Los propietarios del Restaurante Elsy’s en la calle Misión se han topado con su parte de obstáculos para poder operar en San Francisco.

Por razones que todavía no están claras, el Departamento de Urbanismo de San Francisco retrasó la inauguración de Elsy’s durante ocho meses en 2006. En 2008, un inspector corrupto de restaurantes les pidió dinero a cambio de un certificado de manejo alimenticio. Poco después, el Departamento de Salubridad despidió al inspector. En 2009, el Restaurante Elsy’s pensó que iba a poder concentrarse en su cocina salvadoreña.

Más tarde en enero 2010, el conocido litigante en serie Thomas Frankovich demandó a Elsy’s por una supuesta infracción a la Ley de 1990 para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la cual exige que los establecimientos sean accesibles para personas con discapacidades. La demanda alega que Craig Yates, quien es parapléjico, tuvo dificultad al acceder a la caja y al baño en Elsy’s.

Como con la mayor parte de demandas presentadas por Frankovich, los propietarios de Elsy’s decidieron aceptar un acuerdo y hacer las alteraciones necesarias, entre las cuales se incluye bajar el mostrador de la caja alrededor de ocho pulgadas y construir un nuevo baño con acceso para personas en sillas de ruedas. El baño anterior estaba en un cuarto al fondo cerca de la cocina, el cual exigía un esfuerzo adicional por un pequeño juego de escaleras.

“Todo esto nos cuesta dinero”, dijo el propietario Jaime González quien detalló la lista de gastos: alrededor de $100,000 dólares en arreglos y $17,000 para aceptar un acuerdo por la demanda.

Y ellos no son los únicos. Frankovich ha demandado a por lo menos 23 negocios en la Misión desde enero de 2010 —la mayoría restaurantes pequeños y que son propiedad de una minoría.

Elsy’s se ha integrado a miles de negocios en toda California que Frankovich ha demandado por infracciones al ADA.

“Puede ser la Misión, puede ser el Tenderloin, puede ser en el Embarcadero; si no es accesible, ahí estaremos”, dijo Frankovich en una entrevista telefónica desde su casa en Mazatlán, México. “¿A quién demandamos? Sin pensarlo mucho, hay tantos lugares que no podría comenzar a decirle”.

Los críticos opinan que Frankovich quebranta el espíritu de la ley y sólo está interesado en el acuerdo monetario que comparte con los demandantes. Los acuerdos pueden ser de hasta $20,000 según la Comisión de Pequeñas Empresas de la ciudad.

A menudo, los demandantes de Frankovich envían una carta a los propietarios de negocios que recuentan su experiencia en el local y piden que se arreglen las infracciones a la ADA. Si el establecimiento no responde, Frankovich presenta una demanda de derechos civiles que exige remuneración por daños bajo la ley estatal Unruh por Derechos Civiles, la cual entró en vigor en 1974. La ley brinda una remuneración reglamentaria por daños de $4,000 por visita.

González declaró haber contestado a la carta, haberse disculpado y haber prometido arreglar los problemas, aunque poco después de haber enviado su carta recibió una demanda. No está claro cuánto recibió Frankovich de los $17,000 del acuerdo, pero un artículo de 2007 en SF Weekly informa que un abogado de Los Ángeles que estaba peleando una demanda parecida encontró que en casos previos el demandante se retiró con $4,000 dólares y que Frankovich se llevó alrededor de $20,000.

La mayor parte de propietarios de negocios que Frankovich demandó se negó a hablar de manera oficial y no quisieron que sus nombres aparecieran en un artículo asociado con demandas de accesibilidad.

Dichas demandas ADA han llamado la atención de la Senadora Dianne Feinstein, quien esta semana escribió una carta al Presidente A Cargo del Senado Darrell Steinberg (D-Sacramento) en donde establece que las demandas son “estafas” que “amenazan la disponibilidad de pequeñas empresas en nuestro estado”.

El año pasado, los legisladores estatales tomaron en consideración un proyecto de ley que le daría 120 días a los negocios para solucionar una infracción, pero que no se ha aprobado y ahora hay discusiones sobre proponer un periodo de 90 días por “derecho a solución”.

Por el momento, Frankovich tiene a la ley de su lado. Feinstein declaró que si el estado no soluciona la situación, le pedirá al Congreso que tome cartas en el asunto.

“Voy a considerar presentar la legislación ante el Senado Estadounidense si la Legislatura Estatal de California no puede solucionar este problema”, escribió Feinstein.

Para negocios que están batallando en la Misión, recibir una demanda es una prueba desalentadora.

“Todos los negocios en el corredor se sienten bastante derrotados”, dijo el propietario de un negocio en la calle 24.

Dos propietarios, incluyendo a la esposa de González, se han enfermado a causa del estrés.

“Si hubiera sabido que esto iba a suceder, no hubiera abierto un negocio en San Francisco”, dijo González.

No obstante, Frankovich no tiene compasión por negocios como Elsy’s.

Los inquilinos, declaró, saben que los caseros les han pasado el costo de las demandas.

Los edificios no han estado en cumplimiento desde hace años, dijo Frankovich. Desde su punto de vista, él está haciendo que sean accesibles.

“He estado haciendo esto desde hace casi 20 años”, dijo. “Es como si estuviéramos en Afganistán —¿algún día terminará? No. La gente no quiere hacer nada hasta que tengan que hacerlo. ¿No cree que ya se deberían de haber dado cuenta para ahora?”

González y otros propietarios de empresas opinan que nadie en la burocracia de la ciudad les advirtió que su ubicación no estaba en cumplimiento.

Actualmente, la Comisión de Pequeñas Empresas está en proceso de difusión a negocios, pero sólo tiene a dos miembros del personal para atender a la ciudad entera, declaró la directora ejecutiva Regina Dick-Endrizzi.

Uno de los errores más grandes que cometen los negocios, declaró Dick-Endrizzi, es ignorar la carta que a menudo precede la demanda.

“Una vez que lo demandan, va a tener que pagar dinero”.

Además de informarle a los negocios sobre cómo cumplir con la ley ADA, la comisión brinda préstamos a pequeñas empresas para que hagan los arreglos necesarios. El martes, el alcalde de San Francisco Ed Lee asignó $1 millón de dólares adicionales al fondo.

El Restaurante Elsy’s volvió a abrir en marzo después de haber estado cerrado durante mes y medio para hacer las alteraciones necesarias. Los propietarios esperan poder superar el incidente. Su hijo de 24 años de edad, quien también se llama Jaime, y quien tiene un título de contabilidad de UC Santa Barbara tiene un gusto por el negocio y ha venido a ayudar.

“Se cobró una cuenta con la familia completa”, dijo Jaime, “ojalá y ahora nos podamos concentrar en ser comerciantes”.

La Comisión de Pequeñas Empresas de San Francisco tiene una página en línea con información relacionada a lo que los negocios pueden hacer si reciben una demanda.

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Andrea hails from Mexico City and lives in the Mission where she works as a community interpreter. She has been involved with Mission Local since 2009 working as a translator and reporter.

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