No era la primera vez que su pareja la golpeaba, pero en octubre de 2010 Norma por fin levantó el teléfono y llamó al 911. En lugar de haber obtenido la ayuda que esperaba, la residente indocumentada de San Francisco fue detenida bajo el Programa de Comunidades Seguras del gobierno federal.
“No sé si usted tiene familia o si tiene niños o si alguna vez se ha detenido a pensar cómo sería si no pudiera regresar a su casa a sus hijos”, le dijo Norma a miembros de la Junta de Supervisores en la reunión del día jueves para el Comité de Seguridad Pública.
Norma, quien habló en español, fue una de las más de 30 residentes de San Francisco que decidió hablar a favor de una resolución iniciada por Eric Mar, Supervisor del Distrito 1.
La resolución desalentaría al Departamento del Alguacil de San Francisco así como al Departamento de Libertad Vigilada de Menores para que usen fondos locales al responder a retenciones que realiza la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) —lo cual se refiere a documentos que le piden a los agentes del orden público local que retengan a un individuo para que ICE busque su detención.
El Comité de Seguridad Pública aprobó de manera unánime la resolución, la cual escuchará la Junta de Supervisores para que llegar a un fallo final el martes 13 de diciembre. Ya hay cinco supervisores que firmaron como copatrocinadores de la resolución, pero los partidarios han señalado necesita más sustento.
Bajo el Programa de 2008 para Comunidades Seguras, los agentes federales de inmigración dependen de las ciudades para que ratifiquen sus peticiones de toma de huellas digitales y así detengan a inmigrantes que son indocumentados. El objetivo establecido del programa es identificar y deportar a inmigrantes ilegales que han sido condenados por delitos graves.
No obstante, las ciudades sienten frustración ante el programa porque las deportaciones han llegado más allá de los grandes delincuentes. El sitio en línea de la oficina de Aduanas e Inmigración muestra que 104,464 inmigrantes ilegales fueron deportados bajo el programa de Comunidades Seguras desde que se comenzó en 2008. El 73% han sido arrestados por delitos menores o no se les ha condenado por ningún delito en absoluto.
“Programas como S-Comm hacen que los barrios sean menos seguros porque impiden que la gente interactúe con la policía”, dijo David Campos, Supervisor del Distrito 9, quien ha copatrocinado la resolución. “Si usted vive en la Misión y ha sido la víctima de un delito y tiene a un testigo indocumentado, querrá que hablen y le digan a la policía lo que vieron”.
Como resolución, la política no sería obligatoria legalmente y es dudoso que tenga un gran impacto.
Pero si se aprueba, la resolución percibirá el apoyo del Departamento del Alguacil. El Alguacil Michael Hennessey ya se mostró en gran medida en contra de Comunidades Seguras, así como Ross Mirkarimi, Supervisor del Distrito 5, quien hace poco fue elegido para reemplazar a Hennessey como alguacil. El Departamento de Libertad Vigilada de Menores no ha asumido ninguna posición en el pasado contra Comunidades Seguras.
“Espero que en algún momento a futuro esto se convierta en una ordenanza”, dijo Renee Saucedo del Centro Legal de La Raza en una reunión. “Queremos ver una política que sea obligatoria una vez de que se convierta en algo políticamente posible”.
El Comité para la Defensa de los Derechos de Inmigrantes se acercó al Supervisor Mar con una idea para una resolución, bajo el entendimiento de que una resolución en lugar de una ordenanza sería más fácil de aprobar, dijo Lorena Melgarejo, directora de compromisos cívicos en CARECEN —institución que se encuentra en el Distrito de la Misión.
“Este es un paso en la dirección apropiada, algo que podemos ganar para comenzar a construir los cimientos”, dijo Melgarejo y agregó que el comité cree que perder la batalla por una ordenanza hubiera sido un paso atrás para los derechos de inmigrantes.
San Francisco no tiene ninguna obligación de cumplir con Comunidades Seguras. En cuanto al Código de Regulación Federal, las personas que realizan las retenciones para ICE son sólo peticiones del gobierno federal, no requisitos legales.
San Francisco ha cumplido voluntariamente con Comunidades Seguras en el pasado, pero en junio el Departamento del Alguacil comenzó a dar a conocer delitos indocumentados de bajo nivel de la cárcel incluso si los agentes federales pedían que se les detuviera.
Sin embargo, el Departamento de Libertad Vigilada (JPD, por sus siglas en inglés) para Menores se ha mostrado más conservador en cuanto a derechos de los inmigrantes.
“No tendría sentido para el JPD ser más protectores de los menores, pero desafortunadamente no lo han sido”, dijo Angela Chan del Centro de Derecho Asiático, principal impulsor de la resolución.
En 2009, la Junta de Supervisores aprobó una ordenanza impulsada por Campos que le pedía al orden público que entregara a los menores indocumentados a ICE después de que un juez hubiera ratificado un cargo por delito mayor. Nunca entró en vigor del todo, y bajo las instrucciones del Alcalde Ed Lee, el Departamento de Libertad Vigilada continúan denunciando a menores no acompañados a ICE después de haberlos arrestado.
Aunque la resolución actual no habla de la ordenanza de Campos, sí dice que San Francisco no debería usar dinero municipal ni del equipo para hacer el trabajo de agentes de inmigración.
Campos precisó haber visto que los dos temas están relacionados, y no está contento de que su ordenanza de 2009 todavía se tenga que poner en vigor por completo. Sin embargo, subrayó que Comunidades Seguras, la cual incluye adultos y menores, es un tema por separado del que necesita hablarse con su propia resolución.
Dada la negativa de Lee y su predecesor, Gavin Newsom, para poner en vigor la ordenanza de Campos de 2009, el supervisor de Distrito 9 declaró que es particularmente importante que la Junta ofrezca una posición clara sobre Comunidades Seguras. Al hacerlo, dijo, le ayudaría a limitar la posibilidad de intentos a futuro para socavar la oposición de la ciudad al programa federal.
Santa Clara y otros condados han puesto en vigor medidas parecidas.
“Esta resolución es consistente con el estatus de San Francisco como ciudad santuario”, dijo Campos. “Esta resolución hará que conste en el acta que la Junta dijo que no podemos cumplir con las detenciones de ICE a menos de que en realidad haya un resarcimiento para la ciudad”.
