Por RIGOBERTO HERNÁNDEZ

La Junta de Supervisores de San Francisco votó 8 a 3 el día martes para invalidar el veto del alcalde de una ley que debilitaría la política municipal del santuario al denunciar a los menores de edad indocumentados a inmigración.

El rechazo del alcalde Gavin Newsom para hacer valer la ley deja a la junta y al alcalde en un callejón sin salida que sólo se podrá resolver por medio de una acción legal.

La nueva ley establece que los oficiales de libertad provisional para menores de edad deben denunciar a los menores de edad a ICE sólo después que el delito se haya confirmado, una ley que el alcalde le ha pedido al departamento que ignore. Actualmente, los oficiales de libertad provisional denuncian a los menores a ICE en el momento en que los detienen.

“Mi esperanza es que él decida cumplir con su deber como alcalde”, dijo Campos. “Su deber es poner en vigor leyes promulgadas debidamente por la junta”.

Añadió que la junta u otros grupos pueden tomar acción legal contra el alcalde si este no hace valer la ley.

Nathan Ballard, vocero del alcalde, dijo que el Consejero Legal le ha aconsejado al alcalde construir una política que sea “consistente con la política actual”.

Añadió que “cruzaremos el puente cuando tengamos que hacerlo” refiriéndose a una posible demanda.

Campos cuestionó dicha declaración.

“Asegúrese de volver a verificar con el Consejero Legal”, dijo Campos. “Como alcalde, no tiene la autoridad”.

La oficina del consejero legal le envió una carta al Fiscal de los Estados Unidos Joseph Russoniello pidiéndole que le ‘garantizara’ que los empleados municipales no serían perseguidos si siguen la ley actual.

El consejero legal Dennis Herrera discutirá con los políticos otras formas de poner en marcha la  política si Russoniello no ofrece dicha garantía.

Una opción es presentar una ‘reparación judicial declaratoria’ en el tribunal federal. Esta reparación le pide al tribunal que le de a la ciudad una pauta sobre una posible litigación. Esto haría que un tribunal decidiera si la ley es ilegal o no.

“Esta carta es un esfuerzo por parte del consejero legal para obtener más información del gobierno federal”, dijo Campos. “Creo que tiene sentido”.

Añadió que no hay necesidad de ir al tribunal para saber si debe o no promulgarse.

“No creo que está claro si esto es lo que quiere el consejero legal”, dijo Campos. “Mi punto de vista es que el próximo paso debe ser que entre en vigor”.

El jefe del Departamento de Libertad Vigilada de Menores, William Sifferman, dijo que consultaría con diferentes grupos legales para encontrar una política que sea consistente con todas las leyes.

“Voy a estudiar la legislación promulgada por la junta de supervisores en relación a la revisión de la ordenanza de ciudad santuario”, dijo Sifferman. “En los próximos 60 días lo consultaré con la oficina del alcalde, el consejero legal y el consejo legal externo para determinar la respuesta más apropiada del departamento en la medida en que lo permita la ley federal y estatal”.

Por lo menos 160 menores de edad han sido denunciados a ICE, según informes de junio 2009. Abigail Trillin de Servicios Legales para la Infancia dijo que este número puede haber aumentado.

Mission Loc@l informó la semana pasada sobre una familia que se vio afectada por la política actual.

Trillin dijo que han visto 15 clientes adicionales desde junio.

Los supervisores que votaron en contra de la ley fueron Michela Alioto-Pier, Sean Elsnberg y Carmen Chu.