Alrededor de 30 manifestantes marcharon el pasado sábado por la tarde en contra del desalojo de Sergio Silva-Lainez, residente de la Misión desde hace 24 años, a quien Leona Fong desea desalojar a través de la ley Ellis. Los manifestantes visitaron cada una de las ocho propiedades de la familia Fong en la Misión. Con consignas en contra de la ley Ellis, la multitud se hizo camino por la Misión para entregar certificados de “membrecía honoraria” al ‘club de malos caseros de la Misión’ en cada propiedad de los Fong.
Pero, ¿será que los Fong son malos caseros? El Anti-Eviction Mapping Project no los tiene en su lista de los ‘Dirty Dozen’(o los Doce Malos), aunque la lista está llena de caseros que han desalojado en serie (en varios edificios bajo la ley Ellis, de entre 10 a 69 edificios) y que a menudo venden las propiedades para obtener una buena ganancia. Otros caseros han sido el objetivo de acusaciones que incluyen intimidación a los inquilinos y una carencia en reparaciones a los edificios.
Los Fongs, por otro lado, no poseen quejas en las propiedades que tienen e insisten en que planean mudarse al edificio. Los Fong argumentan que le han dado a Silva-Lainez un buen tiempo para encontrar un nuevo lugar, incluso le ofrecieron un lugar más pequeño en uno de sus propios edificios, lo que verificó alguien que habló a favor del inquilino.
“Me da asco”, dijo Elizabeth Fong. “Somos el blanco por este incidente. Mi mamá ha trabajado aquí desde hace 45 años. Somos del área, de familia, no tenemos inversionistas externos. No estamos tratando de vender la propiedad [por ganancia]” dijo y agregó que tener un solo desalojo de todos los edificios que poseen “es un muy buen número, carajo”.
Sin embargo, los simpatizantes de vivienda argumentaron lo contrario.
Además, la atención que se centra en los Fongs plantea la pregunta de si es justo o no llevar acabo un desalojo sin admisión de responsabilidad.
Ted Gullicksen del San Francisco Tenants’ Union (SFTU, por sus siglas en inglés) declaró que no es un desalojo sin responsabilidad y subrayó que la familia Fong posee los recursos para encontrar un lugar sin tener que desalojar a una familia entera. “Nadie debe ser desalojado por razones sin atribución de culpabilidad en San Francisco”, dijo en referencia al tipo de desalojo en el que el inquilino ha pagado la renta a tiempo y cuya culpabilidad no se le puede atribuir. “Hay muchos lugares en los que pueden comprar en donde no necesitan desalojar a la gente”.
La alianza de residentes de California para el fortalecimiento de la comunidad en la Misión y Bernal o ACCE, por sus siglas en inglés, copatrocinó la manifestación y valúa las propiedades de los Fong en la Misión en un poco más de $9 millones de dólares. El ACCE es una organización estatal activa en temas de vivienda y el aburguesamiento.
El inquilino Silva-Lainez, por otro lado, trabaja como electricista independiente y su esposa dirige una guardería desde casa. Los dos han estado en la Misión desde 1991, el año después de que llegaron a los Estados Unidos como refugiados de la guerra civil nicaragüense. Ahora tienen tres hijos de 13, 16 y 22 años de edad que viven con ellos en el departamento de tres recámaras de la familia en la esquina de las calles 24 y Bryant, la única unidad encima del escaparate del local abandonado.
Al principio, Silva-Lainez y los Fongs tenían una “muy buena relación”, según confirmaron ambas partes. Silva-Lainez incluso realizó trabajo en algunas de las propiedades de la familia. En 2006, precisaron los Fong, y ACCE lo corroboró, a Silva-Lainez le dijeron que los Fong querían el departamento pero que “él no se iba a mudar”, dijo Elizabeth Fong.
En 2010, la familia Fong intentó desalojar a la familia Silva-Lainez por primera vez, y Silva-Lainez explicó que desde entonces las relaciones se deterioraron.
“Hay mucha presión con nosotros”, dijo Silva-Lainez de la experiencia. “Siempre estamos pensando en cuándo nos tenemos que ir. Siempre estamos estresados”.
Silva-Lainez trabajó con la Tenderloin Housing Clinic para lidiar con el desalojo de 2010, y se asoció con ellos para también vencer el segundo dealojo en 2011. Fong declaró haber perdido los casos porque su representante en esa época era un “abogado incompetente que no era de fiar”.
Para el último desalojo, Silva-Lainez se unió al ACCE con sede en la Misión y Bernal, una organización de la comunidad que lidia con temas con los que sus integrantes lidian como derechos de inquilinos y apoyo de acción directa en contra de los Fongs.
No obstante, el récord de la familia parece ser sólido. No hay quejas conocidas en contra de ninguna de las otras propiedades de los Fong en la Misión, ni tampoco han hecho desalojos en otro lado, de acuerdo con la información del Departamento de Urbanismo y el Anti-Eviction Mapping Project.
Además, los Fong parecen tener relaciones cordiales con otros inquilinos.
“Siempre han sido muy complacientes”, dijo Sean Scharf, quien vive en la propiedad de los Fong en Folsom. “Siempre hemos tenido una buena relación”, comentó igual que la declaración de Silva-Lainez sobre la relación inicial.
Los Fong declararon haber estado esperado desde hace tiempo para remodelar la propiedad en el 2830 de la calle 24 para poderse mudar. La familia tiene permisos para remodelar el edificio y mudar a su madre de 80 años de edad a lado de los negocios que tienen, así como de los hijos. Leona, Evelyn, James y Richard Fong planean mudar a sus familias al espacio remodelado que tendrá tres pisos y cuatro unidades, así como un elevador para la Fong de la tercera edad. “Le cuesta trabajo subir las escaleras”, dijo Evelyn, y agregó que Fong desea “cerrar el círculo” con el edificio “en el que todo comenzó” cuando llegó a la Misión a principios de los 70.
Las personas en apoyo de Silva-Lainez, sin embargo, no están convencidos con dicho argumento.
Erin McElroy del Anti-Eviction Mapping Project declaró que aunque el proyecto va detrás de los casos de especuladores “particularmente atroces” que “verdaderamente abusan” la ley Ellis, también deben oponerse a otros desalojos. “La posición del Anti-Eviction Mapping Project es que se deben oponer todos los desalojos sin admisión de culpabilidad”, explicó. “Pensamos que es muy importante luchar contra cualquier persona que está en una situación en la que San Francisco dejará de ser su hogar”.
(La ley Ellis es una ley estatal que le permite a los caseros salirse del negocio arrendatario al desalojar un edificio completo. Las unidades desalojadas a través de esta ley pueden regresar al mercado arrendatario después de cinco años, pero si en 10 años están en el mercado arrendatario entonces los inquilinos desplazados tienen derecho preferencial. No obstante, esto no debería afectar a la familia Fong ya que explicaron que se mudarán al edificio).
“Están actuando como si fueran pequeños negocios”, agregó Buck Bagot, organizadora con ACCE. “Pero, mi opinión es que si se es propietario de ocho edificios con varias unidades en San Francisco, entonces es un multimillonario. Y, si tienen tantas propiedades, ¿por qué no pueden encontrar otro lugar para que Sergio se quede?”
Con ocho propiedades en la Misión, varios mitad residencial y mitad comercial, los Fong poseen alrededor de 16 unidades residenciales en el barrio. Sin embargo, opinan que casi no ha habido una significativa ganancia en los últimos 10 años. El último inquilino se fue hace casi tres años.
De acuerdo con Julien Ball, organizadora de ACCE, Silva-Lainez y los Fong sí trabajaron juntos en el pasado para encontrarle a Silva-Lainez un nuevo lugar donde vivir, pero encontrar el departamento adecuado fue difícil.
“Hasta donde sé, a él siempre le han pedido que se quede o que obtenga un lugar parecido al mismo precio”, dijo. “Y ¿dónde va a encontrar un lugar en el que quepa una familia de cinco a menos de $1,000 al mes?”
Evelyn Fong declaró haberle ofrecido anteriormente a la familia Silva-Lainez mudarse a la propiedad de los Fong en el 1176 de la calle York, pero que la unidad de dos recámaras era demasiado pequeña para la familia de cinco por lo que rechazaron el departamento.
Por el momento, Evelyn y James opinan que “no están obligados” a encontrarle un lugar, y agregaron que ha tenido bastante tiempo para encontrar un departamento ya que le avisaron de los planes que tienen de remodelar el lugar hace años.
“Él ha sabido desde 2006 que queríamos la propiedad de regreso”, dijo Evelyn.
La familia Fong declaró que Jeff Woo del despacho de abogados Cooper, White and Cooper que buscaran hacer un desalojo a través de la ley Ellis en lugar de un desalojo por mudanza del propietario a la unidad ya que esta última razón estipula que la familia debe mudarse en un periodo de tiempo de tres meses o si no se considera una razón “de mala fe”. Como la familia no se podría mudar antes de que las remodelaciones terminen (que podrían tomar hasta un año), Woo declaró que podría estar abierto a “un mayor litigio”.
(Cooper, White and Cooper es una de las compañías de abogados que el Anti-Eviction Mapping Project enlista como representantes de los caseros que han desalojado en serie, conocidos como los “Dirty Dozen” o los doce malos, que además fueron buscados por su “experiencia con la ley Ellis”, dijo Evelyn).
Gullicksen del SFTU cree que el razonamiento de Woo es una tontería y que es mal consejo. Además, declaró que no hay consecuencias legales por no mudarse dentro de los 90 días cuando hay un desalojo en el que el propietario se muda a la unidad, y que la familia en realidad ahorraría miles de dólares en costos de reubicación que ahora tendrán que gastar en pagar de acuerdo a la ley Ellis, lo que ha creado sospecha sobre la verdadera intención.
Sin embargo, para muchos de los manifestantes el verdadero problema es el desalojo de un integrante de la comunidad.
“¿Es razonable mudar a [cuatro] familias por separado a un edificio, de los cuales todos ya tienen un lugar donde vivir, cuando Sergio y su familia estarán en la calle?”, preguntó Ball. “Él no tiene un lugar donde quedarse y ellos tienen los recursos para hacer algo bien”.
Como Silva-Lainez tiene menos de lo que ha podido demostrar, ACCE y otros grupos de derechos de vivienda han tomado la delantera, lo que ha impulsado una acción directa como estrategia de resistencia al desalojo.
“Si se queda y pelea, tiene una buena oportunidad de ganar”, dijo Tommi Avicolli Mecca del Comité de Derechos de Vivienda. “Los hemos detenido [los desalojos] antes porque los inquilinos se reunieron y se organizaron. Lo podemos volver a hacer”.
Mike Ponce, estudiante y veterano de la guerra de Irak, fue uno de los simpatizantes de Silva-Lainez que exhortaron al barrio a “salir y marchar con orgullo y dignidad”, porque “todo mundo se ve afectado por esto”. Con megáfono en mano, también habló del proceso de aburguesamiento en la Misión.
“¡Este es un barrio de clase trabajadora!”, gritó. “San Francisco ha hecho imposible que se pueda vivir aquí. ¿Qué le ha pasado a la clase media? ¿A la clase obrera? No se trata de beber café orgánico, se trata de conservar una cultura”.
La última parada de la manifestación fue el departamento de Silva-Lainez en el 2830 de la calle 24, a cuyo lado está el restaurante punjab y el Five Markets, ambos negocios propiedad de los Fong. En dicho lugar, el grupo entregó los certificados finales a Evelyn Fong en persona, quien estaba con su hermano James en la tienda de víveres.
“Intentamos hablar con él, pero ninguna cantidad de dinero hará que se vaya”, dijo Evelyn Fong más tarde. “La ley Ellis era la única manera”.
La manifestación terminó con una declaración de Silva-Lainez. “Gracias a todos por el apoyo”, dijo en agradecimiento. “Quiero agradecerle a todo el mundo que está aquí en contra de la ley Ellis y en apoyo a mí. La razón por la que estamos peleando es que no queremos perder nuestra casa. Deberían dejarnos en paz. Ellos pueden costear hacer lo correcto y dejarnos permanecer aquí en la Misión”.