El pasado miércoles, Bob Price estaba de pie ante cientos de personas reunidas en un auditorio en el campus de la Misión de la Universidad Comunitaria con la consigna “¿De quién es la universidad?”
“¡Nuestra!” respondió la gente.
El gran grupo de personal, profesores, alumnos y miembros de la comunidad se reunió para el lanzamiento de la coalición Save City College, una alianza entre el campus y la comunidad en la lucha por evitar que la Universidad Comunitaria cierre.
“Estamos yendo en contra de los planes de grupos muy poderosos y necesitamos que la comunidad tenga éxito”, dijo Price, profesor de química en la Universidad Comunitaria. “Si quieren hacer eso, necesitan un movimiento”.
En un informe de julio, la Comisión de Acreditación para Universidades Comunitarias declaró que la Universidad Comunitaria estaba en peligro de perder la acreditación debido a una mala finanza y administración. La universidad tiene hasta el 15 de marzo para hacer los cambios que la comisión le exige o tendrá que cerrar.
El estado asignó dos rectores interinos externos a la Universidad Comunitaria y un administrador para solucionar las deficiencias que la comisión delimitó. No obstante, las acciones —que incluyen la eliminación de directores de departamentos, recortes a pagos de profesores, y despidos por cese de actividades— han dejado a muchos profesores, personal y alumnos preocupados de que la escuela quede desmantelada.
“Están destruyendo a la Universidad Comunitaria como la conocemos sin la opinión o consentimiento de los profesores, alumnos o comunidad”, dijo Price.
Los profesores, personal y alumnos han estado preocupados en particular por las propuestas de la administración de gastar dinero de la Proposición A en cosas delimitadas en el informe de acreditación. La medida, un impuesto de ocho años de $79 por parcela que se aprobó con el 73 por ciento del voto el pasado noviembre, declaró que los $16 millones de dólares al año en nuevos ingresos se usarían para evitar despidos, recortes a presupuesto y mantener clases en la escuela que ya tiene dificultades económicas.
“Si seguimos con la acreditación, seguiremos abiertos”, le dijo Larry Kamer, asesor y vocero en turno de la Universidad Comunitaria, a Mission Local en diciembre. “Si no, dejaremos de existir”.
No obstante, en la reunión, los profesores permanecieron indignados ante el hecho de que la aprobación de la Proposición A no haya evitado los continuos recortes.
“San Francisco otorgó este regalo del impuesto a parcela a la Universidad Comunitaria y debería haber solventado tan drásticos recortes”, dijo Wendy Kaufmyn, profesora de ingeniería.
El senador estatal de Wisconsin, Spencer Coggs, quien estuvo en la Universidad Comunitaria para dar una conferencia, comparó el movimiento de la Universidad Comunitaria con el movimiento en contra de la propuesta para limitar los derechos de convenio colectivo de los sindicatos que propuso el gobernador de Wisconsin Scott Walker.
Antes de que Coggs se fuera, dirigió a la sala en una consigna: “La gente unida jamás será vencida”.
“Estoy aquí en solidaridad por su causa”, dijo Coggs. “Ustedes en California nos apoyaron en Wisconsin. Nosotros en Wisconsin los apoyamos en California”.
La Coalición Save City College está planeando una acción con todo y un mitin de movilización en masa en el Ayuntamiento el 14 de marzo.
“Prevemos una movilización en masa en el Ayuntamiento para exigir que los funcionarios electos nos ayuden en esta lucha”, dijo Kaufmyn.
Por lo menos un funcionario electo está ya de su parte. Kimberly Alvarenga, directora de distrito del asambleísta estatal de San Francisco, Tom Ammiano, se dirigió al grupo el miércoles pasado al precisar que Ammiano se reunió con la oficina del rector designado por el estado en espera de seguir trabajando en este tema.
“No estaría aquí si no fuera por la Universidad Comunitaria”, dijo Alvarenga, exalumna de la Universidad Comunitaria. “Tom quería que viniera y les dijera que estamos en solidaridad con ustedes”.
Entre las exigencias, la coalición Save City College desea que la universidad permanezca siendo asequible, accesible y democrática; que la administración haga uso del dinero de la Proposición A como se delimita explícitamente en la medida; que la universidad y toda la educación pública se financie con un aumento en los impuestos a los ricos y a las corporaciones; que el proceso de acreditación sea más transparente y democrático; que el ataque a los sindicatos no siga; y que la administración anule los despidos por cese de actividades a profesores.