Traducción por: Neus Valencia

Fuentes: El Supervisor Norman Yee ya está listo para lograr la legislación que podría deshacer la exigencia en cuanto a la cantidad mínima de personal policial

En los últimos años, la Asociación de Policías de San Francisco (POA por sus siglas en inglés) ha logrado acumular una impresionante serie de derrotas inusuales y autoinfligidas, dignas de un montaje cinematográfico, dando periodicazos que reportan cada error.

¿Qué música de fondo debería tener? ¿Qué tal “Yakkity Sax”?

¿Y cuáles serían los titulares en los periódicos? Bueno, en resumen, la POA ha logrado menospreciar y alienar a prácticamente todos los políticos de San Francisco, de todas las inclinaciones políticas, incluyendo a la mujer que logró ser alcaldesa. En 2018, la POA intentó ejercer su poder durante las elecciones al intentar que los votantes ratificaran sus propias políticas con respecto a las armas de electrochoque, gastó mucho dinero y, finalmente, perdió en una votación dividida de 60-40, después de ser superada por los Socialistas Demócratas de Estados Unidos; y en 2019 reunió alrededor de $700,000 para derrocar al candidato a fiscal Chesa Boudin y gastó el dinero en anuncios tan exagerados que parecían una parodia, lo cual provocó que hubiera más partidarios de Boudin lo que le ganó la reñida victoria electoral.

Además de todo esto, en 2016, la POA promovió una demanda contra el gobierno de la ciudad después de que se implementó una política revisada sobre el uso de la fuerza policial mediante la cual se prohibía la maniobra de inmovilización denominada estrangulación carotídea. La POA perdió la demanda en 2017 y perdió de nuevo en la apelación interpuesta en 2018.

Estar en buenos términos con la POA, lo que una vez significó un medio para lograr otros fines y una ventaja valiosa para los políticos, se ha convertido en el beso de la muerte – tanto para los funcionarios electos como para los aspirantes a comisionados de policía.

Y, sin embargo, a medida que acumula fracasos – en las urnas, en el tribunal de la opinión pública y en los institucionales – la POA sigue siendo una institución poderosa e influyente.

 A diferencia de los periódicos, que pueden dar o no la nota en titulares.

Election night, 2019: “I got just one thing to say: Fuck the POA,” says Supervisor Sandra Lee Fewer. For good measure, she adds, “This is what happens when we throw the fuck down.” Photo by Julian Mark.

Noche de elecciones, 2019: “Sólo tengo una cosa que decir: Que se joda la POA”, dijo la Supervisora Sandra Lee Fewer, y por si fuera poco, añadió: “Esto es lo que pasa cuando peleamos con todo”. Foto de Julian Mark.

¿Cómo es posible? Bueno, para empezar, el poder de la POA siempre fue multifacético, y, francamente, mal entendido. Al igual que el sindicato de bomberos, un apoyo de la POA probablemente implicó una buena cantidad de dinero – pero realmente nunca implicó algo más valioso: un esfuerzo práctico de un gran número de empleados sindicalizados sondeando los barrios y llamando a las puertas.

La gente reacciona bien cuando los bomberos tocan sus puertas, pero no es bueno que los policías toquen a la puerta.

Esto es porque, cuando la gente llama al departamento de bomberos, raramente los bomberos llegan y prenden fuego a la casa. Ser policía implica un conjunto de circunstancias mucho más complejas y decisivas, y requiere lidiar con situaciones mucho más difíciles y potencialmente adversas, y cuando las cosas van mal, pueden resultar atroces.

Y aún así, la POA sigue teniendo influencia y relevancia. ¿Por qué? Bueno, fue William F. Buckley quien dijo que “un conservador es alguien que se alza contra la historia, gritando: ¡basta¡ en un momento en el que nadie quiere hacerlo o cuando hay que ser muy paciente con aquéllos que lo hacen”.

Y eso es justo lo que hace la POA. El sindicato tiene mucho dinero, así como buenos y agresivos abogados y su poder reside en conocer muy bien las palancas y engranajes del gobierno – sin titubear para oponérseles y decirles ¡basta!

En una ciudad en la que se toman decisiones en materia laboral por medio de juntas de arbitraje vinculantes, la POA está dispuesta a irse a la yugular, gritar ¡ya basta! mientras alarga indebidamente el agotador proceso en casi todas las etapas. Como tal, incluso después de haber acumulado tan absurdas derrotas y tomado tan malas decisiones, la POA todavía puede ejercer su poder – y lograr que el gobierno de la ciudad se desista.

Incluso cuando el gobierno de la ciudad no lo necesita. Y no debería necesitarlo.

Keith Bell stands outside the Mission Police station. Photo by Lola M. Chavez, June 2017

Keith Bell fuera de la comisaría de la Misión. Foto de Lola M. Chávez, junio de 2017

Cuando un juez del Tribunal Superior y, posteriormente, el Tribunal de Apelación se pronunció en contra la POA en relación con la política del uso de la fuerza, no estaba pensando en si la estrangulación carotídea o disparar a vehículos en movimiento son acciones razonables y eficaces.

Más bien se trató de una decisión técnica centrada en las obligaciones que esta ciudad tiene que reunirse y conferir al sindicato, así como definir en qué consisten los “derechos de gestión” que no están sujetos ninguna negociación – ni a los retrasos.

Los tribunales, al igual que los anteriores, determinaron que “cambiar la política relativa al uso de la fuerza mortal por parte de un policía” es “una decisión fundamental administrativa y política” y, por lo tanto, “está fuera del ámbito de aplicación de la representación en cuanto …al requisito de tener una ronda de negociaciones “.

En otras palabras, el gobierno de la ciudad estaba ejerciendo su derecho de no negociar e implementar la política – la cual está vigente.

Fragmento clave de la decisión del Tribunal de Apelación de 2018:

Además, obligar al gobierno de la ciudad a someter a arbitraje las controversias relacionadas con la nueva política sobre el uso de la fuerza antes de que ésta pueda ser implementada, contrariaría la finalidad establecida en la facultad que tienen los gobiernos de las ciudades para tomar decisiones fundamentales relacionadas con la gestión o las políticas de forma independiente. Esto resulta así, debido a que, en esencia, se permitiría que la [POA] mantuviera la política suspendida de forma indefinida…

Lo cual nos lleva hasta ahora: 19 de mayo, el Presidente de la Junta, Norman Yee, presentó una enmienda al Estatuto, mediante la cual se ordenaría que se implementara algún tipo de proceso basado en los datos para determinar cuál es el tamaño óptimo que debe tener el departamento de policía. Lo más importante es que esta legislación desharía la cantidad consagrada y arbitraria que tiene la ciudad de 1,971 policías juramentados como el mínimo exigido según el Estatuto. En el futuro, podríamos contratar más policías, pero también menos.

Debido a que dicha cantidad podría reducirse, la POA rechazó enfáticamente esta enmienda – incluso cuando disminuir la fuerza policial parecía poco probable al momento que Yee presentó la enmienda. Entonces, seis días después, la policía de Minneapolis asesinó a George Floyd el 25 de mayo.

Norman Yee, presidente de la Junta Directiva

Se ha vuelto una tendencia dominante la idea de quitarle fondos a la policía y reasignar sus recursos a ciudadanos que no porten insignias ni armas ni inmunidad calificada. No obstante, sin la Enmienda al Estatuto propuesta por Yee, los ciudadanos de San Francisco no podrán quitarle gran parte del presupuesto a la policía hasta 2022.

Debido a ello, fue interesante lo que reportó Mission Local el 19 de junio acerca de que Yee estaba atrapado en una ronda de negociaciones con la POA – y, en el Ayuntamiento, se consideró que no era probable que pudiera lograr conseguir la votación de su enmienda antes de la fecha límite del 21 de julio.

La POA, que claramente tiene la intención de evitar que este tema sea votado, está promoviendo rondas de negociación (una tras otra) con el fin de asegurarse justamente de que se evite la votación.

Eso no es una sorpresa, lo que sí sorprende es que el gobierno de la ciudad esté permitiendo que esto suceda.

Mientras que las rondas de negociación son esperadas cuando se discuten temas como las “condiciones laborales “, la legislación de Yee no afecta las condiciones laborales, sino que simplemente permite tomar futuras decisiones que podrían o no repercutir en las condiciones laborales.

Además, si se consideran los fallos de los tribunales tanto en 2017 como en 2018, es difícil entender cómo la legislación de Yee fue sometida a discusión en rondas de negociaciones tan largas y generales – de nuevo, gracias a un sindicato con la intención de alargar el proceso para que venza el plazo inamovible.

En resumen, la POA sigue recibiendo más muestras de deferencia que, según varios de los jueces, ya no debería recibir. Tal vez es que es difícil deshacerse de los viejos hábitos.

Curiosamente, nuestras fuentes nos han indicado que el Fiscal Adjunto de la ciudad, a cargo de dicho asunto, no informó a la oficina de Yee sobre la importancia de los fallos de la corte en la reciente demanda de la POA.

No obstante, el mensaje ya fue recibido, aunque fue gracias a abogados externos familiarizados en la materia. Según no dicen, Yee ahora tiene muchas más esperanzas de que su legislación esté dentro del ámbito de aplicación de la prerrogativa administrativa.

En lugar de desechar esta legislación, parece que Yee está listo para avanzar. En lugar de ser sometida a rondas de negociación de manera indefinida, su legislación está tentativamente programada para ser presentada ante el Comité de Reglas de la Junta de Supervisores el 6 de julio.

La POA siempre se alzará contra el gobierno de la ciudad y gritará “negociemos”. Nuestro gobierno municipal es el que debe acostumbrarse a gritar “¡basta!”.

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