¿qué va a pasar mañana?”
Otras organizaciones de inquilinos:
The San Francisco Tenants Union
Causa Justa/Just Cause
Housing Rights Committee