A los inquilinos de la calle Folsom les ofrecieron primero unos $10,000 dólares. Cuando se negaron, el propietario aumentó el monto a $20,000. No obstante, por el momento tanto el hermano, la hermana y sus dos hijas tienen planeado permanecer en el departamento de seis recámaras.
Una inquilina que vive en Bernal Heights y es discapacitada —lo que representa un grupo protegido— decidió que aunque pudiera lidiar con los intentos de su casero por desalojarla aceptaría el trato de pago correspondiente por su parte del departamento ($10,000 dólares). Los costos legales a futuro en caso de que decidiera impugnar, no valen la pena.
A medida de que el mercado de bienes raíces empieza a funcionar, las ofertas por comprar las partes correspondientes de los inquilinos —una práctica en la que los propietarios se libran de los inquilinos al ofrecerles dinero en efectivo para que se muden de manera voluntaria— han hecho su regreso.
Los tratos de dinero en efectivo han alcanzado una cifra alta, entre 30 a 50 al mes en la Misión antes de la crisis de finales de 2008— una cifra que sugiere esa misma cifra por lo menos tres veces más a nivel nacional, según el Sindicato de Inquilinos de San Francisco. En la penumbra de bienes raíces que le siguió a la crisis, las compras a inquilinos desaparecieron aunque a principios de este año, los residentes comenzaron a volver a llegar al Sindicato de Inquilinos de la calle Capp para denunciar las prácticas.
Hoy día, el grupo recibe alrededor de 10 denuncias al mes, según Ted Gullicksen, director ejecutivo.
Los tratos entre propietarios e inquilinos se hicieron populares por primera vez alrededor de hace 15 años como una forma de evitar las dificultades al desalojar a un inquilino. Con el paso del tiempo, las ofertas han fluctuado de $5,000 a $100,000 dólares y la Misión siempre ha sido un lugar muy atractivo para dichas ofertas.
De las 265 personas que denunciaron ofertas de pagos al Sindicato de Inquilinos entre los años 2008 y 2010, 62 —o el 23%— eran personas de la Misión.
Para los propietarios, los pagos ofrecen la posibilidad de un departamento vacío sin una prolongada y segura disputa legal muy costosa.
“Los pagos son una práctica bastante codificada. Es como una práctica mutante que nace de las políticas disfuncionales de vivienda”, dijo Janan New, director ejecutivo de la Asociación de Departamentos de San Francisco, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a los propietarios de unidades en alquiler.
Para los inquilinos, los pagos pueden ser un asunto problemático. El dinero en efectivo puede ser un anzuelo, y en algunas instancias los caseros pueden darle a los inquilinos más de lo que la ley exige. No obstante, es posible que el dinero no cubra los costes por reemplazar lo que a menudo son unidades con renta controlada en el apretado mercado de alquiler de San Francisco, dijo Gullicksen.
A menos de que de todas formas el inquilino haya planeado irse, es muy raro que un pago reemplace el costo por encontrar y pagar otro departamento, precisó.
Un análisis de anuncios en Craigslist realizado por George Lipp entre febrero de 2009 a julio de 2011 muestra una tendencia que va en aumento con las rentas a precio de mercado mientras que la oferta disminuye, lo que orilla a las unidades que son estudios a rentarse a alrededor de $1,700 al mes así como las unidades con tres o más baños a rentas de por lo menos $3,600 dólares al mes.
Para un inquilino con una unidad con renta controlada, mudarse podría ser algo financieramente desastroso, incluso con un pago.
Gullicksen le aconseja a los inquilinos que decidan aceptar un pago a que no tomen menos de lo que les corresponde conforme a la ley.
Existen 15 formas en las que un propietario puede desalojar a un inquilino, y para dos de dichas razones, el dinero por reubicación es obligatorio: en casos en los que el propietario se mude a la unidad; y para aquéllos en los que el propietario quite la propiedad del mercado por al menos cinco años (un método conocido como el desalojo por medio de la Ley Ellis).
Los inquilinos de la tercera edad o discapacitados no pueden ser desalojados si el propietario tiene como propósito una conversión a condominio.
Los desalojos por que el propietario quiera mudarse al departamento también están prohibidos si el inquilino tiene más de 60 años de edad y ha estado en la unidad de renta por más de 10 años, o si “tienen una enfermedad catastrófica” y han vivido en la unidad durante cinco años.
Para cualquier inquilino, los gastos de reubicación se basan en el índice de costo de vida. Hoy día, dicho índice es un máximo de $15,000 dólares, más $3,000 dólares adicionales para inquilinos de la tercera edad o discapacitados.
Ronald Saenz y su familia, quienes son inquilinos sobre la calle Folsom y a quienes se les ofreció un pago de $20,000 para que se fueran, pagan $1,000 al mes por un departamento de seis recámaras —un lugar en donde ha vivido desde que nació. Su abuela vive en la unidad de a lado.
Después de que hace poco los propietarios cambiaron, el nuevo casero comenzó a ofrecerles dinero en efectivo por un pago, pero $20,000 “no son ni un cacahuate en esta época”, dijo Saenz. “Ya podríamos haber comprado este lugar”, agregó al referirse a cuánto tiempo ya lleva la familia viviendo ahí.
Desde que el propietario les hizo la oferta, los contratistas han aparecido de vez en cuando para medir las ventanas y las escaleras de afuera; Lauren Realty, la agencia de bienes raíces que vigila la propiedad, realizará su cuarta inspección en un año.
Saenz declaró sentirse acosado por las tácticas y que su familia todavía no se ha sentido amenazada por el desalojo.
“Este es mi hogar”, dijo y agregó que la familia es firme en su decisión de querer quedarse. “Cien mil dólares no son suficiente para que nos vayamos”.
Tim Lee, un funcionario de audiencias para la Junta de Arrendamiento, declaró que a menudo a los inquilinos les va mejor con la opción de pagos porque el dinero para reubicarse pronto puede reducirse a lidiar con cargos legales asociados con el proceso de desalojo.
Keyoe Halsey, inquilina en Bernal Heights quien hace poco aceptó un pago por la casa de dos recámaras que rentaba por $1,800 al mes, sabe bien de esto.
Su casero basó el desalojo en el hecho de que tenía una gallina en la propiedad. Ella creía que su discapacidad le daría una oportunidad justa de ganar el caso, pero decidió aceptar el pago y evitar más cargos legales.
De los $10,000 dólares que Halsey recibió, $1,000 fueron para pagar los cargos legales y una buena parte del dinero para comprar un auto, algo que dijo que es posible que necesite ahora que no sabe en dónde vivirá.
“Claro, tenemos todos estos derechos, pero uno tiene que defenderlos y eso toma dinero”, dijo.
Actualmente, Halsey está durmiendo en sofás hasta que decida cuál será su siguiente paso.
