En 1997, la ciudad tenía un plan. Dicho plan era actualizar el sistema de computadoras antiguas de la época de los 70 y al mismo tiempo consolidar toda la información de justicia penal de la ciudad. La información que reunió el Departamento de Policía, la oficina del Defensor de Oficio y el Fiscal se combinarían en una red individual para que todos los departamentos participantes tuvieran acceso fácil y seguro.
Catorce años más tarde, todavía no había respuestas en cuanto a cuándo el proyecto se terminaría. Y tampoco hay respuesta a una pregunta más importante: en una reunión municipal del jueves del Comité para la Seguridad Pública, la Sub-administradora municipal Linda Young le dijo al Supervisor David Chiu que ni siquiera está segura de qué se trata el presupuesto actual del proyecto.
“Esto es inaceptable”, dijo Chiu.
El proyecto, nombrado Sistema de Rastreo de Información de Resolución (o JUSTIS, por sus siglas en inglés) comenzó en 1997 con un presupuesto inicial de $920,000 dólares, declaró Chiu. Eso fue, precisó, mucho dinero en ese entonces.
Desde entonces, JUSTIS le ha costado a la ciudad casi $25.5 millones de dólares, según los cálculos de Chiu.
Young estuvo en desacuerdo con la afirmación de Chiu sobre que el proyecto se ha pasado por miles de millones de dólares del presupuesto. JUSTIS posee el dinero para terminar el proyecto, precisó Young. El desarrollo se alentó por la escasez de equipo, pero se han contratado a dos nuevas personas.
El Supervisor David Campos, quien también está en el comité, interrumpió y preguntó si Young tenía una línea del tiempo para la finalización del proyecto.
Young pareció suplicarle a los miembros del equipo del grupo JUSTIS detrás de ella para que contestaran, pero nadie habló.
“No”, dijo ella por fin.
Los Supervisores David Campos y Ross Mirkarimi preguntaron si había una forma de obtener una actualización definitiva sobre cómo va el proyecto. El año pasado, precisaron, les otorgaron una guía de 302 páginas en donde se detallaban los beneficios de JUSTIS, sin que hubiera habido un presupuesto especificado claramente. Además, tampoco se sabía si los sueldos y fondos administrativos se destinarían específicamente para que el proyecto avanzara. Los medios locales de comunicación no pasaron esto por alto.
En la reunión del jueves, lo más que pudieron sacar los supervisores del equipo JUSTIS fue que la primer fase del proyecto se debe terminar para fines de año. Una de las dificultades principales, fue la desinteresada actitud del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) para ceder su base de datos, el cual está pronto a la resolución.
“Es porque la base de datos actual del SFPD tiene problemas técnicos”, dijo Susan Griffin, vocera para el departamento de policía, “para octubre o noviembre ya debemos estar listos para combinar”.
“¿Cuántas más fases habrá?”, preguntó Mirkarimi.
“Depende”, contestó Young, “hay un compromiso de que el proyecto se terminará”.
Sin embargo, preguntó Chiu, ¿será la base de datos compatible con el hardware o software actual una vez que esté lista?
Young volteó para ver al equipo. Finalmente, uno de ellos se puso de pie. La respuesta breve es sí, dijo. El software Oracle que JUSTIS usa se puede actualizar muy fácilmente. El software se ha actualizado cinco veces desde que comenzó el proyecto, de Oracle 8 a Oracle 10G, aunque nunca se ha usado. Se planea una actualización pronto al Oracle 11.
Las actualizaciones de hardware, dijo, serán más caras: es posible que cuesten millones de dólares.
No obstante, dijo Eileen Hirst, vocera para el departamento del Sheriff, habrá muchas recompensas para la ciudad una vez que se termine la base de datos ya que salvará vidas por medio de la combinación de registros de personal de la autoridad del orden público e identificará a delincuentes de alto riesgo, para evitar que la gente salga en libertad de manera accidental debido a que se busca en registros de un sistema y no en todos. El Fiscal podrá —por primera vez— ver los delitos menores anteriores en los registros de gente que puede ser imputada con cargos de delitos mayores.
Chiu le preguntó si podría compartir el presupuesto de JUSTIS para operaciones y desarrollo. Young volvió a voltear, pero no hubo respuesta.
“No”, contestó.
¿O el total del presupuesto?
Tampoco.
“No estoy muy seguro de que estamos donde necesitamos estar”, precisó Campos. Añadió que es difícil seguir el presupuesto cuando no hay un presupuesto: “tiene que haber una línea del tiempo y metas que necesitan presentar. Esto se ha pospuesto durante mucho tiempo”.
¿Por qué —preguntó Chiu— ha tomado tanto terminar el proyecto?
“No lo sé”, contestó Young, “yo llegué hace seis meses”. Young heredó el proyecto de la oficina de Justicia Penal del Alcalde y está intentando ver cómo funciona.
Esto quiere decir, prosiguió, que no ha podido obtener cifras del presupuesto para mostrarle a Chiu en la última reunión del Comité de Seguridad Pública, hace tres meses. No obstante, es seguro que las tendrá para la próxima reunión, la cual será dentro de tres meses.
Los administradores anteriores habían prometido lo mismo, dijo Chiu, pero la reunión ya casi se había terminado. “En conclusión”, dijo, “después de 14 años, todavía no tenemos respuestas a nuestras preguntas”.
