A pesar de que los simpatizantes de derechos de inmigrantes en el Ayuntamiento cantaban consignas de “¡Sí, se puede!”, nadie hubiera sabido que la legislación aprobada el martes pasado no era todo lo que querían.
La Junta de Supervisores tomó un voto unánime para limitar cuándo se puede detener 48 horas adicionales a los inmigrantes indocumentados; no obstante, el voto fracasó en eliminar las detenciones en general.
“El hecho de que hayamos aprobado esta ordenanza el día de hoy envía un mensaje muy claro de que la gente no debe tener miedo”, dijo David Campos, Supervisor del Distrito 9, en referencia a los inmigrantes indocumentados que temen ser deportados. Cuando la medida se aprobó, Campos y la persona que inicialmente propuso la ordenanza, John Ávalos del Distrito 11, levantaron las palmas para chocar los cinco.
Hasta el martes pasado, la policía podía detener a inmigrantes indocumentados durante dos días después de habérseles asignado fianza o haber cumplido una condena. El Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pedía las detenciones para acceder a búsquedas de huellas digitales, ver si el sospechoso era indocumentado y si se le había arrestado a dicha persona anteriormente. Las detenciones son parte del programa federal Secure Communities creado para encontrar y deportar a inmigrantes indocumentados.
Con la nueva legislación, las autoridades tendrán permiso de detener a inmigrantes indocumentados 40 horas adicionales bajo dos condiciones: que el sospechoso haya sido condenado por un delito violento en los últimos siete años y que se le haya acusado con otro delito violento como homicidio o agresión sexual.
Legalmente, los ciudadanos o inmigrantes indocumentados que han sido acusados con los mismos delitos mayores no son elegibles para que se les detenga tiempo adicional si un juez les ha dado la libertad.
Ahora en San Francisco, los antecedentes penales no violentos no contarán si se han eximido los antecedentes del sospechoso. Antes de que se detenga a alguien para ICE, los agentes también deberán considerar otros factores incluyendo la rehabilitación y los lazos de la persona con la comunidad.
La propuesta original del Supervisor Ávalos llamada “Debido Proceso para Todos” tenía el objetivo de eliminar por completo las detenciones de ICE en San Francisco. Jane Kim, la Supervisora del Distrito 6, hizo cambios al plan de Ávalos como una concesión entre los que apoyan las detenciones de ICE y los que no querían detenciones en absoluto.
“Ya me había enojado hace unas semanas, sabiendo que íbamos a tener que hacer algunos cambios”, dijo Ávalos después de la audiencia. “La realidad política es que solo íbamos a poder presentar una medida muy fuerte que tuviera algunas excepciones”.
Organizaciones como Mujeres Unidas y Activas y Asian Americans Advancing Justice, del Grupo Asiático de Derecho temen que las limitadas modificaciones al plan de Ávalos relajen la voluntad de la comunidad para llamar a la policía en caso de ayuda, ya sea para denunciar un delito o para fungir como testigo.
Actualmente, el 70 por ciento de los inmigrantes indocumentados que son víctimas de delitos en los Estados Unidos dudan en contactar a las autoridades por temor a ser deportados, de acuerdo con un informe que los supervisores prepararon.
A las excepciones se les refiere como exclusiones o carve outs.
Don Wilson, presidente de la Asociación del Alguacil Auxiliar de San Francisco, escribió una carta a la Junta de Supervisores en apoyo de las exclusiones “como tema de seguridad pública”. Wilson escribió que “nadie es buscado, y a nadie se le toman huellas digitales aparte de los delincuentes procesados en la cárcel del condado”.
En un estudio publicado este año por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Syracuse, casi la mitad de la gente que ICE ha detenido en el año fiscal de 2012 y en los primeros cuatro meses de este año fiscal, no tuvieron delitos penales registrados. El análisis muestra que menos del 15 por ciento de aquellos detenidos representaban una grave amenaza.
“Tenemos que tener fe en nuestro sistema de justicia penal. No se puede mezclar con nuestro sistema inmigratorio si es que va a funcionar de manera apropiada”, dijo Ariana Gil Nafarrate quien trabaja para Mujeres Unidas como coordinadora de difusión.
Nafarrate opina que ICE tiene otras formas de rastrear a delincuentes indocumentados y que no necesitan a la ciudad para ayudar a deportar a gente. “San Francisco tiene recursos limitados y ICE está muy bien financiado y están haciendo su trabajo muy bien”.
Más de 780 inmigrantes han sido deportados de San Francisco desde que Secure Communities comenzó en junio de 2010, explicó Chan. De acuerdo con Gil Nafarrate, la ciudad gasta aproximadamente $100 dólares cada día que se detiene a un inmigrante para ICE.
“No veo ningún tema de derechos civiles con detenerlos [a los inmigrantes indocumentados] durante 48 horas adicionales”, dijo Harmeet Dhillion, directora del Partido Republicano de San Francisco y vicepresidenta del Partido Republicano de California. “Cada persona que está en el país ilegalmente está quebrantando la ley cada día”.
Dhillion cree en la necesidad que hay de una amplia reforma inmigratoria, no necesariamente una amnistía sino una mejor manera de hacer que los indocumentados se conviertan en ciudadanos. “Estamos creando una clase marginal que está siendo explotada”.
Aunque es partidario de un pequeño gobierno, declaró que queda en el Congreso y en la Casa Blanca cambiar la legislación inmigratoria y que San Francisco no debería asumir la responsabilidad.
“En realidad no estamos asumiendo la responsabilidad de reajustar la inmigración, lo único que estamos diciendo es que los recursos limitados de San Francisco no deberían usarse para hacer el trabajo de ICE”, dijo Gil Nafarrate.
Chan estuvo satisfecha con lo limitado que se redactaron las modificaciones aprobadas el martes, aunque se monitoree la implementación. La vigilancia redactada en los carve outs o exclusiones necesitarán que un alguacil realice una revisión anual e informen cada vez que hayan decidido detener a un inmigrante para ICE. Asimismo, redactado en la medida modificada se encuentra una fecha de expiración para los cambios: tres años, o antes, si se pone en marcha una reforma inmigratoria amplia.
Mientras tanto, los activistas dedicados celebrarán la victoria parcial antes de regresar a trabajar. “La constitución protege a todo mundo”, dijo Gil Nafarrate. “No se trata de documentado o indocumentado”.
