Traducción por: Neus Valencia

El Departamento del Sheriff de San Francisco pronto estará bajo una supervisión civil más estricta por parte del Departamento de Responsabilidad Policial, pero eso no es todo. En noviembre, los votantes decidirán si se creará un nuevo organismo de supervisión civil para el Departamento del Alguacil.

De conformidad con un acuerdo que se ultimará pronto con el Departamento del Alguacil, el Departamento de Responsabilidad Policial (DPA, por sus siglas en inglés) ampliará sus facultades actuales para poder investigar la mala conducta de auxiliares del sheriff, podrá recibir quejas directamente de los reclusos de las cárceles de San Francisco, así como de los ciudadanos. Podrá investigar el uso de la fuerza que causa “lesiones reales”, el uso intencional de un arma, la mala conducta sexual, así como los casos en que se detecta un patrón y práctica de represalias, acoso o conductas discriminatorias.

En un principio, el DPA se creó para investigar quejas contra el Departamento de Policía de San Francisco y la primavera pasada, a petición de la entonces Alguacil Vicki Hennessy, asumió el papel de investigar la mala conducta del sheriff. En ese momento, el Departamento del Alguacil había sido bombardeado de denuncias de abusos a reclusos, incluyendo “clubes de pelea” facilitados por los auxiliares, así como numerosas golpizas.

No obstante, la función de investigación del DPA se limitaba únicamente a los casos remitidos por el departamento de asuntos internos del Alguacil, no a las denuncias directas de la población carcelaria y el público en general.

“Este nuevo acuerdo garantizará que toda falta grave policial… sea investigada y revisada por un organismo externo e independiente”, escribió el director ejecutivo del Departamento de Responsabilidad Policial, Paul Henderson, en un borrador del 21 de agosto de la carta de acuerdo final dirigida a la alcaldesa London Breed y a la Junta de Supervisores.

Los cambios aún no han entrado en vigor, están a la espera de los resultados de una sesión de “negociación” con la Asociación de Alguaciles Auxiliares de San Francisco, el sindicato que representa a alrededor de 750 agentes del alguacil. Ken Lomba, presidente del sindicato, dijo que le gustaría ver el proceso finalizado en una “semana o dos”.

Sin embargo, pronto un aparato de supervisión aún más especializado podría sustituir al Departamento de Responsabilidad Policial, y no está claro si el acuerdo pendiente socavará el propósito de la próxima medida electoral.

En noviembre, los votantes de San Francisco decidirán sobre la Proposición D, que determinará si la ciudad debe establecer una “Junta de Supervisión para el Departamento del Sheriff” de siete miembros y una “Oficina de Inspector General” para investigar la mala conducta y hacer recomendaciones disciplinarias. Asimismo, la junta podría hacer recomendaciones en cuanto a políticas y asesoraría a las operaciones del Departamento del Alguacil. La medida, cuyo autor es el supervisor Shamann Walton y que fue puesta en la papeleta mediante un voto unánime de la Junta de Supervisores, costaría unos $3 millones al año.

El Departamento del Alguacil ha mostrado cero apoyo a la Propuesta D. En un boletín del 7 de agosto, el Alguacil Paul Miyamoto llamó a la junta de supervisión propuesta “burocracia derrochadora” y dijo que sería una carga para los recursos de su departamento.

En su carta, Henderson sugiere que, conforme al nuevo acuerdo, el DPA realizará muchas de las mismas funciones que el propuesto panel de supervisión y la oficina del inspector general. El DPA tendrá el mismo acceso a las pruebas, tendrá un poder similar para realizar auditorías internas y hacer recomendaciones en cuanto a políticas, y proporcionará informes periódicos. También podrá hacer recomendaciones disciplinarias a Miyamoto, aunque no podría imponer medidas disciplinarias.

La junta de supervisión propuesta también carecería del poder de imponer medidas disciplinarias, tal como lo hace la Comisión de Policía.

Si se aprueba la Propuesta D, habría un período de transición y el DPA podría continuar investigando mala conducta hasta que se establezca la nueva comisión y se seleccione un inspector general.

Esto último podría tomar “al menos un año”, dijo Sarah Hawkins, la Jefa de Personal de la DPA. Si la medida no se aprueba, la DPA continuaría su trabajo con el Departamento del Alguacil indefinidamente.

El DPA y el Departamento del Alguacil “esperan que este acuerdo sea una transición factible a la propuesta de enmienda constitucional o, como alternativa, una forma rentable de lograr los mismos objetivos importantes de supervisión adicional, transparencia y rendición de cuentas”, escribió Henderson.

Tracy Gallardo, auxiliar de Walton, se enteró del acuerdo de supervisión ampliada del DPA el lunes. Dijo que la medida de Walton parece haber impulsado al Departamento del Alguacil y al DPA a tomar cartas en el asunto. El nuevo acuerdo “es genial y es un paso hacia adelante en la dirección correcta”, dijo. “Y no debería haber sido necesaria [una votación] para que esto ocurriera”.

Gallardo sostuvo que la medida de la votación sigue siendo necesaria, ya que proporciona una supervisión más enfocada de una junta de civiles e investigadores designados – “personas con vocación y que les importe” ― que no se verán abrumadas con quejas relativas a múltiples entidades judiciales.

“Esta sería una entidad separada que se centraría en la supervisión de los sheriffs”, dijo Gallardo, y añadió que el “DPA tiene mucho trabajo por hacer” sólo con el SFPD. “Tendrán que cumplir con sus obligaciones policiales antes de cumplir con las obligaciones del sheriff”.

Lo que es más importante, según Gallardo, es que todo el estado se está moviendo en la dirección de una mayor supervisión de los departamentos del sheriff del condado a través de juntas de supervisión. Un proyecto de ley que autorizaría su formación en todos los condados del estado _ AB 1185 _ está ahora a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom.

Lomba, presidente del sindicato, no quiso comentar acerca de qué resultado preferiría el sindicato. Pero sí dijo que el sindicato no se oponía a lo que parece ser una inevitable supervisión. “Definitivamente entendemos el propósito de esto”, dijo. “Definitivamente se trata de que seamos más profesionales cada día”.