Por AMANDA MARTINEZ

La Junta de Supervisores suspendió cualquier expectativa sobre cancelar la reunión del martes antes del receso de verano, y abordó la política sobre la ciudad santuario y el futuro del Museo Mexicano.

La resolución de asignar la política, la cual tiene un año de vigencia y que se propone entregar a todos los delincuentes menores de edad a las autoridades de inmigración al momento en que se hace el arresto, se llevará a una audiencia pública el día 5 de octubre en la reunión del Comité de Seguridad Pública, y un voto final de la junta tomará lugar la siguiente semana.

Los diez miembros presentes votaron a favor de la resolución que apoya el desarrollo del Proyecto del Museo Mexicano en el centro cultural de Yerba Buena, que se encuentra en la intersección de las calles Misión y la cuatro. La medida también exhortó al Centro Fort Mason a que renovara el contrato de arrendamiento del museo.

El museo de 34 años de edad se está enfrentando actualmente a un desalojo en septiembre por parte de Fort Mason, donde ha permanecido desde 1982.

La resolución no es legalmente vinculatoria.

Pat Kilduf, directora de mercadotecnia en Fort Mason escribió en un correo electrónico que los administradores aún tenían planeado terminar la relación con el museo en septiembre porque no cumplía con el requisito del centro sobre la programación al público. El museo no ha tenido ninguna exhibición en tres años, pero ha estado abierto a investigadores.

“Como no cumplen con los requisitos de residencia en el campus, el contrato de arrendamiento no se renovará,” escribió Kilduff. Los funcionarios del museo dijeron que no tenían dinero para la programación in situ, pero que recientemente la Oficina de Renovación premió al museo con $250,000 dólares para contratar personal.

Víctor Márquez, ex presidente del Museo Mexicano, explicó en un comentario público que mudar la colección tendría un costo de $500,000 dólares.

“Es dinero que se gastaría mejor si se usara para renovación,” opinó.

Así mismo, Nora Wagner, quien habló en representación del museo y quien es subdirectora, señaló el éxito de la exhibición de Frida Kahlo que se llevó acabo el verano pasado en el SFMOMA así como la popular exhibición de Chicano Now en el De Young. La ciudad, dijo ella, se beneficiará de los patrocinadores del museo y del turismo.

David Campos, Supervisor del Distrito 9, también presentó la legislación para reinstalar el debido proceso para la juventud inmigrante. La nueva política protegería a la juventud indocumentada de ser llevada a ICE (Autoridad Competente para Inmigración y Aduana) hasta que sean encontrados culpables del crimen.

El año pasado, el Alcalde Newsome cambió la política de la ciudad de la juventud indocumentada al pedirle a los agentes de reservación que informaran de los jóvenes inmigrantes a ICE tan pronto como fueran acusados de un crimen.

En un mitin que se llevó acabo el mismo día más temprano, Campos estaba rodeado de jóvenes y familias de organizaciones del Distrito de la Misión, incluyendo HOMEY, Mujeres Unidas y CARECEN, mientras se anunciaba la legislación.

“Sr. Alcalde, por favor póngase de nuestro lado y apoye lo que le conviene a San Francisco,” dijo él.

“Hay un término medio entre nunca informar a ICE e informar antes de que sean encontrados culpables,” dijeron los miembros de la comunidad del Distrito de la Misión acerca de las negativas consecuencias de la actual política. Derrlyn Tom, profesora de química en Mission High School, dijo que la política hace que los estudiantes indocumentados tengan miedo de los profesores y los administradores. Dijo que en los diez años que ha enseñado en la escuela, los estudiantes siempre acuden a ella para hablar acerca de sus problemas y preocupaciones sobre inmigración.

Además, dijo sentir que no podía llamar a la policía en una emergencia porque podrían deportar a sus estudiantes.

Angela Chan de los Partidarios por la Ley Asiática calcula que entregan alrededor de 10 a 15 jóvenes al mes en San Francisco a ICE, y cree que más de 190 han sido deportados desde el cambio en la política que se realizó en julio de 2008.

Dijo que es difícil monitorear los números porque la mayoría renuncia su derecho de orientación y los transfieren por todo el país antes de ser deportados.

Sheila Chung, miembro del personal de Campos quien fue pionera en la legislación, cree que muchos de los jóvenes deportados logran regresar a San Francisco pero que lo hacen a escondidas e inevitablemente esto hace que no perciban recursos para programas de rehabilitación.

Pero Chung cree que la nueva política entrará en vigor antes de fin de año. “Ya está patrocinada por nueve de los once miembros de la junta,” dijo ella. Sólo necesita ocho votos para superar el veto de mayoría, pero es posible que se tope con otros retos legales.

Eric Mar, Supervisor del Distrito 1 (Richmond), uno de los patrocinadores, dijo en el mitin que los cambios de 2008 eran “un paso atrás para la política de 1989 de ciudad Santuario.”

La junta comenzará un receso de cuatro semanas y volvera a convocar sesiones ordinarias el 14 de septiembre.